El derecho a la vivienda sigue en entredicho. Las organizaciones sociales que emergieron con las cenizas de la burbuja inmobiliaria española a principios de la década, deben seguir luchando por sus derechos, y los del resto de la población, a acceder a una vivienda digna a un precio razonable. Estos movimientos, que comenzaron poniendo la atención en las hipotecas de viviendas de compra deben hacerlo ahora en los precios del alquiler en las ciudades.

La Plataforma de Afectados y Afectadas por las Hipotecas y los recientes Sindicatos de Inquilinos e Inquilinas han marcado una parte importante de la agenda política española de los últimos diez años. Desde fuera de las instituciones públicas han visibilizado un problema y una parte de la población olvidados, han generado una serie de consensos sociales alrededor de este derecho, han contribuido definitivamente a la creación de una conciencia social, e incluso de clase, y han conseguido influir determinantemente en la modificación de parte de la legislación.

Se puede decir que las consecuencias sociales y políticas de este movimiento han ido más allá de los márgenes del sector inmobiliario. Por una parte, algunos de sus miembros tienen ahora responsabilidades institucionales en gobiernos municipales, en parlamentos autonómicos o en el parlamento del Estado, abarcando ámbitos mucho más amplios e influyendo en las políticas públicas. Y por otra parte, este movimiento por la vivienda ha contribuido a diluir en algunos aspectos el avance de posiciones ultraderechistas en nuestro país que, sin embargo, se están convirtiendo en una grave amenaza en el conjunto del continente europeo.

En otros puntos de Europa han comenzado ya a sufrir problemas similares de acceso a la vivienda de la población más vulnerable. En Grecia, como consecuencia del empeoramiento de las condiciones de vida derivadas del programa de la Troika, están aumentando las ejecuciones hipotecarias. A partir de 2016 emergió un movimiento en oposición al sistema de subastas de propiedades con hipotecas ejecutadas, para evitar que las personas se queden sin casas. El movimiento logró ralentizar significativamente todo el proceso de ventas de viviendas. Ante estas protestas populares contra las subastas, el gobierno lanzó una plataforma electrónica para evitar que fueran interrumpidas. Además, promulgó una enmienda en diciembre de 2017 para sancionar las acciones que tuvieran como objetivo evitar las subastas de propiedades ejecutadas, con penas que varían de tres a seis meses de prisión (ver aquí).

Sobre estas bases el Departamento de Protección del Estado y de la Política Democrática, que depende del Ministro de Orden Público, ha iniciado en los últimos meses procesos judiciales contra activistas de estos movimientos por su participación en acciones de protesta contra las subastas. En todo el país, más de treinta activistas contra las ejecuciones hipotecarias y ventas de viviendas en subastas se enfrentan a cargos. Entre ellos el líder del partido de izquierdas Unidad Popular por el que piden nueve años de cárcel. Es la primera vez desde la caída de la dictadura de los Coroneles en 1974 que un dirigente político de la izquierda es perseguido por su acción política. Por contra, este Departamento de Protección del Estado, que en teoría debe ocuparse de amenazas como el terrorismo y otras actividades contra la democracia, no ha emprendido desde su creación en el año 2000 ninguna acción contra partidos o grupos fascistas, como por ejemplo el neonazi Amanecer Dorado.

La represión en Grecia está teniendo repercusión mediática internacional (ver aquí) llegando incluso a EEUU (ver aquí) y China (ver aquí), que observan con asombro el deterioro de la convivencia en Europa. Ante este panorama se ha iniciado una campaña internacional de solidaridad para reclamar la retirada de los cargos judiciales contra los activistas en favor del derecho a la vivienda y el cese de la persecución a los activistas que se oponen a la austeridad aplicada en Grecia. La democracia europea no puede permitirse bajo ninguna condición dar pasos atrás en la garantía del derecho a la vivienda, y en la lucha contra la represión y el fascismo.