PASCUAL SERRANO
Dos asuntos han protagonizado la actualidad informativa y el debate político durante los últimos días: la muerte de un preso cubano en huelga de hambre y el auto de un juez de la Audiencia Nacional implicando al Gobierno venezolano con el terrorismo. Es evidente que se trata de temas claramente alejados de la vida cotidiana de los españoles y que cualquier criterio mínimamente serio de valoración de la actualidad los ubicaría en segundo plano. Hemos comprobado cómo estas dos noticias han desplazado de la actualidad no solamente el debate sobre la crisis económica, sino también a terremotos con cientos de muertos en Haití y Chile. Mientras aquí todo giraba en torno al deceso cubano y la acusación contra Chávez, en Colombia se descubrió la mayor fosa clandestina de la historia latinoamericana (2.000 cadáveres) y los paramilitares admitieron haber asesinado a 30.000 personas, cifra que la fiscalía estimó en al menos 120.000. En México, las decapitaciones y matanzas de jóvenes por el crimen organizado están a la orden del día y en Honduras el goteo de líderes sociales asesinados no cesa: ya van por más de un centenar desde el golpe de Estado. Igualmente las masacres de civiles en Afganistán e Irak no despiertan comentario alguno en los debates políticos.
Como señalaba José Steinsleger en el diario mexicano La Jornada, “de las tragedias acontecidas en el primer bimestre del año en curso, ninguna más ruidosa que la muerte por inanición voluntaria del ciudadano cubano Orlando Zapata Tamayo, preso político, de conciencia, disidente, opositor, delincuente común”. El analista francés Salim Lamrani se permitía recordar que, en Francia, entre el 1 de enero y el 24 de febrero de 2010, hubo 22 suicidios en prisión, entre ellos el de un adolescente de 16 años. Un dato al que nadie ha dado la más mínima importancia.
El caso de la acusación del juez Eloy Velasco contra Remedios García Albert y el Gobierno de Venezuela es un claro ejemplo de prostitución de la instrucción judicial con alevosía mediática con fines de agresión política. Un auto que por ley debería ser secreto se filtra a los medios para presentar a una ciudadana como cómplice de ETA y miembro de las FARC, ambas cuestiones discutibles si seguimos defendiendo el principio de la presunción de inocencia. Como ha recordado su abogado, siete meses después del procedimiento no ha sido citada judicialmente y en las fechas en que juez y prensa afirman que se encontraba nada menos que organizando un curso de explosivos de ETA a las FARC en la selva colombiana, veraneaba en la costa española.
En realidad, Remedios García sólo es un daño colateral en los ataques contra el Gobierno venezolano, pero el atropello es sólo una muestra de la vileza y miseria que domina la agenda informativa y el debate político español. En cuanto a la implicación del Gobierno venezolano, según el auto judicial, se fundamenta –es un decir– en declaraciones de testigos sin identificar, pero no se concreta exactamente qué es lo que dijeron, y en un ciudadano vasco que reside en Venezuela, cuya relación con el Gobierno de ese país se establece porque está casado con una ciudadana venezolana que es funcionaria pública. Todo ello sin olvidar que el juez que firma y, al parecer, filtra autos en los medios de comunicación, durante ocho años estuvo al servicio del Partido Popular de la Generalitat Valenciana como director general de Justicia.
Si los asuntos que golpean a los gobiernos de Cuba y Venezuela han logrado este protagonismo en la agenda informativa y política de nuestro país es porque se han dado dos circunstancias curiosas. Por un lado, su uso por parte de políticos y líderes de opinión de la derecha (y ultraderecha) para embestir contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero y, por otro, una implicación ya habitual de los medios en todo suceso que pueda servir para desprestigiar a los gobiernos venezolano, cubano y cualquier otro latinoamericano que muestre independencia y soberanía frente a las políticas neoliberales.
La presión es tanta que cualquiera que no se sume a la indignación por la muerte voluntaria de un preso que los servicios médicos del Estado cubano hicieron todo lo posible por evitar o a la ola de criminalización de todo a lo que se le cuelgue la etiqueta de terrorista, se convierte en enemigo público y cómplice de dictaduras y terrorismos. Basta observar el linchamiento al que se ha sometido al actor Willy Toledo sólo porque, tras expresar su dolor y condena por la muerte de Orlando Zapata, entre la versión mediática de que el huelguista era un preso político y la versión del Gobierno cubano de que se trataba de un delincuente común, optó por la segunda.
