La solidaridad interregional y la izquierda catalana y española

11 Nov 2017
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Diego Guerrero
Profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid

En un muy interesante artículo publicado en Público el 5 de noviembre pasado (Cataluña y la solidaridad interregional en España), el profesor Javier Ruiz Collantes adoptaba un novedoso punto de vista en el análisis de las relaciones entre la “solidaridad interregional en España” (en adelante “SIE”), el supuesto “expolio fiscal” de Cataluña por parte de España y el posible “pacto fiscal” por el que “Cataluña podría pasar a tener un estatuto fiscal como el País Vasco y Navarra”. La gran novedad de su artículo consiste en que el autor propone llevar a cabo este análisis, no desde el punto de vista de los “territorios” o de los “ciudadanos”, sino desde el punto de vista de las “clases sociales”. Cabe suponer que el autor, al utilizar este nuevo punto de vista sirviéndose de una categoría cara a la izquierda como es la de clase social, pensaba que su mensaje sería mejor recibido por el destinatario buscado: la izquierda española, que se vería gratamente interpelada por un artículo procedente de su homónima catalana.

Pero, dejando de lado el latente y complejo debate sobre la relación Cataluña-España, y en particular sobre si es más apropiado hablar de “Cataluña y España” o de “Cataluña y el resto de España”, nos centraremos aquí en la cuestión específica de la SIE, partiendo de que la tesis principal del artículo que criticamos es que la SIE es un falso argumento al que, interesadamente, la derecha española recurre y siempre recurrirá, razón por la cual la izquierda, atendiendo a las razones que se explican en el artículo, no debería apoyar en ningún caso, sino, al contrario, combatir con toda su fuerza.

A esto respecto, lo primero que habría que decir es que hablar de clases sociales no es en sí mismo un acto de izquierdas. Cuando (el izquierdista) Karl Marx se veía aludido en relación con la cuestión de las clases y de la lucha de clases, protestaba indefectiblemente argumentando que él no había inventado ni las clases sociales ni su lucha, sino que, antes que él, fueron los historiadores burgueses y los economistas de la escuela clásica (también burguesa) los que trataron la cuestión, estudiándola de forma sistemática y exhaustiva. Por otra parte, si bien el profesor Ruiz adopta una posición de izquierda al resaltar que son los trabajadores los que pagan impuestos realmente, mientras que no lo hacen “la alta burguesía ni las grandes fortunas” –y esto es algo que debemos agradecerle sinceramente, por lo poco frecuente que es adoptar este punto de vista en el debate general–, él mismo señala cómo un capitalista burgués, multimillonario y cínico, como Warren Buffet no tiene ningún empacho en afirmar la misma tesis: que paga “menos impuestos que cualquiera de sus empleados, incluidos los recepcionistas”. Sin embargo, un aspecto que obliga a matizar el izquierdismo de Ruiz Collantes es que su referencia a las clases fiscalmente explotadas se hace en nombre de “las clases trabajadoras y las clases medias”, cuando sabido es que la categoría de “clase media” es más un constructo ideológico derechista y conservador destinado a hacer creer a una parte de la clase trabajadora que no es un mundo lo que la separa de la clase propietaria sino un simple margen de poder adquisitivo, cuya desaparición está al alcance de cualquiera que realmente quiera “hacerse a sí mismo” y se aplique a ello sin enredarse en cosas tan poco prácticas como la clase y la conciencia de clase.

Pero, más allá de que el profesor Collantes sea más o menos de izquierda, lo que nos interesa aquí son los argumentos de su artículo, y en especial dos cuestiones: 1) lo unilateral de su tratamiento de la cuestión de la redistribución de la renta a través del Estado, y 2) la descripción general de la situación económica y de clases que caracteriza a las dos partes de España que analiza: Cataluña, por una parte, y, por otra, un negativo fotográfico de Cataluña que comienza siendo expresamente Andalucía (ese “gran país”) como ejemplo ideal, para pasar luego a ser “el sur y suroeste de España” (por lo que incluye alguna referencia a Castilla La Mancha pero sin mencionar a Extremadura) y terminar siendo simplemente “España”.

