Aumentar el salario mínimo para combatir la pobreza y la desigualdad laboral

06 Jul 2015
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Ramón Gorriz, secretario de Acción Sindical de la CS de CCOO
Manuel Lago, economista del Gabinete Confederal de CCOO

 

El ayuntamiento de la segunda ciudad más grande del país acaba de tomar una decisión de enorme transcendencia: subir un 70 % el salario mínimo que tienen que pagar todas las empresas en su ámbito municipal. Que nadie se ponga nervioso, no es la Barcelona de Ada Colau: se trata de la Ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos y su alcalde es Eric Garcetti.

Hace unas semanas, el pleno del Ayuntamiento, con la única abstención de un concejal, decidió aumentar el salario mínimo actual de 9 a 15 dólares por hora. El mundo al revés. La liberal USA dando lecciones de cohesión social a la Europa del estado del bienestar. Los detalles que se conocen de la decisión son interesantísimos, tanto por el método como por el contenido y los objetivos.

En Los Ángeles, la pobreza alcanza a un 25 % de la población; en esa enorme bolsa de exclusión entran personas que tienen empleo pero cobran un salario tan bajo que se convierten en trabajadores y trabajadoras pobres. Por eso su alcalde dice que la subida del salario mínimo es el programa contra la pobreza más grande en la historia de su ciudad.

El acuerdo es el resultado de un largo debate social en el que participaron sindicatos y empresas, y que el poder local traslada a una estrategia equilibrada y de largo recorrido: el plazo para aplicarlo es de cinco años para que no tenga efectos negativos en las empresas. Pero, además, se establece que a partir de 2022 el salario mínimo crecerá lo mismo que la inflación, para evitar que el problema se reproduzca.

El método, el contenido y por último los objetivos explícitos del plan. Por un lado, combatir la pobreza laboral y la desigualdad, que no han dejado de crecer en los últimos años, utilizando la intervención pública como mecanismo para corregir la tendencia al desequilibrio propia del capitalismo. Por otro, siguiendo la lógica económica keynesiana, se pretende que, mejorando los salarios de las personas suba la demanda y, por lo tanto, se impulse el crecimiento económico.

En síntesis, detrás del acuerdo del pleno del ayuntamiento de la ciudad de Los Ángeles hay tres motivos de gran relevancia y de largo recorrido:

  1. Que el salario minino legal se puede y se debe utilizar como un instrumento privilegiado para combatir la pobreza laboral y la desigualdad social.
  2. Que el aumento de los salarios en general ––que obviamente son empujados al alza al subir el mínimo legal–– se convierte en el eje de una política expansiva que tiene como objetivo final impulsar el crecimiento de la economía y por lo tanto del empleo.
  3. Que el poder político, en este caso representado por el local, asume como obligación propia combatir la pobreza y la desigualdad actuando con los instrumentos legales de los que dispone y lo hace no con medidas paliativas de segunda ronda, las políticas sociales, sino en la propia distribución primaria de la riqueza.

Antes de empezar a desarrollar estos puntos es bueno detenerse en la constatación de algunas cuestiones. La primera es que también en EEUU existe un salario mínimo con una cuantía fijada por la ley, aunque con ámbitos competenciales compartidos, desde lo federal a lo estatal e incluso al ayuntamiento. El salario mínimo no es una reliquia del pasado, no es un resto de intervencionismo de economías no competitivas.

La segunda es que, en el acuerdo del ayuntamiento de Los Ángeles, la evolución de la cuantía del salario se vincula al IPC, esto es, la inflación sigue siendo la variable de referencia con el objetivo de mantener el poder adquisitivo.

Todo un ejemplo de buenas ideas de política económica de las que tendríamos mucho que aprender en Europa y, especialmente, en nuestro país. En España, el salario mínimo por hora es de 5 euros, está prácticamente congelado desde 2011 y el Gobierno lo ha utilizado como un mecanismo para devaluar los salarios en el conjunto de la economía. El resultado es un enorme aumento de personas que, a pesar de tener empleo, están por debajo del umbral de la pobreza, la desigualdad salarial, la caída de la demanda interna y una recesión de seis años.

Volviendo a los términos centrales, la conclusión de lo aprobado en Los Ángeles ahora, en otras ciudades EEUU antes y, lo que con gran probabilidad será una propuesta central en el programa electoral del Partido Demócrata en las elecciones de noviembre, es darle a los salarios el papel clave en el crecimiento de la economía y en el bienestar de los ciudadanos.

El modelo del capitalismo financiero, globalizado y desregularizado implica también una distribución desigual e injusta de la riqueza, de apropiación de renta por parte de los empresarios, de devaluación salarial. En las últimas décadas los salarios reales de la clase trabajadora no han crecido, lo que unido al importante incremento de la productividad, ha provocado una redistribución de la renta en contra de la mayoría salarial.

Una redistribución injusta en lo social e ineficiente en lo económico. Injusta, porque ha generado un grave problema de pobreza laboral para las personas con bajos salarios: en Los Ángeles pero también en España, una persona que cobra el salario mínimo, en especial si sufre un contrato parcial, no puede tener una vida independiente de forma digna en términos materiales.

Ineficiente, porque la concentración de la riqueza en pocas manos es negativa para el crecimiento económico porque debilita la demanda, tal y como acaba de reconocer el FMI en un informe reciente en el que le tocaba dar la de cal después de volver a insistir en otro documento casi simultaneo en los recortes laborales y la subida de la imposición indirecta.

La propuesta de CCOO para el nuevo período que abren el ciclo económico y el ciclo electoral es precisamente esta: recuperar las rentas salariales para mejorar la calidad de vida de las personas —para combatir la pobreza y la desigualdad— y para dar solidez y consistencia a la recuperación de la economía, lo que permitirá crecer más y mejor y generar empleo.

Una estrategia de aumento salarial, que tiene dos mecanismos diferentes pero complementarios. El primero es la negociación colectiva, que con el ANC 2015/2017 inicia una senda diferente con el objetivo de recuperación del poder adquisitivo perdido en los años de la Gran Recesión.

El segundo es la fijación del SMI para 2016 y los años sucesivos, que el sindicato va a colocar como la pieza central en su interlocución con el gobierno que surja después de las elecciones de otoño.

Vamos a defender la propuesta que ya hicimos en estos años atrás y es que para cumplir con la Carta Social Europea, el SMI debería incrementarse en España un 40 %: 900 euros mensuales frente a los 648 de la actualidad, un incremento que podría aplicarse de forma paulatina. Esto ayudaría, por un lado, a combatir la pobreza laboral y por otro, a utilizar los salarios como factor determinante en un crecimiento sólido e inclusivo del PIB, del que se beneficie toda la sociedad.

 

 

 


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