Lo preocupante de todo ello es que se desarrolla en una dinámica judicial que en Madrid procesa a los jueces que investigan los crímenes del franquismo en un país donde los asesinos de la dictadura dan nombre a las vías públicas. Y, mientras tanto, en la Comunidad Valenciana se archiva la causa contra Francisco Camps obviando informes de la Fiscalía Anticorrupción y de la policía y se abren diligencias penales contra una diputada de Izquierda Unida que difunde unas pegatinas pidiendo prisión para Carlos Fabra, el presidente de la Diputación de Castellón cuyos procesos por tráfico de influencias y delito fiscal llevan siete años y nueve jueces paseando por los tribunales.
La conclusión no puede ser más preocupante, asistimos al acoso y sitio de medios de comunicación y sectores de la judicatura a gobiernos y ciudadanos que no forman parte de su ideario, mientras la impunidad se instala para otros. Para ello arrollan presunciones de inocencia en acusados de terrorismo, criterios de rigor periodístico y principios de relaciones respetuosas con países amigos. No podemos permitir que este funcionamiento continúe para conseguir munición en la reyerta política española.
Pascual Serrano es periodista. Su último libro es ‘Desinformación’
Ilustración de Javier Olivares
ISAÍAS RODRÍGUEZ
Todo iba lento y el futuro llegó deprisa. Los cambios aparecieron y, como leyes ciegas, nada impidió que los hechos ocurrieran. Un nuevo concepto de integración se instaló en la región latina del continente. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América y del Caribe nació como respuesta al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y para no reeditar el pasado. Nueve países se asociaron para construir un nuevo eje geopolítico. Dejó de ser alternativa para convertirse en alianza de voluntades emergentes. La solidez del espacio conquistado empezó a verse con precaución y la guerra relámpago apareció.
Honduras, uno de los últimos países integrados en la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) fue objeto de un golpe militar donde cada vez está más clara la participación norteamericana. La ofensiva imperial ha desafiado la paz de nuestro continente con la instalación de siete bases militares en la hermana Colombia. Nuestra propuesta para construir consensos, erradicar pobreza, protegernos contra los cambios climáticos, corregir desigualdades sociales y profundizar la soberanía y dignidad de la integración latinoamericana parece haber chocado contra ese muro que Noam Chomsky ha llamado “seguridad preventiva de EEUU”.
La base de Palanquero ha pasado a ser esencial para los norteamericanos. El Comando Sur oteó allí “una oportunidad única” para enfrentar una supuesta “subregión crítica”. La Fuerza Aérea estadounidense ha explicado al Senado de su país que la estabilidad de su nación está sometida a la amenaza constante de la pobreza, la narco-insurgencia, los desastres naturales y “los gobiernos anti-norteamericanos”. El mismo informe solicita al Senado 43 millones de dólares con el fin de acondicionar Palanquero para realizar desde allí operaciones de presencia y seguridad norteamericana.
Ante estos hechos, nos sorprende que una periodista nos pregunte: embajador, ¿de cuál guerra habla el presidente Chávez? Le respondemos que hay desinformación y sesgos en algunos titulares y que el mandatario venezolano no ha proferido, ni ahora ni antes, declaración de guerra alguna y que nos preocupa la manera como se manipulan las palabras de un jefe de Estado. Le recordamos lo que verdaderamente ha dicho: “Hay que prepararse para la guerra”, y agregamos que el sacerdote Miguel D’Escoto, ex presidente de la ONU, repitió e hizo suya la declaración del presidente Chávez, declaración legítima y formulada con carácter total y absolutamente preventivo.
El sociólogo mexicano-alemán Heinz Dieterich sostiene que “de facto existe una guerra contra la nueva manera de integrarse”. Se teme una integración que aspira a una agenda económica soberana, sin tutela ni influencia de organismos económicos internacionales. Mercenarios de la comunicación aterrorizan y desarrollan acciones bélicas no sobre espacios físicos, sino sobre la mente de las personas. Es un plan intimidatorio para tratar de evitar que la mayor parte de los latinoamericanos llegue a creer que otro mundo es posible. Tal vez por ello, no sólo la periodista sino cualquier lector envenenado es capaz de preguntar: ¿cuál guerra…? Y (sin dejarse notar) la campaña implacable apunta, dispara, descalifica y desprestigia. Olvidan que fue Ernesto Samper, ex presidente colombiano, quien, a raíz del acuerdo entre su país y EEUU, acusó de “preguerra” las relaciones de Colombia con Venezuela. Olvidan que ha sido el propio Consejo de Estado del hermano país el que ha denunciado, en perjuicio de Bogotá, la desigualdad del convenio con el cual se instalaron las siete bases militares.
