Corrupción de poderes

Con virulencia creciente, asistimos a una guerra de empujones a los pilares del Estado de Derecho que amenaza con medina.jpgconvertir la división de poderes en que se asienta la democracia en un enredo. El colectivo de jueces ha decidido actuar como si fuera un partido político, utilizando además las técnicas de movilización de los sindicatos. En su protesta plantean reformas necesarias, pero la mecha que encendió su cólera es el corporativismo.

Las voces autorizadas de los jueces vienen a decir por pasiva que son un poder irresponsable, que nadie puede exigirles cuentas por sus actos y que las mismas leyes que aplican no siempre rigen para ellos. Frente al sentimiento dominante en la sociedad de que juzgan con doble rasero, los jueces eligieron como trampolín de su inaceptable blindaje el caso de su colega Tirado. Los ciudadanos que les pagamos el sueldo y sustentamos la independencia de su poder no tenemos derecho –eso creen– a pedir cuentas por la escandalosa negligencia del juez que no ejecutó la sentencia a quien luego asesinó a la niña Mari
luz. Todo el mundo es responsable de sus actos salvo si es magistrado. Dejaron clara su posición con una huelga, la primera en la historia de un poder del Estado, aunque ¿quién les va a juzgar por ello?

Más grave aún es la connivencia que a veces rige dentro de este club de privilegiados. Hace pocos días el Consejo General del Poder Judicial se reunió para debatir las declaraciones contra el juez Garzón realizadas por Fernando de Rosa, vicepresidente de este organismo dedicado a velar por la independencia judicial. La conclusión fue que era poco acertado decir que la investigación de Garzón sobre una presunta corrupción que toca al PP por varias partes “rozaba la prevaricación”. Pues el excelentísimo señor de Rosa se reunió en el mismísimo Palau de la Generalitat con el presidente de Valencia, Francisco Camps, y otros dirigentes del PP para debatir sobre un caso que parece implicar al propio Camps, su antiguo jefe en el Gobierno regional y el hombre que le promovió al cargo que tan mal ocupa. Declaraciones y reunión se produjeron el mismo día, el pasado 20 de febrero. ¿Habrá que recordarle al Poder Judicial que la ley que rige su funcionamiento y el propio Código Penal prohíben hasta una simple tarea de asesoramiento? No sólo las leyes, también el sentido común dicta que no pueden mezclarse justicia y política, máxime si hay posibles delitos por medio.

A la alteración de la serenidad de los jueces se suma la cruzada del Partido Popular. Ha llamado a rebato a sus filas para convertir en ataque general en su contra lo que es una investigación fiscal y judicial contra una supuesta trama de corruptelas que implica a algunos cargos del partido. Lo curioso es que la primera reacción de Mariano Rajoy y de otros dirigentes, entre ellos Federico Trillo, fue admitir que era una cosa del pasado y forzar la dimisión de varios responsables a modo de cortafuegos. Pero, al escupir hacia atrás, se mojaron los pies. Bastaron una llamada de teléfono y la intervención de Ana Botella en el máximo órgano de dirección del PP en defensa del legado de Aznar para alzar la nueva estrategia de derribar la instrucción judicial. La foto de todos los líderes juntos en el anuncio de la decisión parece la instantánea de un motín del que tendrán que irse bajando uno a uno.

Todos a una 

El objetivo es claro: invalidar la investigación logrando hacer prevalecer cualquier fallo en la instrucción. No se sabe todavía si a ello van a contribuir algunos jueces, para que no decaiga la ley del doble rasero. Pero el interrogante que deja el PP en pleno es por qué salen todos a una a defender a un grupo de supuestos corruptos. En esta batalla diputados populares utilizan el Parlamento para atacar la independencia de los jueces, en otra plástica muestra de respeto a la división de poderes. Y al rechazar al juez instructor, sin explicar en base a qué privilegio natural, el PP parece situarse por encima de la justicia.

Rajoy tiene todo el derecho de defender a su partido, siempre que respete las reglas que nos obligan a todos. En la campaña de agitación, entremezclada estos días pasados con la petición del voto, puede anotarse el tanto de haberse cobrado la cabeza del ministro de Justicia. Es una buena victoria de la estética sobre la ética, porque de lo que menos se habla y escribe ya es de que aquí se investiga a unos supuestos amigos del partido que ejercieron su influencia para conseguir contratos que se financian con el dinero de todos. También está en tela de juicio la corrupción de altos cargos del partido.

En lugar de imponer el guión, lo que debería preguntarse el PP es si emplear toda su influencia y gran parte de su crédito democrático para intentar tapar algo sucio es compatible con su legítima aspiración de volver a gobernar. Rajoy no debería olvidar que el partido que preside llegó al poder denunciando la corrupción de la última etapa en el Gobierno de Felipe González. Y tampoco debería seguir ahondando esta peligrosa política de confusión o corrupción de poderes.