Somos el quinto país más rico de la Unión Europea pero también el quinto en el que un porcentaje mayor de hogares vive por debajo del umbral de la pobreza: nada menos que prácticamente 10 millones de personas, incluidas las que malviven en esos prácticamente 600.000 hogares que no ingresan nada de nada. No sólo el porcentaje de familias pobres es muy alto, es que además su pobreza es dramáticamente aguda. La distancia que separa al 10% más pobre de los hogares españoles de los ingresos de una familia media es tal, les hemos dejado tan atrás, que sólo hay otros dos países dentro de la OCDE donde los que están a la cola están más rezagados que en nuestro país: EEUU y Costa Rica.

En estos tiempos de incertidumbre electoral en los que la demoscopia está que arde, resulta interesante saber que los votos de los adultos pobres que viven en nuestro país equivaldrían (usando el número de votos medio que costó cada escaño en las últimas elecciones generales) a 104 diputados y diputadas; un buen pellizco que bien vale una presidencia. Sin embargo y lamentablemente, reducir la desigualdad desbocada en España por ese "dejar atrás" a los más pobres no aparece en los debates con la relevancia que la magnitud del problema requeriría.

La pobreza no es un mal apriorístico y natural contra el que no se pueda hacer nada. Es más, desde un punto de vista de políticas públicas, no hace falta innovar demasiado o inventarse nada: otros países de nuestro entorno reducen la pobreza a la mitad gracias a sus sistemas de protección social contra la pobreza. ¿Por qué no, simplemente, andar el camino que ellos ya han andado y poner en marcha un verdadero sistema de garantía de rentas que asegure una última red de protección cuando ha fallado todo lo demás, que transfiera a las familias los ingresos necesarios para dejar atrás la pobreza?

Nuestro actual sistema de protección social de lucha contra la pobreza está constituido por un sinfín ayudas dispersas entre distintas administraciones y territorios, altamente condicionadas, muy poco generosas, blindadas para muchas familias por su complejidad burocrática y de muy poca cobertura. Ordenar estas ayudas, ampliar el número de hogares que las recibe e incrementar su cuantía es una tarea pendiente para quien sea que vaya a dirigir el país en la siguiente Legislatura.

Habrá quién ante esta propuesta se lleve las manos a la cabeza y exclame alarmado "vaya desfachatez, dar dinero a cambio de nada, una opción radical propia de otro tipo de estados". Nada más lejos de la realidad, no es radical, es lo europeamente común: España es el único país de los 28 que carece un sistema de garantía de rentas que haga las veces de última red de protección.

Durante la pasada crisis una de cada seis familias de clase media cayó en la pobreza y, a juzgar por lo poco que hemos reducido la misma desde que se inició la recuperación, muchos siguen allí. La vida es tremendamente larga y establecer un mecanismo que permita recatarles hoy a ellos, es contar con un sistema que nos permita cuidarnos los unos a los otros mañana y hacer posible que, en alguna otra crisis, los hogares protegidos y rescatados de la miseria sean los nuestros.

Somos un país rico en el siglo XXI. Es de recibo. Es justo. Es posible y ya toca.