Hace unas semanas, me tocó ver en directo cómo un niño de unos ocho años salía del Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Pontevedra llorando a lágrima viva, mientras se agarraba a la pierna de su madre con desesperación y hundía la cabeza en su vientre suplicándole que no lo volviese a dejar allí. No sé cuánto tiempo llevaban sin verse, pero supongo que madre e hijo estaban siendo víctimas de una de esas sentencias con las que las instituciones pretenden, a la fuerza, establecer un entrañable marco familiar entre niños y progenitores hombres que han decidido preocuparse por ellos justo después de la separación con sus madres, y nunca antes. Porque qué maravilloso sería tener los juzgados llenos de padres demandando a sus empresas para reclamar justas reducciones de jornada y permisos por cuidados que les permitiesen encargarse de los hijos full time propiciando, ya de paso, que las mujeres tuviesen un poquito más de tiempo. La escena sucedía paralelamente a la concentración en apoyo a una madre de Pontevedra que ha perdido la patria potestad de su hija de 10 años a causa de una auto judicial rocambolesco que ha dispuesto apartar a la criatura de su progenitora y de todo su entorno conocido, e ingresarla en un centro de menores tutelado por la Xunta de Galicia en base a varios informes emitidos por el PEF y a un informe del equipo Psicosocial que destilan Síndrome de Alienación Parental y que culpan a la madre de imposibilitar la realización del régimen de custodia compartida. En aquel momento, madre e hija llevaban más de 20 días sin verse ni mantener ningún tipo de contacto, en el Día de la Madre ya son más de 50 los días que esta mujer lleva sin saber absolutamente nada de su hija.

Yo no pude evitar llorar al ver a aquel niño abrazado a su madre, y también lloré al pensar en lo poquísimo que valoran las instituciones el derecho de los menores a decidir por quién quieren ser cuidados. Porque para ver hasta qué punto los niños son sometidos a condiciones que ningún adulto aceptaría, no hay más que leer el auto de medidas cautelares impuesto a esta madre de Pontevedra que hasta noviembre de 2023 ejerció la custodia en solitario, momento en el que se estableció el régimen compartido, previa demanda por la pensión alimenticia al padre. En base a un informe del Equipo Psicosocial del 22 de febrero de 2024 el juzgado acordó suspender la patria potestad y todo contacto entre la menor y su progenitora para atribuirle exclusivamente la guardia y custodia a un padre con el que la menor y, según el propio auto, no ha querido irse nunca. Para adaptar a la niña a tan excelente plan, el auto también impuso el internamiento de la niña en un centro de Menores "a fin de que, previa evaluación por el Equipo Técnico correspondiente se establezca, según lo precise el interés de la menor, el tratamiento o terapia adecuado para normalizar la relación paternofilial entre ella y su progenitor" y "estabilizarla emocionalmente" ¿Alguien podría explicarme qué base científica tiene una terapia que pretende acercar a una hija a su padre privándola de su madre? ¿Algún profesional podría aclararme qué beneficios reporta a una criatura ser separada de su principal figura de apego, aislarla en un centro de menores y obligarla -terapia mediante- a establecer un vínculo con una persona ausente durante, al menos, los seis primeros años de su vida? ¿Acaso no se podría haber hecho cumplir una custodia compartida de una manera más progresiva, menos cruel y más humana para madre e hija? En España, una persona encarcelada tiene, como mínimo, cinco llamadas a la semana para comunicarse con sus familiares: esta madre y su hija no han podido hablar ni un solo minuto desde hace casi dos meses.