Con siglas en inglés, PSYOP, un mecanismo mediático instalado para operaciones psicológicas contra Venezuela, dispone de un equipo contratado para desarrollar conflictos de cuarta generación. ¿Cuál guerra, embajador? En efecto, no se ve; es invisible, pero sus objetivos están perfectamente planificados. Son sucias las matrices de opinión que entre sí se replican los medios comprometidos en esta campaña de descrédito. Es feroz la estrategia puesta en práctica contra un país para descalificar a su gobierno y a sus gobernantes. Un arsenal de palabras “bien asesoradas” ha sustituido por ahora a los ejércitos.
Venezuela ha sido totalmente contundente y coherente al negar “iniciativas” para cualquier choque armado, pero de poco vale que el presidente y el país nieguen el conflicto bélico. Artimañas mediáticas convierten pasarelas artesanales en puentes y la destrucción de las mismas son señales de agresión. No hay una sola palabra que recuerde cuántas veces antes se ha hecho lo mismo para evitar el paso ilegal de las drogas y el contrabando desde Colombia. Las grandes agencias de noticias muestran en negativo informaciones sin autoría ni procedencia. Está reciente aún el llamado de nuestra Cancillería a la UE para exhortar a la paz y a la estabilidad en la región. Sin embargo, PSYOP continúa su tarea. Ejércitos mediáticos distorsionan la realidad.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe resaltó que en 2008 la pobreza en Venezuela disminuyó respecto a 2007. El Latino-barómetro nos ubica como el primer país donde “lo más efectivo para cambiar las cosas es votar (80%)”. Asimismo, nos asigna el primer lugar en equidad social. Venezuela es el país en América Latina que en democracia está en el primer lugar respecto a la disminución de sus desigualdades sociales. Entre 30 países, la misión destinada a incorporar a los excluidos de la educación universitaria ha sido reconocida por la Unesco como el mejor programa de América Latina. La Unión Latina, organización internacional que difunde la identidad del mundo latino, nos señala con el índice de inclusión educativa más alto del continente.
Ninguna de estas cifras las vamos a arriesgar en una guerra, excepto que sea para defenderlas y para defender una soberanía que está hecha de pueblo y dignidad.
Isaías Rodríguez es embajador de la República Bolivariana de Venezuela en España
Ilustración de Javier Olivares
Vicenç Navarro
Uno de los mayores problemas que tiene la democracia española es la muy limitada diversidad ideológica que existe en los medios de información de mayor tiraje del país. Y ello es fácil de demostrar. Si miramos, por ejemplo, el número de artículos críticos hacia el presidente Chávez y su Gobierno en Venezuela que se han escrito en los últimos doce meses en los cinco diarios de mayor difusión en España, vemos que se han publicado nada menos que 72. Si buscamos, en cambio, artículos favorables al presidente Chávez o a su Gobierno, no encontrarán ni uno (sí, leen bien, ni uno). Esta falta de diversidad contrasta con la existente en el país criticado –Venezuela–, donde pueden leerse, en la prensa venezolana de mayor tiraje, artículos críticos del presidente y de su Gobierno, así como artículos favorables. Lo mismo ocurre en los medios televisivos. En realidad es mucho más fácil encontrar artículos críticos sobre Chávez en los mayores medios venezolanos, que favorables a tal dirigente venezolano en los medios de mayor difusión en España. De tal hecho, fácilmente contrastable, puede deducirse que hay mayor diversidad ideológica y libertad de prensa en Venezuela que en España. Por mera coherencia ideológica, uno esperaría que las mismas voces liberales que están alarmadas por lo que consideran como un peligro para la democracia venezolana –la disminución de voces críticas en aquel país– estarían escribiendo artículos críticos de la extraordinaria limitación a la diversidad ideológica que existe en España. Pues no, permanecen callados. En realidad, son los mismos autores y editorialistas que denuncian alarmados la situación de Venezuela (preocupados por las limitaciones democráticas en los medios de aquel país), los que son responsables de la falta de diversidad ideológica en el nuestro. La doble moral de aquellos medios, en su supuesto compromiso con la libertad de expresión, es notoria y fácilmente demostrable.