En relación con el primer punto, digamos que es buena costumbre entre economistas tener muy presente la “distribución” de la renta antes de referirse a la “redistribución” de la misma por la vía estatal; además, para hacerse una idea cabal de la redistribución, es más apropiado analizar los dos aspectos de la cuestión y no uno solo, es decir: en vez de analizar sólo el dinero que llega de la sociedad al Estado (ya proceda del sector privado en general o sólo de las familias) por la vía tributaria, prestar atención también el segundo aspecto, es decir, el dinero que vuelve del Estado a la sociedad en forma de las transferencias monetarias estatales que el sector privado o las familias perciben como ingresos. Una vez que se tienen en cuenta de esta manera las dos caras del problema, es decir, los “impuestos netos de transferencias” pagados al Estado por cualquier sector de la sociedad civil, podremos hacernos una idea adecuada de cómo se comporta el Estado en relación con dicho sector en términos globalmente redistributivos; sin embargo, nuestro autor sólo alude a este aspecto de la cuestión al referirse de pasada a la “Comunidad Autónoma de Madrid”, de quien supone –no afirma– que, “seguramente (…) buena parte de lo que da por un lado lo recibe por otro”.

Pero, salvo que se adopte un punto de vista anarquista, no se puede objetar la práctica que adoptaremos aquí de anteponer al análisis de los flujos monetarios que entran y salen del Estado, un análisis de clase de lo que ocurre en el interior de la sociedad civil (en las empresas). Su tesis de que la clase “alta” andaluza (o del resto de la España no catalana) es financiada en buena parte con los impuestos que pagan los trabajadores de Cataluña olvida agregar cómo y con qué se financia realmente, en todas partes, la clase de los grandes propietarios de empresas y de tierras: con los beneficios que produce el plustrabajo de sus trabajadores. Como Ruiz Collantes no puede pretender que las empresas andaluzas presentes en Cataluña tengan tantos trabajadores como las empresas catalanas establecidas en el resto de España, hemos de concluir que la plusvalía –ese pluscapital que procede del trabajo no pagado a los trabajadores por la burguesía, con independencia de su país o nacionalidad– generada por los cientos de miles de asalariados que trabajan para las grandes empresas financieras, industriales y comerciales catalanas (citemos sólo La Caixa y el Sabadell, Catalana Seguros y Plus Ultra, Endesa y Gas Natural, Nissan o Volskwagen, Lidl o Nestlé, etc.) enriquece a la burguesía catalana con una parte sustancial de sus beneficios totales, esos mismos beneficios que, como saben Buffet y Ruiz Collantes, apenas pagan impuestos, ni en Cataluña ni en el resto de España (Andalucía), ni se redistribuyen por la vía estatal porque se quedan en manos de la burguesía catalana (la fracción principal de la burguesía española).

Pero lo más llamativo y significativo del artículo que criticamos son las tintas con que en él se pinta el panorama socioeconómico a ambos lados del Ebro. Económicamente hablando, Andalucía es “un país inviable” –debido a su elevadísimo nivel de paro y a su “desastrosa” estructura productiva basada en el “monocultivo de ladrillo y turismo” y en una “escasísima presencia de industria e innovación”– que sobre todo presenta una funesta “característica propia”: “el latifundismo” y sus consecuencias. Es decir, frente a la viabilidad y dinamismo indudables de Cataluña, las “elites socioeconómicas” andaluzas provienen en buena parte de una “aristocracia” decimonónica, con su maja goyesca incluida (la duquesa de Alba), que se caracteriza por su “inmovilismo” y sus “privilegios” y que “ni siquiera” tiene “la mentalidad emprendedora de la burguesía moderna”.

