GONZALO FANJUL SUÁREZ

La inmigración ha entrado en campaña de la peor manera posible. Espoleados por la amenaza de una crisis económica, algunos partidos políticos han empezado a agitar la bandera de los valores y los intereses nacionales, supuestamente amenazados por los extranjeros que han llegado a España durante los últimos años. Sus propuestas no sólo ignoran la realidad de un mundo que es mejor gracias a los emigrantes, sino que establecen un grave precedente al definir ciudadanos de primera y segunda clase: los que estamos sujetos a los derechos y obligaciones que establecen las leyes, y los que deben ganarse ese estatus cumpliendo un indefinible catálogo de costumbres españolas.

En vez de obligar a los inmigrantes a cantar coplas por contrato, quizás los partidos podrían proponer a sus electores medidas sensatas para fomentar una inmigración más beneficiosa para todos. No siempre tendrán la eficacia electoral del populismo, pero sin duda nos ayudarán a construir sociedades mejores tanto en los países de destino como en los países de origen.

Para empezar, podrían comprometerse a incrementar los gastos sociales de acuerdo a las cuantiosas contribuciones fiscales que realizan los inmigrantes, porque no existe medida más integradora que garantizar a todos las condiciones básicas de una vida digna. Sólo en 2005, la contribución neta de los inmigrantes a la economía española fue de 5.000 millones de euros. Achacar a los que vienen de fuera las debilidades del sistema público de protección social es una falsedad irresponsable. El hecho es que las administraciones públicas no han sido capaces de adaptar sus servicios a la nueva envergadura de la sociedad, como muestra el caso de la sanidad. Según un informe elaborado por el Grupo de Trabajo de Análisis del Gasto Sanitario del Ministerio de Sanidad, sólo una quinta parte del incremento del gasto sanitario en las comunidades autónomas (que en ese mismo año 2005 creció un 9%) está relacionado con la atención a los nuevos pacientes. El resto se explica por otras partidas, como el incremento de la remuneración de los profesionales, las inversiones tecnológicas o, simplemente, la mala gestión.

La situación de la sanidad se repite en otras partidas sociales fundamentales, como el número de plazas de guardería. Lo que esto significa es que el gasto público no ha crecido de forma pareja con las necesidades de una población más amplia. El mejor modo de agravar esta situación es empujar al mar a los cientos de miles de nuevos contribuyentes extranjeros, cuyos impuestos y cotizaciones garantizan el futuro de nuestro Estado del Bienestar.

También sería bueno plantearse un cambio en esta política de fronteras de Alicia en el País de las Maravillas, que cierra los ojos ante la realidad y condena a la clandestinidad a cientos de miles de trabajadores extranjeros. A menos que el conjunto de la UE sea capaz de aceptar un sistema más flexible, que permita a los trabajadores circular y adaptarse de manera adecuada a la evolución de los mercados, estaremos condenados a procesos periódicos de regularizaciones. En este asunto, el kafkiano concurso de méritos que propone el Partido Popular no haría más que complicar un sistema asfixiante de concesión de visados que supone una invitación directa a la emigración irregular.

En tercer lugar, es hora de que el Gobierno y la oposición consideren seriamente cuál es la responsabilidad de España en la situación de la que huyen los emigrantes. La intransigencia de nuestros representantes en las negociaciones comerciales con los países africanos (los llamados Acuerdos de Partenariado Económico) constituye un buen ejemplo. Los acuerdos que la Unión Europea trata de imponer, con la complicidad entusiasta de España, amenazan con destruir sectores económicos vulnerables, y forzarán la salida de cientos de miles de africanos cuyas familias carecen de los recursos económicos más básicos. Si de lo que se trata es de cumplir la ley y fomentar los valores occidentales, podríamos empezar por cambiar una actitud que ignora los compromisos realizados por nuestro país ante la comunidad internacional.

Aunque es costumbre española predicar una cosa y hacer la contraria, el doble rasero que estamos demostrando en este asunto va más allá de lo razonable. Sería bueno que el Partido Popular se pensase dos veces la ingrata propuesta que ha planteado, pero lo cierto es que ningún partido ha hecho frente a la cuestión fundamental: el movimiento internacional de trabajadores no sólo es un fenómeno imparable y creciente, sino que constituye un derecho de todos los que aspiran a una vida digna. Regular este derecho de manera justa e inteligente constituirá uno de los grandes retos del siglo que comienza, y exigirá un extraordinario esfuerzo de pedagogía social y de coraje político. Todo lo demás es situarse de espaldas a la Historia.

Gonzalo Fanjul Suárez es coordinador de investigaciones de Intermón Oxfam

Ilustración de Iván Solbes