Este asfixiante sesgo de aquellos medios de información y persuasión liberales tiene dos consecuencias. Una de ellas es que constantemente se está proveyendo opinión como si fuera información, la cual se convierte rápidamente en la sabiduría convencional del momento, al no poder ser contrastada con puntos críticos, que son excluidos de tales medios. Así, el colaborador de El País Antonio Elorza escribía un artículo titulado “Eclipse de la democracia” (27-02-09) en el que, además de homologar a Hugo Chávez y a Evo Morales con Berlusconi, señalaba “el caos de la política económica llevada a cabo por el Gobierno de Chávez” sin citar ningún dato o referencia que avalara tal conclusión. En realidad, la evidencia empírica publicada por instituciones que gozan de alta credibilidad como el prestigioso Center for Economic and Policy Research de Washington, o la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, no apoyan tal opinión. El Gobierno de Chávez ha sido uno de los pocos gobiernos que ha conseguido sobrepasar el objetivo del programa de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (de reducir la pobreza extrema a la mitad), disminuyéndola de un 25% de la población en el año 2003 a un 7,6% en 2007. Ha sido también uno de los países de América Latina que: 1) ha reducido más las desigualdades y el desempleo; 2) ha incrementado más el número de beneficiarios de la Seguridad Social, doblándolo; 3) ha reducido su deuda pública más extensamente, pasando de un 30% del PIB a un 14%; y 4) ha tenido un mayor crecimiento económico, una tasa promedio del 10,4% durante los últimos 20 trimestres, habiendo aumentado su PIB de 99.000 millones de dólares en 1999 a 227.000 en 2007.
Ninguno de estos datos ha aparecido en aquellos medios, donde la demonización de Chávez es una constante. De ahí la sorprendente noticia de que, según una encuesta reciente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Chávez es el dirigente internacional menos valorado por la población en España, menos incluso que el presidente Bush de EEUU, valoración negativa que fue ampliamente citada por tales medios. No se citó, en cambio, que según la misma encuesta realizada en la mayoría de países de América Latina, la población venezolana era la que indicaba, en mayores porcentajes en aquel continente, que “su Gobierno actuaba para el bien de la población”, y que expresaba mayor satisfacción con la situación económica y social del país. Y era el segundo país de América Latina que creía que “la democracia funcionaba bien en su país”.
Tal negativismo hacia Chávez contrasta con el positivismo hacia el presidente Uribe de Colombia, uno de los gobiernos de América Latina donde los derechos humanos son más vulnerados. El Gobierno utiliza su campaña contra la guerrilla para reprimir a las fuerzas de izquierda, incluyendo partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales que no tienen ninguna relación con la guerrilla. El 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo lo han sido en Colombia, tal como documentó la Confederación Sindical Internacional el pasado 10 de Junio en París. Sólo en 2008 fueron asesinados 46 dirigentes sindicales. La conexión entre el Gobierno y los paramilitares es bien conocida y documentada, siendo estos últimos conocidos por su campaña de terror contra las fuerzas progresistas. Muy pocas de estas noticias han aparecido en aquellos medios.
Una última observación. Este artículo no es sobre Chávez o sobre Uribe. No es mi objetivo ni defender a Chávez (con quien tengo acuerdos y también muchos desacuerdos) ni denunciar a Uribe (labor que otros han hecho, más elocuentemente de lo que yo pueda hacerlo). Este artículo es sobre la falta de diversidad ideológica en los medios mayoritarios de nuestro país, que debiera ofender a cualquier persona demócrata que, independientemente de sus simpatías o antipatías hacia aquellos dirigentes, debiera
preocuparle lo que está ocurriendo en aquellos medios, que son más de persuasión que de información.
Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
y profesor de ‘Policy Studies’ en The Johns Hopkins University
Ilustración de Patrick Thomas
PASCUAL SERRANO
El pasado 15 de febrero los venezolanos volvieron a mostrar su apoyo al presidente Hugo Chávez al apoyar mayoritariamente la enmienda constitucional que acaba con la limitación a dos legislaturas para ejercer los cargos de gobernador, parlamentario o presidente de la República. De esta forma, Chávez podrá ser candidato presidencial en 2012, año en que termina la actual legislatura.
