Sara Ortega (@Sarortegap) y Macarena de Cabo (@MacadeCabo)

• Una parte de la población migrante queda forzada a vivir en los márgenes legales y no recibe ninguna ayuda institucional durante la pandemia
• Sin embargo, muchas migrantes no se quedan de brazos cruzados: han decidido luchar y autoorganizarse para salir adelante mediante redes de apoyo o cajas de resistencia
• En Lavapiés, la unión de africanos reparte alimentos a 450 familias sin importar la nacionalidad: "No hacemos distinción, el COVID-19 afecta a todos"

La crisis del COVID-19 pone en evidencia las carencias de un sistema migratorio repleto de grietas. Las personas migrantes en España a mediados de 2019, en torno a 6,1 millones según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas, y especialmente las que están en situación irregular, unas 600.000, según los cálculos de CEAR; se enfrentan a un escenario complejo. Por un lado, el gobierno establece algunas facilidades para atraer a extranjeros al campo y al sector sanitario y, por otro, les excluye de los planes de reactivación económica y ayuda de emergencia. Todo ello sumado a los efectos agravados de tener un acceso limitado a la sanidad, convivir con la incertidumbre por el parón de los trámites de Extranjería y permanecer en la clandestinidad, sin los derechos básicos y con pocos recursos económicos. 

Los extranjeros que viven en España de manera irregular están excluidos de ayudas y derechos, no encuentran trabajo porque no tienen papeles y tienen que estar al menos tres años viviendo en España si quieren conseguir el permiso de residencia. Además, tienen que cumplir otras muchas condiciones y la realidad es que, aun así, no siempre obtienen la documentación que les permite trabajar en el país. Sin embargo, las personas migrantes no se quedan cruzadas de brazos. Como si hicieran suyo el lema del gobierno contra la pandemia ("este virus lo paramos unidos"), muchas personas han decidido luchar y autoorganizarse para salir adelante.

Históricamente, la autoorganización ha sido primordial entre las personas migrantes que quedan forzadas a vivir en los márgenes legales y que no reciben ninguna ayuda institucional. Por ejemplo, es famosa la labor de Las Patronas, un colectivo de mujeres mayores que viven cerca de las vías del mortal tren conocido como ‘La Bestia’ y ayudan con alimentos a los migrantes que suben al convoy para llegar hasta Estados Unidos. En el campamento de migrantes de Calais en Francia, construyeron una pequeña ciudad en la que vivir con dignidad. Además, recientemente en el país galo, los denominados chalecos negros han elaborado un manifiesto que aboga por acabar con este sistema que crea ‘sin papeles’. Ahora, la pandemia ha evidenciado cómo los migrantes abandonados por el sistema se organizan y luchan por su dignidad y supervivencia.

Un techo para los temporeros del campo onubense

El COVID-19 pone en jaque la cosecha, ya que dejó varados a los 30.000 temporeros que cada año vienen desde el extranjero. Una de las provincias más afectadas es Huelva, donde estos días tiene lugar la campaña de la fresa, una de las recogidas más importantes, que ha generado para esta campaña de 2020 según el SEPE, 10.250 puestos de trabajo.

PorCausa ha podido hablar con uno de ellos, un senegalés de 25 años que llegó a España hace dos años y medio. Los seis primeros meses no pudo trabajar porque le pedían papeles así que se los dejó un amigo. Actualmente sigue sin permiso de residencia, recoge mandarinas y naranjas en Lepe (Huelva) a la espera de recibirlo a finales de este año. Ha sobrevivido gracias a la ayuda de sus amigos temporeros. "Yo ahora vivo en una casa compartida con cinco personas, me acogió un amigo. Antes vivía en los asentamientos". Por desgracia, pocas de las 700 personas que viven en chabolas, según Cáritas, cuentan con redes de apoyo que les proporcionen un hogar en condiciones.