La situación de indefensión que denuncia la madre es total ya que, ni ha tenido oportunidad de defenderse de las acusaciones de las técnicas responsables de los informes que han desencadenado esta medida, ni ha llegado siquiera a ser apercibida económicamente por los supuesto incumplimientos. Por no hablar de que la opinión manifestada de su hija no se ha tenido en cuenta, tal y como señala su abogado en el recurso de apelación. La desproporcionalidad de la medida es tal que, según denuncian en el recurso, la niña fue recogida en el colegio y llevada por personal de Menores a una institución de acogida en otra ciudad, sin avisar ni a su propia madre ni a nadie de la familia, que solo fueron conscientes de que se la habían llevado cuando regresaron al colegio a recogerla. Mi pasmo es tan grande que solo me cabe seguir haciéndome preguntas para no calificar esto directamente, de secuestro institucional. ¿Cómo se supone que van a suprimir el sentimiento de abandono de una niña que fue recogida en la puerta del colegio por los servicios sociales y que no ha vuelto a saber nada de su madre desde entonces? ¿Cómo van a compensar el sufrimiento de la madre? Por si fuera poco, el informe que propició dicho auto también señalaba que la niña estaría sin contacto con su madre durante tres semanas, después de lo cual se emitiría un nuevo informe de valoración y se irían reestableciendo los contactos. Sin embargo, transcurridas cinco semanas, ni hay informe, ni hay contacto alguno, lo que supondría una infracción de los preceptos que regulan las relaciones maternofiliales y los derechos fundamentales de los niños recogidos en el Estatuto del Menor y en la Carta de Derechos de Protección a la Infancia.

Llevo años escuchando testimonios de mujeres que han sido sometidas a custodias compartidas impuestas y a arrancamientos de menores vía judicial, y si hay una cosa que se repite una y otra vez en muchos informes de los servicios psicosociales y los Puntos de Encuentro, es la pretensión de que las mujeres olviden, de golpe y plumazo, todo el daño que sus exparejas hayan podido causarles y se conviertan en seres de luz dispuestos a poner todo de su parte para que el padre tenga una feliz y fructífera relación con sus hijos. Sin embargo, muchos de estos análisis técnicos aparentemente imparciales esconden una lectura absolutamente patriarcal, porque no puede haber imparcialidad cuando se parte de la absoluta desigualdad de condiciones. Un padre y una madre no son lo mismo, y para entenderlo podemos recurrir a la biología y a todas las estadísticas oficiales que una y otra vez confirman el desequilibrio de la participación de hombres y mujeres en los cuidados y la imposible conciliación que a día de hoy siguen padeciendo las mujeres. Se olvida que la mayor parte de estas madres han ejercido la crianza en solitario durante varios años (con la consiguiente penalización laboral y social), se olvidan las ausencias paternas de sus obligaciones durante la relación, y se olvidan los impagos, porque para los juzgadores el conflicto empieza el mismo día que un señor pone una demanda solicitando la custodia compartida ¿Acaso es justo que tengan los mismos derechos quiénes nunca han tenido las mismas obligaciones?

Se da en muchas de ellas, además, una sensación de indefensión y de desconfianza hacia la justicia, ya que al pretender legislar sobre un reparto aritmético (algo absurdo en una situación de desigualdad estructural) se acaba legislando el privilegio de unos sobre las otras. El privilegio a aparecer en la vida de los niños cómo y cuándo les plazca, el privilegio a imponer nuevas condiciones de vida no solo a sus hijos e hijas, sino -y por extensión-, a las madres de estos. Privilegio a tener la oportunidad de mantener a sus exs en vilo durante días y semanas enteras, a castigarlas con incomunicaciones reiteradas, y a usar a los niños como un trofeo sobre el que emplazar su supuesto rol de hombres decentes. Porque las mujeres no somos idiotas ni somos masocas y no creo que haya alguna que no esté deseando compartir los cuidados, pero las custodias impuestas obvian, precisamente, que las que llegan a ellas son también víctimas de violencias sutiles que cuentan con muchísimos cómplices fuera y dentro de las instituciones y que pueden acabar, incluso, con pseudoterapias de desintoxicación hacia las madres.

No deja de sorprenderme que, al mismo tiempo que nos machacan la cabeza con campañas mediáticas para que nos alejemos de relaciones tóxicas y no nos quedemos en donde nos hacen daño a pesar de tener niños (y precisamente por su bien), a las mujeres se nos penaliza enormemente si osamos quejarnos del ex delante de la administración. Por eso, cada vez más madres me comentan que van absolutamente cagadas de miedo a los puntos de encuentro, lugares que lejos ejercer una función de protección, se acaban convirtiendo en demasiadas ocasiones en puntos de tortura institucional para menores y madres. ¿Algún día se actualizarán o revisarán los protocolos que siguen estas instituciones o las mujeres vamos a tener que seguir yendo a todas partes con la cabeza gacha y la boca sellada?