Opinion · Con M de

Colombia, de la paz al éxodo internacional

Manifestación en Madrid a favor de la paz en Colombia. Foto: Ochoa 2016 (CC BY-NC-ND 2.0)
Manifestación en Madrid a favor de la paz en Colombia. Foto: Ochoa 2016 (CC BY-NC-ND 2.0)

Por José Aragón (@sejoluis)

Tras el estancamiento que sufre la aplicación de los Acuerdos de Paz de La Habana con el que el Estado colombiano se comprometió, junto a las FARC -la guerrilla más antigua del hemisferio occidental-,  a poner fin a un conflicto con más de 50 años. Se empiezan a evidenciar los efectos del inicio de un nuevo ciclo de violencia en el país, miles de ciudadanos colombianos han salido del país y en numerosos casos solicitan protección internacional.

En España, las solicitudes de asilo y protección internacional de colombianos presentan un importante aumento, pasando de 2.504 en todo 2017 a 14.503 solo en el primer semestre de 2019 (Enero – Julio 31). En estos últimos dos años, son 25.818 los colombianos que han solicitado protección internacional al Gobierno español por diversos motivos de seguridad. Colombia es hoy el segundo país en solicitudes de asilo en la península, según datos aportados por el Ministerio del Interior.

Gráfico: Elaboración propia. Fuente: Ministerio del Interior de España
Gráfico: Elaboración propia. Fuente: Ministerio del Interior de España

Esta situación evidencia además del numeroso flujo de personas, cambios en la seguridad en el país. Los Acuerdos de Paz de La Habana se firmaron en el año 2016 y desde entonces Colombia vive una profunda polarización, liderada por el actual presidente de la república, Iván Duque (heredero político del expresidente Álvaro Uribe), y su bancada cuando se encontraban en ejercicio de la oposición. Su bandera para llegar al poder fue hacer trizas los Acuerdos de Paz y hoy desde el Ejecutivo colombiano han minado el camino a la aplicación de lo acordado.

Desde su posesión, el actual presidente ha utilizado mecanismos jurídicos y políticos para dilatar la aprobación de leyes, así como el uso de un discurso institucional que deslegitima a su adversario político, las FARC, reintegrada en la vida civil, maneja además un doble discurso con la comunidad internacional, que con una importante representación parlamentaria acompañó en la negociación y la firma, y hoy vigila la aplicación de los acuerdos. 

Colombia fue hasta 2017, el primer país en América Latina en desplazados, con una cifra cercana a los 7,7 millones de migrantes forzados por el conflicto interno, mientras que las muertes de la contienda hasta 2018 se calculaban en 262,197 personas.  

Desde 2017 diversas organizaciones en Colombia vienen denunciando el asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos. A noviembre de 2018, la cifra alcanzó las 545 violaciones a los derechos humanos entre los que se encuentran asesinatos, secuestros, agresiones sexuales, amenazas y desapariciones forzosas. Este llamado ha logrado tener eco en la comunidad colombiana residente en el exterior, que ha manifestado su rechazo por la grave situación de seguridad que vive el país.   

Tras el éxodo venezolano internacional, los colombianos son la segunda nacionalidad en número de solicitudes de asilo y protección internacional en España, hecho que se disparó desde el año 2018 (ver tabla 1). Este escenario no deja de ser llamativo para un país que “transita” a un camino de Paz.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) ubica la cifra de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo que va de 2019 en 116 personas, en 74 municipios. Así mismo, señala que desde la llegada de Iván Duque a la presidencia, han sido asesinados 229 líderes sociales.

Preocupa además el flujo migratorio en la extensa frontera que comparte el país con Venezuela, puesto que el escenario de seguridad rural y urbana en diversas regiones es complejo. El aumento de la violencia en Colombia no es fortuito: obedece a medidas políticas que buscan llevar al país a un nuevo escenario de confrontación, transitando así de la esperanza a la guerra.

Se hace necesario que la Unión Europea y el gobierno de España -garantes durante los diálogos, la firma y la actual implementación de los acuerdos- a través de vías diplomáticas garanticen el cumplimiento de lo acordado, eviten el retorno a un escenario de confrontación, así como a la violación de derechos humanos. La inseguridad y la violencia son factores que hoy estimulan la salida del país por quienes temen por su integridad y la de sus familias.