Antonio Antón
Profesor honorario de Sociología de la universidad Autónoma de Madrid

La imposición por el Eurogrupo a la sociedad griega del memorándum con un nuevo e injusto plan de recortes, así como las respuestas del gobierno de Syriza y el pueblo griego, han mostrado claramente varias enseñanzas para las izquierdas y fuerzas alternativas. La consideración de este retroceso es fundamental para reajustar una estrategia emancipadora de cambio socioeconómico y político-institucional: la naturaleza del poder económico e institucional europeo y mundial (la Troika), y los límites de las fuerzas progresistas griegas y europeas para hacer frente a la tremenda desigualdad de poder y defender las demandas populares. Significa otra etapa en la sinuosa pugna por el cambio social y político en el sur de Europa y en el reajuste de las estrategias, alianzas y ritmos para la reforma progresista de una Europa más social, democrática y solidaria frente a la estrategia liberal-conservadora, regresiva y autoritaria.

Ante el poderío y la prepotencia de las instituciones europeas, dirigidas por el gobierno alemán, y la ofensiva del poder económico y financiero, se han mostrado dos hechos: por un lado, la amplia legitimidad popular de la oposición a la estrategia neoliberal de la austeridad y los recortes sociales; por otro lado, la insuficiencia de los instrumentos democráticos y políticos griegos y la limitada capacidad movilizadora y solidaria del resto de las capas populares del sur (y centro) europeo para superarla en el actual contexto. En Grecia, el valiente desafío de su gobierno democrático y de izquierdas, la fuerte movilización popular contra los retrocesos sociales y la pérdida de derechos y la amplia deslegitimación de los planes europeos de recorte, expresados por la voluntad de cerca del 62% de la ciudadanía griega (el 85% entre los jóvenes) han sido incapaces de echar atrás los planes regresivos del establishment europeo que han redoblado su apuesta destructiva.

Se ha desencadenado una dinámica ambivalente ante un conflicto abierto y frontal. Las fuerzas críticas y de izquierda, el conjunto del pueblo griego, a pesar de su firme voluntad transformadora, han fracasado en el objetivo de impedir la continuidad de la austeridad y la subordinación institucional a la nueva Troika. Han reforzado su dignidad y su cohesión sociopolítica, han salvado la credibilidad popular y la capacidad representativa de la actuación de Syriza y han infringido un fuerte cuestionamiento a la legitimidad social y democrática a las fuerzas liberal-conservadoras y el poder financiero. Pero, han tenido que acatar la aplicación un amplio plan regresivo, injusto e ineficaz, como opción impuesta y menos mala, antes que permitir, dados los escasos recursos disponibles, el sometimiento del pueblo griego a un Grexit impuesto. Ello suponía un mayor ajuste interno y sufrimiento popular y una importante crisis social derivada de la desarticulación socioeconómica, el ahogamiento financiero y la marginación político-institucional, medidas dispuestas a emprender por el Eurogrupo y la Troika.

Esta experiencia ha puesto en evidencia, en primer lugar, la posibilidad o no de la existencia de una fuerza progresista y de izquierdas con responsabilidad institucional en un país débil y periférico ante la fuerte hegemonía del bloque liberal-conservador (con apoyo socialdemócrata) en las instituciones comunitarias y los principales países europeos. La respuesta de la dirección de Syriza, antes del abandono de su responsabilidad institucional hacia una posición exclusivamente de oposición política y de protesta social, ha sido que es posible y positivo continuar su función articuladora y representativa de la ciudadanía con una gestión ambivalente, sometida a la voluntad democrática de la sociedad. Por un lado, aplicar recortes impuestos, y, por otro lado, paliar sus peores consecuencias, preservar condiciones y fuerzas sociales y políticas que permitan revertir esa política regresiva, aumentar su legitimidad ciudadana y sus aliados, dentro del país y en el marco europeo, y apuntar a un cambio de modelo social y productivo, más justo.

En segundo lugar, partiendo del realismo en el análisis de los condicionamientos estructurales y las fuerzas disponibles, han debido redefinir las opciones estratégicas y el camino prolongado y tortuoso a recorrer. Las dos perspectivas existentes son problemáticas y hay que reelaborar otra orientación estratégica.

Primera, el continuismo institucional europeo, dominado por las derechas, con la estrategia de austeridad como consolidación de la subordinación popular, la salida lenta y regresiva de la crisis con retroceso de los derechos sociales y laborales y el refuerzo de la hegemonía del bloque conservador representado por el gobierno de coalición presidido por Merkel, con mayor autoritarismo institucional y debilitamiento de la participación democrática y las dinámicas populares progresistas.

Particularmente, para el sur europeo y en el medio plazo, dado el mayor impacto de la persistencia de la crisis sistémica, es una dinámica insostenible: agrava las brechas sociales, entre el norte y el sur y en el interior de los países, prolonga el bloqueo de la imprescindible modernización económica y productiva, debilita la confianza ciudadana en unas instituciones comunitarias y sistemas políticos que imponen una dinámica regresiva y amenaza la continuidad del euro y la actual configuración de la UE.