Como se recordará, los partidarios del Gobierno perdieron en diciembre de 2007 el referéndum para la reforma constitucional en el que se incluía también la eliminación del límite de legislaturas para el cargo de presidente, junto a otras 68 reformas de artículos. De los 4.379.392 votos (49,29%) que entonces apoyaron la reforma constitucional, se ha pasado a 6.003.594 (54,36%) en la votación de la enmienda. Mientras tanto, los votos negativos también aumentaron de 4.504.354 (50,7%) a 5.040.082 (45,63%), pero ahora han quedado en minoría. Quienes interpretaron que aquel referéndum inauguraba el declive del chavismo han visto frustradas sus expectativas.
La primera incógnita que debe resolverse es por qué los partidarios del Gobierno perdieron el referéndum de 2007 y, en cambio, ahora han logrado una holgada victoria con casi nueve puntos de ventaja. Un dato a tener en cuenta es que la superación de aquella derrota se produjo en las regionales de noviembre de 2008, puesto que los candidatos progubernamentales lograron un millón de votos más que los opositores. En Venezuela ya casi todos los análisis coinciden en las razones de la derrota de 2007: demasiados cambios en la Constitución que no eran comprensibles o viables, una campaña dominada por el conflicto con Colombia y la iniciativa de Chávez a dedicarse a la liberación de prisioneros de las FARC en lugar de atender la política nacional. A todo ello hay que añadir que ahora no sólo se planteaba la postulación sin límites de legislaturas para el cargo de presidente, sino también para gobernadores y diputados, lo cual es más coherente desde el punto de vista político.
La conclusión evidente es que, a pesar de todas las deficiencias y errores del proceso venezolano, apenas existe desgaste del presidente; obsérvese que ha conseguido incluso más votos de los que logró en contra de que dejase el cargo en el referéndum revocatorio en 2004 (5.800.629).
Las razones son diversas: en primer lugar, una oposición desarticulada que no logra comprender que existe una gran masa popular que confía en Hugo Chávez como esperanza para la mejora del país. Por otro lado, una clase media que ha ido percibiendo que todas las amenazas de llegada del comunismo y peligro para la democracia que les fueron presentando a lo largo de estos años no tienen fundamento alguno. La burguesía y el empresariado venezolano no han visto empeorar en absoluto su situación económica y ninguna medida política, aplicada o en proyecto, hace peligrar sus expectativas. Las quejas de los interventores de la oposición que he podido recoger en los colegios electorales muestran su desconexión de la realidad, desde quienes califican de “horror” tantas elecciones porque “tienen como objetivo mejorar la imagen de dictador de Chávez”, a quienes se indignan porque ahora “los camioneros son senadores” o intentan explicarme que este referéndum supondrá abrir la puerta a que “los padres pierdan la patria potestad de sus hijos”. El resultado es que la gran apuesta de la oposición venezolana se limita a un puñado de estudiantes de clase alta procedentes de las universidades privadas que me explican que ellos tienen como referencia de país para Venezuela “el socialismo sueco”. Por supuesto, no faltan los retos para el Gobierno Chávez: encajar el nuevo precio del petróleo en su futuro económico, actuar con contundencia contra la corrupción y afrontar con eficacia muchas buenas iniciativas que no comienzan a arrancar.
Si bien la mayoría de la comunidad internacional ya va comprendiendo que la democracia venezolana es la más legítima de todo el continente y probablemente del mundo, con trece procesos electorales en diez años, todos ellos impecables, según han sentenciado todas las instituciones y observadores que asistieron a cada comicio, no deja de asombrar el modo obsesivo y recurrente con que desde sectores reaccionarios mundiales se sigue intentando deslegitimarla con gratuitas acusaciones de dictadura, violaciones de derechos humanos o falta de libertad de expresión. Basta observar su indignación ante el simple hecho de que los venezolanos puedan eliminar los límites a la reelección de sus cargos, tal y como sucede en diecisiete países de la Unión Europea.
