Luis Suárez,
integrante de La Comuna

Escalada de represión política y social

El pasado 18 de junio se ha cumplido un año de la entrada en la cárcel de Alfon (Alfonso Fernández Ortega), joven condenado a 4 años de cárcel mediante un proceso lleno de irregularidades por un supuesto delito de tenencia de explosivos, en un contexto de lucha social (la huelga general de noviembre 2012).

En las pasadas semanas hemos vivido la huelga de hambre de 17 representantes del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores), durante casi un mes, en solidaridad con José Bódalo, sindicalista procesado, condenado y encarcelado por empujar, supuestamente, a un concejal en una concentración de protesta.

Dos jóvenes titiriteros acusados de apología del terrorismo, procesados y encarcelados porque en una obra de guiñol aparecía en un minúsculo rótulo ‘Gora Alka-eta’ en un contexto de parodia, en absoluto apologético. Este caso extremo de delirio represivo no ha resistido ni las muy amplias tragaderas de la Audiencia Nacional, que ha decidido ahora archivar (provisionalmente) la ‘causa’.

Redadas y detenciones de miembros de Causa Galiza, con suspensión del funcionamiento de este partido, y de diversos colectivos anarquistas y autónomos. Por citar un caso: el de Nahuel (Juan Manuel Bustamante), del grupo ‘Straight Edge Madrid’, encarcelado desde hace 8 meses en la prisión de Sevilla II bajo el régimen especialmente severo llamado FIEs (Fichero de Internos de Especial Seguimiento), que ha realizado una huelga de hambre recientemente interrumpida por riesgos para su salud.

Detenciones reiteradas de jóvenes en contextos de movilizaciones pacíficas, y populares, como las perpetradas en localidades de la sierra de Madrid, entre las que cabe mencionar a los jóvenes Alex y Omar, detenidos en 2014 por solidarizarse con las luchas del barrio de El Gamonal (Burgos), y víctimas de montajes policiales acusándoles de violencia por los que se les piden años de cárcel y cuantiosas multas. O como las detenciones y la acusaciones delirantes, estas más recientes, contra varios miembros del colectivo Distrito 14 del barrio madrileño de Moratalaz, conocido por su compromiso con la defensa de los derechos de los más débiles.

Las torturas...

Recientemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha vuelto a recriminar al gobierno español, por octava ocasión, su pasividad a la hora de investigar las denuncias por torturas ejercidas por cuerpos policiales. Denuncias que habitualmente los jueces ignoran, en abierta complicidad o compadreo con las fuerzas policiales, y que según Amnistía Internacional han ascendido a más de 6.000 en el último decenio, de las que solo un 10% dan lugar a condenas. Por otra parte, la norma general es que los policías condenados sean rápidamente indultados, a diferencia de manifestantes, activistas o huelguistas condenados como los antes citados.

Los propios jueces españoles, o al menos algunos de ellos, se atreven a reconocer esta situación. Por ejemplo, el magistrado de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, afirmaba hace unas semanas que la tortura se produce de manera clara y que los tribunales no han dado la respuesta que ‘corresponde a un Estado de derecho’. Claro que inmediatamente fue respondido por nuestro ministro de interior en funciones, el beato Fernández Díaz, que pidió al Consejo General del Poder Judicial que actuase contra él de inmediato. Hasta ahí podíamos llegar. Pero también la jueza Amaya Olivas, magistrada del juzgado de lo social nº 12 de Barcelona, perteneciente a Jueces para la Democracia, declaraba recientemente que ni jueces, ni abogados, al igual que las fuerzas de seguridad, se encuentran formados en la prevención, investigación y prevención de la tortura.

... y los CIES

Y hablando de torturas, el caso de los CIEs (Centros de Internamiento de Extranjeros, respecto a los que se ha celebrado en estos días la jornada estatal -15-06-2016- en favor de su cierre definitivo), se está convirtiendo en nuestro Guantánamo doméstico: Los inmigrantes allí recluidos, a pesar de la indefensión y dificultad para hacerse oír, denuncian cada vez más torturas, malos tratos y vejaciones que no suelen prosperar en casi ningún caso. Valga de muestra el dato recientemente hecho público por SOS Racismo, según  el cual solo el 0,4% de las solicitudes de asilo presentadas por lxs internxs en los CIEs son admitidas a trámite.

En relación a esta lacra antidemocrática hay que destacar la valentía y coherencia humanitaria de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha emprendido acciones para el cierre del centro situado en dicha ciudad, contra la resistencia empecinada del Ministerio del Interior, y mostrando así el camino al resto de ‘ayuntamientos del cambio’.

Cotidianidad y aceptación

Podríamos seguir un buen rato enumerando casos, como el de la vulneración de los convenios internacionales de derechos humanos respecto a los presos vascos, incluso manteniendo encarcelados a algunos que ya han cumplido sus condenas, o dispersándolos por puntos remotos de la geografía para alejarlos de los lugares de residencia de sus familiares, castigando por lo tanto injusta y arbitrariamente a estos también,... pero este artículo debe tener una extensión razonable.

En suma, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo pueden estar sucediendo estos ataques a las libertades, estas violaciones de los derechos humanos, esta involución represiva, en nuestro país? Y, sobre todo, ¿Por qué no se habla de ello? ¿Por qué, aunque está sucediendo ante nuestros ojos, no lo vemos? ¿Por qué son apenas los familiares, colegas y allegados de las víctimas de la represión quienes parecen protestar ante estos atropellos?