El anterior proyecto europeo de mayor integración solidaria, estabilidad política y progreso social, económico y democrático se ha ido agotando. Las políticas neoliberales y autoritarias puestas en marcha que favorecen, sobre todo, a los mercados financieros y las viejas cúpulas económicas y políticas, deterioran la credibilidad social de las instituciones comunitarias. La estrategia liberal-conservadora busca con su ofensiva un reequilibrio del poder en beneficio de los poderosos y el debilitamiento de los componentes sociales y democráticos del modelo europeo hacia una UE más desigual, fragmentada e injusta.

La segunda perspectiva, puesta de manifiesto abiertamente, es la salida forzada de la eurozona o el euro de Grecia (u otros países periféricos). Tiene dos variantes. Una, impuesta por las instituciones europeas, como chantaje del poder establecido, para hacer pasar a los países deudores por un proceso de profunda disciplina socioeconómica que, supuestamente, garantice el pago de la deuda a los acreedores, subordinando el crecimiento económico del propio país y sus derechos democráticos y sociales. Supone un empobrecimiento inmediato para las capas populares, con un probable agravamiento de la crisis social y un mayor control europeo, casi un protectorado, sin superar la dependencia económica e institucional.

Otra variante de la salida del euro sería la voluntaria (y no pactada), con la convergencia de fuerzas radicales y nacionalistas de izquierda y derecha, aunque con objetivos distintos. No se han estudiado detalladamente sus efectos. No obstante, lejos de favorecer un proceso liberador de las cadenas impuestas por la UE y los mercados financieros, la dinámica más probable con el Grexit (deseada por el sector más derechista y conservador del establishment europeo y alemán) sería el aumento de la dependencia y la destrucción económica y productiva, mayor sometimiento popular al poder europeo y mundial, agravamiento de la crisis social y debilitamiento de fuerzas alternativas, aun con mayor soberanía formal y autonomía en algunas áreas menores.

Esta opción de expulsión o salida del euro en un país frágil económicamente, con gran dependencia financiera, comercial y productiva, y débil en su capacidad política y su eficiencia administrativa, no contempla suficientemente la gran dificultad impuesta por los mecanismos de aislamiento político-institucional y la capacidad de desarticulación financiera, económica y social del poder establecido. En Grecia todavía existen la inercia institucional y el impacto social de unas estructuras económicas sin la suficiente modernización, una trayectoria antisocial y corrupta de su oligarquía, una impotencia corporativa de su aparato administrativo y estatal y una configuración de sus viejas élites políticas y económicas, incompetentes, autoritarias y nada patrióticas. Y en la coyuntura de esta última década, el sobredimensionamiento de la deuda pública en euros, derivada, sobre todo, de la socialización impuesta de riesgos y pérdidas del sector financiero alemán y francés, junto con la corrupción de sus élites. Todo ello, tal como sigue temiendo la mayoría del pueblo griego, derivaría en un agravamiento de la crisis social y humanitaria, con mayor dependencia exterior.

Por otro lado, esta posición sobrevalora las capacidades internas de la sociedad griega y su articulación política para soportar el aislamiento internacional y el boicot de sus élites económicas y burocráticas y poder avanzar en esa solución autónoma. Embellece la disponibilidad y la cohesión del pueblo griego para iniciar un camino, según la opinión mayoritaria, con mayores riesgos que oportunidades. Así, los partidarios de esta opción interpretan arbitrariamente que el casi 62% del NO en el referéndum, que a propuesta del gobierno rechazó el plan inicial del Eurogrupo, podría apoyar esa opción rupturista, y el impedimento sería la ‘traición’ del grupo dirigente de Syriza.

No obstante, esa oposición popular mayoritaria a los planes de recorte, expresada en el referéndum, no significa mecánicamente el apoyo ciudadano a esta opción de sangre, sudor y lágrimas, de futuro incierto y enfrentada a la izquierda gobernante. Al contrario, más de dos tercios de la población siguen pronunciándose contra la salida del euro. Una parte de ellos, la base social de la derecha, respalda el plan europeo. Pero la mayoría, la base social de Syriza, ven injustos los recortes, consideran necesario arbitrar mecanismos para suavizar su aplicación y neutralizar sus peores efectos sociales, incluso organizar la resistencia social contra ellos hasta conseguir su derogación; pero combinan esa actitud con la aceptación de que, en el contexto actual, son de obligado acatamiento institucional... hasta que sea posible darles la vuelta.

Esa amplia actitud ambivalente es, al mismo tiempo, realista y transformadora, de reafirmación en la justicia social, la democracia y la capacidad de cambio. Frena la simple adaptación al marco impuesto o la colaboración activa con la involución socioeconómica y política y también evita la frustración y el derrotismo. Es significativa la existencia de esa amplia conciencia social. Constituye la fuente de legitimidad del gobierno de Tsipras y afianza los fundamentos de su nuevo programa para las elecciones generales: impedir una gestión institucional más estricta y autoritaria por parte de la derecha griega; evitar la consolidación de una oligarquía reaccionaria y corrupta, responsable del atraso, la dependencia y la desigualdad de sus estructuras económicas; oponerse con firmeza a la aplicación más regresiva del memorándum europeo; arbitrar la reestructuración y la quita  de la insostenible deuda pública (por cierto, aceptada en un 20% por los organismos internacionales para Ucrania); habilitar un programa de emergencia social, y ampliar su propia base social y promover una dinámica de cambio político e institucional en la eurozona, particularmente en el sur, que fuerce el abandono de la austeridad y este tipo de rescates regresivos.