No puedo llegar a otra conclusión que la que han expuesto en diversas ocasiones los profesores Carlos Fernández Liria y Luis Alegre: a lo largo de la historia, por democracia se entendía el periodo en que el Gobierno de un país estaba en manos de la derecha y, cuando la verdadera izquierda llegaba al poder, se la derrocaba por cualquier vía ilícita (golpe de Estado, guerra civil, magnicidio, bloqueo, desestabilización) para comenzar un paréntesis dictatorial en el cual se desarticulaba esa izquierda para volver más tarde a una “adecuada democracia” con la derecha en el poder. Venezuela representa uno de los pocos casos en los que ese mecanismo no han logrado que les funcione, de ahí la desesperación.
Cada uno es libre de compartir o no el ideario y el programa de Hugo Chávez, pero la diferencia entre demócratas y no demócratas está en aceptarlo y respetarlo tal y como es, que es como lo quieren los venezolanos.
Pascual Serrano fue observador internacional en el referéndum del 15 de febrero en Venezuela
Ilustración de Mikel Casal
CARLOS FERNÁNDEZ LIRIA
“Un poco fuerte lo que está usted diciendo, ¿no?”, me interrumpió la presentadora de la Cadena Ser poco antes de invitarme a terminar de una vez y expulsarme del programa. Al contrario, muchos comentarios de Internet se muestran perplejos ante tan agria reacción, pues lo que se estaba mencionando no era nada del otro mundo: el apoyo de los medios de comunicación venezolanos y españoles al golpe de Estado contra Chávez en abril de 2002.
Se trataba de un debate (25/07/2008) con William Cárdenas, presidente de una organización que quiere llevar a Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional. Es asombroso. La Cadena Ser, en representación al parecer del pueblo venezolano, invita a un señor que, seis años después de los hechos, sigue repitiendo por radio y televisión que Chávez ordenó disparar contra una indefensa manifestación opositora, provocando una matanza, y que eso fue lo que originó su derrocamiento.
Esta fue, en efecto, la noticia que en su momento airearon a los cuatro vientos los periódicos venezolanos y también los españoles, incluido, desde luego, El País. Lo sorprendente es que, seis años después, en la Ser se siga aceptando esa versión sin rechistar, y que, en cambio, se ponga el grito en el cielo al escuchar la cruda realidad: que esa versión de los hechos fue la coartada principal para dar un golpe de Estado contra el Gobierno constitucional de Chávez, y que, desde el principio, se contaba con la colaboración de los medios para propagarla. No hay más que recordar las palabras del vicealmirante golpista Ramírez Pérez, el propio día 11 de abril: “Tuvimos un arma fundamental: los medios de comunicación. ¡Gracias!”.
Por supuesto, si el golpe de 2002 hubiera triunfado –provocando un río de sangre que sin duda todavía seguiría corriendo a día de hoy–, los medios habrían podido oficializar esa versión sin problemas. El apoyo de la prensa española al pinochetazo contra Chávez fue bochornoso y también la forma en la que esgrimieron su coartada. El editorial del 13 de abril de 2002 de El País aseguraba que “la gota que había colmado el vaso” fue “la represión protagonizada por la policía y francotiradores adictos a Chávez”. El día 14 se afirmaba que “los tiroteos de grupos chavistas causaron hasta 24 muertos” y se hablaba de “mártires de la democracia muertos a balazos por manifestarse en la calle contra el ex presidente Hugo Chávez”. El día 13, un titular de El País se refería al presidente golpista Pedro Carmona como “El hombre tranquilo” (“Nacido para el diálogo”, lo consideraba El Mundo), y lo erigía (¡en tanto que jefe de la Patronal!) en “representante de casi el 80% de los 10 millones de trabajadores venezolanos”. A los manifestantes que pidieron la restitución del orden constitucional se les denominó “muchedumbre desquiciada”, mientras que a los que asaltaron la embajada de Cuba y agredieron a los diputados se les llamó “resistencia civil”. A los militares que se mantuvieron leales al orden constitucional, El País del día 14 los llamó “focos aislados de insurrección castrense”. El editorial del día 13 instaba a la Unión Europea a contribuir a “un régimen democrático normal y estable en Venezuela” (¡aprovechando el golpe de Estado!), y se pedía que Chávez diera “cuenta de sus desmanes ante los tribunales”.
