SALOMÉ GARCÍA
Puedo admitir que la negativa de algunas autonomías a impartir Educación para la Ciudadanía responda a una lógica moral que respeto aunque no comparto. Puedo tragarme que busquen lo mejor para sus ciudadanos desde niños y que no lo hagan sólo para fastidiar al Gobierno central.
Pero ¿qué lleva a algunos gobiernos autonómicos a negarse a aplicar el teléfono único de atención a las maltratadas? ¿Acaso pretenden que creamos que el 016 adoctrina en el pérfido pensamiento socialdemócrata a las mujeres necesitadas de ayuda por indicarles, por ejemplo, cómo refugiarse en una casa de acogida?
Coincide en que son siempre los mismos quienes se oponen a las iniciativas del Gobierno central para mejorar los derechos de los ciudadanos, desde el matrimonio homosexual, hasta la reforma de la Ley del Aborto, pasando por la regulación de la eutanasia o la controvertida asignatura para educar en valores
democráticos.
Esta vez son Madrid, Murcia, La Rioja y Castilla y León. Se da la circunstancia de que Madrid lidera el cómputo de mujeres muertas a manos de sus parejas en lo que va de año (ya son 8) y que las cuatro autonomías del PP que se han rebelado contra el 016 suman 30.000 de las 125.000 denuncias por
malos tratos que llegan a los tribunales.
¿Sería mucho pedir que esos gobernantes del PP dejaran la lucha política contra el PSOE para asuntos menos sangrantes?