Pensionistas de segunda

Lidia Falcón

Los pensionistas, ¡por fin!, se han ofendido con el aumento del 0,25% que tan generosamente el gobierno ha aplicado a las pensiones de 2018. Ese colectivo, de casi nueve millones de personas, había aguantado paciente y resignadamente que durante cinco años les tomasen el pelo regalándoles tal ridículo porcentaje. Recuerdo el programa de televisión en el que el ínclito García Albiol presumía de que el Partido Popular no iba a congelar las pensiones como había hecho Rodríguez Zapatero porque las aumentaría cada año el 0,25 por ciento. Es decir que a la miseria se unía la burla. Y como ahora los afectados se han enfadado con esta broma  el PP y Ciudadanos tienen que arbitrar alguna manera de contener la sangría de votos que puede suponer el movimiento de pensionistas indignados.

Los partidos opositores al gobierno y el movimiento de los pensionistas han publicado largos manifiestos denunciando la pobreza en que han sumido a las generaciones que con tanto esfuerzo construyeron la España que tenemos, y la ingratitud que supone.

Pero en estos manifiestos generalistas se calcula el cómputo de pensiones sobre la media de las más altas con las más bajas, sin discriminación de sexo.  No solamente tales cuentas son siempre aquellas en las que uno se ha comido dos pollos y otro ninguno y por tanto la media indica que se comieron uno cada uno, sino que además en el caso de las mujeres oculta la más flagrante de las injusticias.

Una mayoría de las españolas, hasta muy recientes tiempos, dedicaron los mejores años de su vida a reproducir hijos y cuidarlos, a ellos y al resto de la familia, para proporcionar fuerza de trabajo en buenas condiciones al capital. El franquismo apartó del mercado de trabajo a nueve millones de mujeres, a las que se prohibió emplearse asalariadamente. Esa era la cifra que sumaban las que el Estado catalogaba como dedicadas a “sus labores” en 1975. Con la burla añadida de que las clasificaba como “población inactiva”.

Naturalmente, para alivio de las arcas del Estado, muchas han muerto desde entonces, pero esa situación laboral no se invirtió rápidamente. Aunque el aumento del número de mujeres españolas que han entrado en el mercado laboral es enorme, hemos avanzado desde el 13 por ciento de los años setenta al 55 por ciento de hoy, ha sido paulatino, dejando a millones de mujeres en el camino. Y sobre todo, a pesar de lograr empleo asalariado las que han sido madres han debido optar, en una enorme proporción, por abandonarlo para cuidar a las crías, dada la falta de servicios sociales y ayudas económicas con que nuestros gobiernos han penalizado a las madres de niños pequeños. Si a ello añadimos que los empleos femeninos están peor pagados que los de los hombres, que se les impide la promoción profesional, que el trabajo a tiempo parcial –necesario para cuidar a la prole- lo tienen que escoger las mujeres, las cotizaciones sociales de éstas han sido escandalosamente bajas.

El resultado es que hoy  las pensiones de las mujeres mayores son un 38 por ciento inferiores a las de los hombres, en un cálculo medio impreciso ya que muchas sufren una diferencia aún mayor. Y aquellas que nunca entraron en el mercado de trabajo deben contentarse o con la de viudedad que únicamente alcanza al 52% del salario asegurado del marido o con la no contributiva, cuya cuantía es de vergüenza. Es imprescindible remarcar  que su situación es la peor de todo el colectivo de pensionistas.

Cuando el gobierno se escuda en la falta de recursos para aumentar las pensiones a un nivel decente deberíamos recordarle el aumento del presupuesto de Defensa en un 38 por ciento para este año, las regalías de que se beneficia la Iglesia, el submarino hundido que ha costado 800 millones de euros y costará 1.500 más reflotarlo, los 2.000 millones de rescatar las autopistas, los aeropuertos sin pasajeros, los AVES inútiles, las obras inacabadas y faraónicas por el delirio y la corrupción de los gobernantes en Cataluña, en Santiago de Compostela, en Valencia, en Asturias. Pero ya sabemos que para la derecha el reparto de la riqueza consiste en quitarle el dinero a los pobres para dárselo a los ricos.

En este maremágnum de peticiones y rechazos, de reproches y supuestos informes económicos surge, como una seta en mitad del bosque, el tema de la pirámide  demográfica. Cada vez tenemos más viejos y menos jóvenes y no nacen niños. Y como si este fenómeno fuera provocado por alguna alteración de los astros, tanto los gobernantes como los políticos de la oposición, los que son y los que han sido, se muestran desolados e impotentes para revertirlo.

En mis continuos encuentros con diversos colectivos me deja atónita  comprobar que ni las generaciones jóvenes ni las mayores relacionan la reproducción humana con las mujeres. Que cuando se les pregunta qué producen las mujeres los y las asistentes se quedan mudas y desconcertadas. Pues esta es también la reacción de los políticos. Retorciéndose las manos de angustia y con expresión de verdadera preocupación e incertidumbre repiten que la natalidad en España es muy baja y que no va a ver relevo para la generación anterior y que, en consecuencia, no se pagarán las pensiones de los mayores, ya que aún cuando éstos cotizaron decenas de años de trabajo su dinero ya no se encuentra, y hay que sufragarlas con lo que paguen los jóvenes, que son pocos y tienen salarios basura. En pocos años solamente habrá un joven y medio para cada pensionista.  Pero de cómo incentivar la natalidad ni palabra.

En un país cuyo índice de nacimientos es de 1,3 por mujer adulta, siendo el mínimo necesario para reponer la población de 2,2, ningún gobierno se ha planteado qué hacer para convencer a las españolas de la necesidad de que se sacrifiquen trayendo más niños al mundo. La mitad de las que se hallan en edad fértil declaran que no piensan tener hijos. Si entendemos que la primera producción imprescindible es la de seres humanos, ¿qué se hace para incitarla, protegerla, aumentarla?

Se incentiva la producción de muy diversas mercancías y servicios mediante subvenciones, exenciones y rebajas de impuestos, tasas reguladas de la seguridad social, ayudas económicas sin intereses o a coste perdido, menos la producción de niños.

España tiene la inversión en asistencia social de las más bajas de UE, por ello padecemos una inexistente red de escuelas infantiles públicas y trabajadoras sociales, y  ninguna ayuda económica para las madres. Con este plan de natalidad, no muy alejado del que sufríamos en el franquismo, nuestros gobernantes, ¿esperan que las mujeres sientan de pronto un tan fuerte instinto materno que las impulse a embarazarse y parir y lactar y criar hijos, con la enorme inversión en salud, tiempo y dinero, que tal empresa supone, sin poder disfrutar de ayuda alguna estatal y teniendo que abandonar sus expectativas profesionales?

Quizá las neuronas de los gobernantes y de la mayoría de políticos españoles sufren de alguna carencia, ya que no son capaces de entender esa elemental realidad. Deberíamos pedir que les sometan a una revisión neurológica, y sustituirlos.

Mientras tanto, las manifestaciones de esforzados pensionistas provocarán debates parlamentarios y portadas de medios de comunicación, pero las españolas que ya han conocido los sistemas anticonceptivos y la libertad de abortar, van a seguir negándose a parir. Y no hay sustitución. En este sector de la producción no sirven ni nuevas tecnologías ni robots.

O en los propósitos de los gobernantes entra subvencionar la maternidad adecuadamente o ni se pagarán las pensiones ni se poblará el país.