Como es sabido, centenares de miles de personas que salieron a la calle en defensa de la Constitución, lograron –contra todas las previsiones– abortar el golpe de Estado. Los medios venezolanos siguieron mintiendo y llamando al magnicidio como si tal cosa (en ningún país del mundo ha habido jamás tanta libertad de expresión como en Venezuela); para los medios de comunicación españoles, sin embargo, la situación era muy delicada, pues habían apoyado abiertamente un golpe de Estado y no iba a ser fácil disimularlo.
La decisión fue seguir mintiendo y, a día de hoy, siguen haciéndolo. Ahora bien, sólo un activista como William Cárdenas tiene ya la osadía de seguir con el cuento de la masacre. Eso sí, resulta insólito que la Ser se lo trague como si nada, a estas alturas, al tiempo que se escandaliza porque se cuente lo que ya nadie puede honestamente poner en duda. La mayor parte de los muertos fueron chavistas. Los francotiradores y la policía metropolitana que dispararon contra la población estaban a las órdenes del alcalde Alfredo Peña, el máximo opositor de Chávez en aquel momento. La matanza había sido planeada por los golpistas. Se trataba de utilizar a la población civil para que “pusiera los cadáveres necesarios sobre la mesa”, tal y como decía el telegrama que el embajador español envió al Gobierno de Aznar ese mismo día (y que Moratinos –se recordará– leyó en el Congreso). La prueba fundamental de la matanza, el vídeo que se utilizó para jalear el golpe de Estado, en el que se veía a unos chavistas disparando contra la “manifestación indefensa”, estaba trucado. Así lo reconoció su mismísimo autor, Luis Alfonso Fernández, que, por cierto, había sido ya galardonado con el Premio Periodismo Rey de España. Durante el juicio contra los chavistas (que resultaron absueltos) reconoció que estos jamás dispararon contra ninguna manifestación, sino contra la policía metropolitana que los estaba cosiendo a balazos. Y reconoció que la voz en off que gritaba que estaban disparando contra la manifestación había sido superpuesta en los estudios de Venevisión (el canal del Grupo Cisneros, que mantiene intereses compartidos con Prisa en América Latina).
No habría hecho falta esperar tanto para saber la verdad: pocos días después de los acontecimientos, Le Monde Diplomatique había ya demostrado que todo era una burda patraña. Pero seguir mintiendo seis años después es grotesco. ¡Basta ya! Lean el Latinobarómetro de 2008. Es la encuesta independiente más prestigiosa sobre temas latinoamericanos. Venezuela saca 22 puntos en grado de confianza en la democracia a la medida de Latinoamérica; 16 puntos en confianza en los partidos políticos; 31 puntos en satisfacción con la situación económica. Que comenten estos datos y dejen de mentir.
Carlos Fernández Liria es profesor titular de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid
Ilustración de Mikel Jaso
CARLOS FERNÁNDEZ LIRIA
En una ocasión, un periodista le pidió a Einstein que explicara en pocas palabras lo que era la teoría de la relatividad. “¿Sabría usted explicarme antes lo que es un huevo frito?”, respondió éste. El periodista asintió desconcertado. “Muy bien”, dijo Einstein, “pues entonces, explíqueme lo que es un huevo frito pero suponiendo que yo no tengo ni idea de lo que es un huevo, que en mi vida he visto una gallina y que no sé ni lo que es una sartén ni lo que es el aceite”.
Sobre Venezuela se ha mentido tanto en los medios de comunicación –y se ha mentido de una manera tan unánime y orquestada– que se ha vuelto casi imposible explicarse al respecto. Es imposible argumentar nada cuando hay demasiadas mentiras de por medio. Los que hemos intentado balbucear algo en algún debate de televisión, o los que, sencillamente, nos hemos enredado a discutir alguna vez con cualquier lector de El País o de El Mundo o con un espectador medio del telediario, hemos tenido la sensación de encontrarnos en una situación infinitamente más apurada que la de ese periodista interrogado por Einstein. Es como intentar explicar lo que es un huevo frito a alguien que sabe perfectamente que
un huevo es una castaña, que considera demostrado que las gallinas son canguros, que cuando dices “sartén” entiende de inmediato “trompeta” y que por aceite hirviendo entiende helado de vainilla.
