SALOMÉ GARCÍA

Si arrearle una bofetada a un hijo de 10 años que te acaba de lanzar una zapatilla está penado con cárcel y más de un año separada del menor, poco me parecen los 19 años de condena que solicita el fiscal para la madre de Alba. La niña catalana fue reiteradamente torturada por el novio de su madre mientras ésta participaba, al menos, por omisión. Alba continúa hoy en día un vía crucis de intervenciones quirúrgicas para intentar que vuelva a caminar y a articular palabra.

El caso, cuyo juicio se inició ayer, es repulsivo y cualquier condena parecerá escasa para castigar tanto daño causado a la menor. La proporción ahí es imposible. Pero el asunto de la bofetada es justo al revés. La jueza está infligiendo al menor un daño muy superior al que le causó su madre. Por mucho que le doliera la torta y la lesión que sufrió al caer en el lavabo, no es comparable con estar más de un año sin ver a su madre. Es lo que quiere expresar hoy el pueblo de Pozo Alcón, que se concentrará en apoyo de la familia y contra la sentencia.

Y es que la desproporción es habitual en el ámbito judicial. A un juez que ocultó 200 casos sin resolver para pasar por un tipo eficiente ante su sustituto, le han puesto 300 euros de multa. A saber cuánto mal ha provocado. Al magistrado que no encarceló al asesino de Mari Luz, su error le costó 1.500. Sobre los efectos de su conducta, se han gastado ya ríos de tinta. Sin embargo, contra ninguno de estos dos consta orden de alejamiento de los ciudadanos a los que han dañado.
La madre del tortazo no pega habitualmente a sus hijos y su niño mayor es muy díscolo. Ambos son hechos probados que recoge la jueza. La bofetada ocurrió dos años antes de la sentencia y en este tiempo no se ha repetido violencia alguna en esa familia. Son hechos que deberá sopesar el juez que decida sobre el recurso si quiere dictar un auto proporcionado.