Por lo que parece, el avance de este estado represivo se ha instalado en nuestra sociedad como un hecho familiar, en un doble sentido:

Por una parte, porque nos estamos habituando, insensibilizando, a la realidad de una represión política creciente, arbitraria y desproporcionada; es decir, nos estamos familiarizando y conviviendo con indiferencia con esta escalada que, por otra parte, apenas tiene eco en los medios de comunicación, salvo en muy especializados y minoritarios medios en la red.

El otro rasgo ‘familiar’ de este estado policial se refiere a la práctica constricción de la resistencia a esta escalada al entorno personal: familia, colegas y allegadxs, de las víctimas, frente a la pasividad de la mayoría de la sociedad civil, los partidos y sindicatos.

Un ejemplo admirable de esta respuesta es el de Madres Contra la Represión, organización surgida de forma casi espontánea en el año 2013 en el barrio de Vallecas, a raíz de hechos como el asesinato de Carlos Palomino por un fascista, y sobre todo del ‘caso Alfon’. Esta combativa asociación muestra el arrojo, casi aislado, numantino, de familiares y compañerxs, frente a estas actuaciones represivas, desproporcionadas o arbitrarias, del aparato estatal.

Sin embargo, no deberíamos caer en el error de creer que esta represión es ajena a la mayoría de la gente, que solo apunta contra grupos radicales, minoritarios o marginales.

La ilegítima coartada legal

Todos estos atentados y arbitrariedades contra las libertades se han agravado y facilitado gracias a la denominada Ley Mordaza (Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, entrada en vigor hace 1 año, en julio 2015), fabricada por el gobierno del PP precisamente para desactivar la resistencia popular, para intimidar y descabezar los movimientos de protesta social en paralelo, como instrumento funcional de, y complementario a, las políticas de saqueo y recorte de derechos implementadas en esta última legislatura.

En otras palabras, existe una directa correlación entre las políticas antipopulares, el empobrecimiento de amplios sectores de nuestra sociedad, el aumento de la desigualdad y la corrupción, por una parte, y el despliegue de la batería legal represiva, así como los intentos de aplastamiento de los focos de resistencia y las libertades civiles: de expresión, de manifestación, de reunión, etc.

De hecho, la espiral represiva más arbitraria y desproporcionada se origina en las luchas contra los desahucios y en las acciones de denuncia de los colectivos de ‘indignados’, del tipo de ‘rodea a...’, y en torno a todo lo que significó el 15-M. Pero en el año de vigencia de esa ley mordaza, las estadísticas no oficiales (estas no existen) de su aplicación hablan de decenas de miles de multas por ‘delitos’ como ‘faltas de respeto’ o ‘desobediencias’, que en muchos casos no son sino simples ejercicios de esos derechos democráticos.

Un sistema judicial cómplice

Escalada que implica al conjunto del aparato de Estado, pero en el que corresponde un  protagonismo particular al sistema judicial. Si bien en algunos casos la judicatura muestra apego a los principios del estado de derecho y al ejercicio de las libertades, en otras desgraciadamente frecuentes ocasiones parece que actúa al mandato de los designios represores del gobierno.

En este sentido es llamativa la distinta vara de medir judicial, normalmente severísima al procesar y condenar a jóvenes inconformistas, incluyendo las cuantiosas fianzas y multas que se les imponen, y muy laxa en cambio al juzgar a miembros de las fuerzas policiales, tal como ha comprobado hace muy poco Esther Quintana, que perdió un ojo al ser alcanzada por una pelota de goma de los mossos en Barcelona en el año 2012. Tras dilaciones y obstáculos de todo tipo, finalmente la ‘justicia’ ha absuelto a dicho cuerpo policial.

En esta misma línea, el sistema judicial viene mostrando una llamativa tolerancia hacia movimientos y organizaciones neofascistas y xenófobas, como el llamado Hogar Social de Madrid, que fomentan el odio y practican la violencia contra inmigrantes, homosexuales o activistas sociales, y cuya persecución e ilegalización resultan exigibles por la simple aplicación de nuestro marco legal.

Mención especial merece la Audiencia Nacional, tribunal de excepción dedicado a juzgar delitos políticos donde se deciden ilegalizaciones de partidos, cierres de periódicos y encarcelamiento de personas, en muchos casos con su mera declaración o testimonios arrancados con torturas, nunca investigadas. Su desaparición sería una buena noticia para la salud democrática de este país.

La parcialidad de la ‘justicia’ exige redoblar la lucha por la independencia de los órganos de gobierno del cuerpo judicial y de los tribunales superiores. Recientemente hemos podido comprobar con todo obsceno detalle como un ministro del actual gobierno, ahora en funciones, no tiene el menor empacho en manipular y presionar a jueces o fiscales para sus propios fines partidistas (ver las grabaciones de la conspiración del ministro Fernández Díaz con el fiscal anticorrupción de Cataluña).

Y es que la nunca acometida depuración del aparato represivo franquista ha facilitado la pervivencia, a lo largo de las décadas, tanto de personajes como de comportamientos más propios de la dictadura que de un estado de derecho en democracia. Para quienes vivimos en carne propia la política represiva de aquel régimen, esta es otro aciago rasgo de familiaridad de la actual deriva hacia el estado policial.