Para decir una sola palabra sobre el no a la Reforma Constitucional, ¿por dónde debo comenzar? ¿Por intentar que se respete el hecho democrático de que Chávez ganó las elecciones? ¿Por demostrar que en Venezuela hay división de poderes, libertad de prensa y libertad de expresión hasta el punto de que una cadena como RCTV, que participó activamente en un golpe de Estado y que se hizo famosa por sus llamadas al magnicidio, no sólo no ha sido prohibida ni su director encarcelado sino que está emitiendo por cable sin problema legal alguno? ¿Que el sistema de conteo de votos que los medios no han parado de denunciar como “sospechoso” ha sido legitimado por todos los observadores internacionales, incluido Jimmy Carter? ¿O intento explicar a los oyentes de la Cope que los 3.000 muertos del caracazo fueron en 1989 y que por tanto no pudieron ser, como suele decir Jiménez Losantos, consecuencia de la intentona golpista de Chávez (en 1992)?
El intento de explicar las cosas es más difícil aún. Uno lo da todo por perdido cuando se trata de hablar con gente que no sólo está completamente convencida de que un huevo es una castaña, sino que, encima, no ve ningún problema en que, al mismo tiempo, sea un huevo. Sobre Venezuela, es cierto, hace tiempo que se perdió no sólo la vergüenza sino también el principio de no contradicción. Hace ya siete años una persona culta y enterada (y que parecía, además, sincera), un ejecutivo de un banco español que hacía transacciones con Venezuela, me explicó que estaban muy preo-cupados porque Chávez era un dictador. Le pregunté que por qué estaba tan seguro de ello, habida cuenta de que había ganado limpiamente las elecciones. Dudó un momento y me espetó que “sí”, pero que era “evidente que no tenía intención de volver a convocarlas”. Eso lo convertía en dictador desde ya mismo. Si no me fallan las cuentas, en los siete años que nos separan de esta conversación Chávez ha convocado seis consultas electorales, incluyendo ésta que acaba de perder. El otro día, estuve hablando con dos colegas en la Universidad. Entre los dos sumaban tres carreras, un grado de doctor y dos oposiciones ganadas, o sea, un nivel bastante más culto que la media. Eran, por otra parte, espectadores y lectores normales y corrientes de nuestros telediarios y de nuestros periódicos. Los dos estaban sinceramente convencidos de que si ganaba el sí a la Reforma, Chávez quedaba elegido de forma vitalicia, sin necesidad de volverse a presentar nunca más a las elecciones. Es lo que habían entendido en los medios.
Ahora, el “caudillo” Chávez, el “dictador” que ha concentrado en sus manos un “poder absoluto” (El País, 3-12-2007), ha afrontado la derrota de la Reforma con estas palabras: “Ahora los venezolanos y venezolanas debemos confiar en nuestras instituciones. A quienes votaron por mi propuesta y a quienes votaron contra mi propuesta, les agradezco y les felicito porque han comprobado que este es el camino. Sepan administrar su victoria, mírenla bien matemáticamente. No es que se la doy, ustedes se la han ganado. Ojalá se olviden para siempre de los saltos al vacío, de los caminos de la violencia, de la desestabilización”.
Así pues, no parece que la pregunta sea si Chávez aceptará el resultado de la consulta. La pregunta es, por ejemplo, si los medios de comunicación españoles aceptarán que Chávez la haya aceptado. Si reconocerán que todas las mentiras y más mentiras que durante años han soltado respecto de la ausencia de democracia en Venezuela no tenían fundamento. Si reconocerán ahora, cuando menos, que el sistema electrónico de contar votos era legítimo. Si aceptarán y respetarán de una vez por todas ahora –nunca es demasiado tarde– el resultado de las anteriores consultas electorales, en las que Chávez obtuvo la victoria y si, por lo tanto, dejarán de alentar desde Europa a la oposición golpista venezolana.
Desde luego, no hay motivos para ser nada optimista. La oposición venezolana no se resignará ni mucho menos a obtener de las urnas lo que las urnas le han dado. De ninguna manera se resignarán a los cinco años de mandato constitucional que todavía le quedan a Chávez. Clamarán contra la democracia que no habrá democracia en Venezuela hasta que Chávez renuncie. Y los medios de comunicación españoles seguirán jaleando. Todo el entusiasmo mediático que dio cobertura al golpe de estado de 2002 se concentrará ahora en una nueva receta: la revolución naranja.
Carlos Fernández Liria es profesor titular de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid
Ilustración de José Luis Merino