A este respecto, Ruiz Collantes olvida, en primer lugar, que la estructura de clases moderna ya no distingue entre aristocracia terrateniente y burguesía, actualmente fusionadas en un único conjunto, de forma que por mucho que uno intente contraponer una dinámica clase innovadora y eficiente, que se dirige con paso firme hacia el siglo XXII, con una decimonónica o dieciochesca clase retardataria de naturaleza cuasi feudal –no olvidemos que el PCE hablaba en serio, en las décadas de 1960 y 1970, del carácter feudal de la economía española de entonces–, está errando el tiro por completo. Parece ignorar que, hoy en día, es la moderna burguesía industrial y financiera la principal latifundista en España y en todo el mundo, tanto de terrenos rústicos como urbanos. No se trata sólo de que los latifundios de Estados Unidos, Inglaterra o Alemania son mucho mayores que en España –que más bien se caracteriza por su relativo minifundismo–, sino de que la lista de nuestros principales latifundistas patrios comienza con industriales como Amancio Ortega (a través de su empresa Pontegadea) y Juan Abelló, financieros como Emilio y Patricia Botín, y otros empresarios importantes como los del grupo vasco Ibaizábal o de las dinastías catalanas de los Carceller y los Lladó.

Por otra parte, tiene razón nuestro autor al afirmar dos cosas: 1) que el movimiento independentista catalán no se puede identificar con la “alta burguesía catalana”, que es más bien contraria a él, y 2) que tal independentismo es un “movimiento popular integrado por amplios sectores de las clases medias y sectores de las clases trabajadoras”. Empezando por lo segundo, resulta llamativo que el autor hable de simples “sectores” de la clase trabajadora a la vez que de “amplios sectores” de la clase media: parece que se trata de un porcentaje más amplio de estas segundas que de las primeras. Pero también es significativo que al concepto de clase se le haya unido ahora el de lo “popular”, de origen claramente no clasista. Sin embargo, estamos de acuerdo, desde luego, en que el movimiento independentista catalán actual es de clara naturaleza pequeñoburguesa, no burguesa, y es además un movimiento de tipo “gellneriano”, pues sin duda la voz cantante del mismo la lleva el sector social de los profesionales –incluidos muchos profesores universitarios por ejemplo–, que no es para nada inmune al “efecto llamada” de tantos cargos altos y medios de nueva creación o/y ocupación que van asociados a la aparición de cualquier nuevo Estado. En la tradición de la izquierda que va más allá de Ruiz Collantes, la aparición de un nuevo Estado nunca puede ser motivo de alegría para una clase trabajadora que quiere liberarse por sí misma de la explotación capitalista. En realidad, cualquier forma de nacionalismo es enemiga de los intereses de la clase trabajadora, y, si ese nacionalismo arraiga y cunde en la izquierda, ello representa, además, por muy popular que sea en los medios de comunicación o de enseñanza, una traición indudable a dichos intereses.

Para concluir, podemos resumir así la tesis, argumentación y conclusiones del artículo del profesor Ruiz Collantes: ya que los impuestos los pagan los trabajadores y no sus patronos, y ya que los gastos públicos los reciben los propietarios, no es conveniente que Cataluña pague dinero neto al Estado español porque eso significa que los trabajadores catalanes están financiando, lo quieran o no, a los retrógrados latifundistas andaluces y otros propietarios del resto de la España no catalana. Que Andalucía esté económicamente malherida, se argumenta, no debe hacer olvidar lo anterior, y por ello sería preferible dejar a Andalucía en la cuneta para permitir que el resto (Cataluña en particular) pueda avanzar sin esa carga y sin merma de competitividad, para conseguir una sociedad aun más “viable” de lo que lo es hoy en día. Es mejor amputar y cortar por lo sano: al menos así no morirá el cuerpo entero de la sociedad.

Lo cual se puede rematar así: puestos a pagar, se dice, y dado que también en Cataluña van a pagar los de siempre (trabajadores y clase media catalanes), ¿no es preferible que paguen a “los nuestros” (que somos “nosotros” y además somos “modernos” y “viables”) en vez de que paguen a los forasteros (que son atrasados e “inviables” y además son de fuera)?

Creemos que esta es la esencia última del argumento zurdo-catalanista, y por eso podemos intuir que no tendrá mucho predicamento entre la izquierda de toda España, que sí defiende la “solidaridad interregional” en nuestro país.


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