Las condiciones de vida de estos asentamientos son deplorables, ya que no disponen de sistema de electricidad ni acceso a agua potable, entre otros bienes básicos. Tampoco tienen un servicio de recogida de basuras, lo que aumenta el riesgo de incendios, como ocurrió el pasado 14 de abril en el asentamiento de Palos de la Frontera. No obstante, la Asociación Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (Asnuci), una organización formada por migrantes en Lepe, (Huelva), ha creado un proyecto para crear un albergue en una nave con capacidad para 40 personas. Para llevarlo a cabo se han pedido 96.000 euros y estará compuesto por habitaciones compartidas, baños colectivos, servicio de lavandería y de taquillas, zona de restauración colectiva y zonas comunes.

Un almacén de alimentos de urgencia en la tienda de moda africana

En Madrid, Becha Sita Kumbu está orgullosa del proyecto que ha lanzado junto a 24 amigos y compañeros de muchas nacionalidades. Son miembros de la Asociación Beshawear Unión de Africanos de España, y llevan al menos un año y medio ayudándose unos a otros, así como a personas migrantes que llegan de nuevas a España. 

Esa primera experiencia de constituir una red de autoayuda ha sido un avance en tiempos de coronavirus. Así, la tienda de ropa y complementos africanos que regenta Becha es ahora un local donde almacenan la comida que recaudan. El boca a boca, las redes sociales y empapelar las calles ha conseguido que muchas personas se acerquen a dejar alimentos o donen dinero. Este proyecto no cuenta con ningún tipo de apoyo público, por lo que cualquier ayuda es bien recibida, aunque cada día es una vuelta a empezar. Con la primera compra a principios de la pandemia asistieron a diez familias. Actualmente, atienden a una media de 50 familias cada día, los siete días de la semana. El cansancio de este ritmo ininterrumpido se palpa en la sosegada voz de Becha, que se dedica de manera exclusiva a esta tarea, "con placer, porque me gusta", reitera.

Además de los barrios madrileños de Tirso de Molina y Lavapiés, los miembros de la asociación que encabeza Becha intentan llegar a cualquier hogar en el que una familia necesite comer. Katalina Mikwe es guineana y se encarga de que esta solidaridad llegue a cada casa: acude a cualquier parte de Madrid en su coche. Asimismo, cuando las donaciones no son suficientes, ponen de su propio bolsillo los 260 euros que cada día gastan en comida. Hay alrededor de 450 familias, migrantes y españolas, que no podrían comer si no fuera por su servicio altruista. "No elegimos quién o quiénes [reciben la ayuda], no hacemos distinción porque el COVID-19 afecta a todos, no solo a nosotros", puntualiza Becha.

Caja de emergencia para quienes están excluidos de las ayudas

Abdou, vendedor ambulante senegalés que lleva en Madrid siete meses, es una de las muchas personas que necesitan un apoyo externo, pues ha visto sus ingresos reducidos a cero. Recibe ayuda de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses en España (AISE), que lanzó una recogida de fondos para asistir a las familias de compatriotas que se ven en esta situación. Su secretario, Youssoupha Sock, asegura que el teléfono no deja de sonar desde que comenzó el estado de alarma. Añade que las personas migrantes ya vivían una situación complicada antes del confinamiento, que ahora se ha agravado más. "Ni siquiera tienen para poder seguir sobreviviendo porque todos ellos sobrevivían con lo que vendían en la calle. Ahora no pueden. Solamente viven de las ayudas". 

Dado que el Gobierno no ofrece ninguna ayuda específica a los migrantes que no tienen ingresos debido al coronavirus, y muchos no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital por no disponer de una cuenta corriente, la solución es la ayuda mutua. AISE también está en contacto con otras asociaciones, como Dragones de Lavapiés, para que les hagan llegar alimentos. Todo apoyo es necesario.

Son muchas las campañas que visibilizan esta dicotomía: por un lado los migrantes son útiles al conjunto de la sociedad pero al mismo tiempo no son reconocidos como ciudadanos de pleno derecho. La recogida de la fruta, la hostelería y atención al público, el envío de comida a domicilio o la limpieza de hogares y locales son sectores esenciales que cuentan con una elevada proporción de personas migrantes, que trabajan en condiciones precarias y cuya remuneración es escasa. Mientras esperan ser reconocidos como ciudadanos de pleno derecho, la autoorganización continuará en movimiento.