La excepcionalidad de la irregularidad

Varias pancartas en una concentración para exigir la regularización de todas las personas migrantes en situación administrativa irregular, a 19 de febrero de 2022, en Madrid (España). -Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
Varias pancartas en una concentración para exigir la regularización de todas las personas migrantes en situación administrativa irregular, a 19 de febrero de 2022, en Madrid (España). -Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

La semana pasada se confirmaba que la campaña de Esenciales, liderada por el movimiento migrante RegularizaciónYa, ha conseguido recuperar el más de medio millón de firmas útiles necesarias para que se apruebe la ILP que promueve la regularización extraordinaria de personas migrantes sin papeles. Ha sido un año de trabajo y esfuerzos que han unido prácticamente a un millar de organizaciones absolutamente diversas en lo que ha constituido un esfuerzo popular histórico en el que han participado unidas desde la Conferencia Episcopal a la CUP. 

Con este resultado se culmina un esfuerzo que se inició en el año 2020, durante el primer encierro de la pandemia. En aquel momento Portugal e Italia iniciaron unos procesos parciales de regularización extraordinaria. La irregularidad era casi inasumible en plena crisis sanitaria puesto que limitaba las capacidades de los colectivos sin papeles para poder ayudar y al mismo tiempo que la falta de derechos sanitarios podía derivar en un problema adicional de salud pública. La crisis evidenció lo idiota de una situación deshumanizada. Nació en nuestro país RegularizaciónYa, una red de personas migrantes sin papeles. La Fundación porCausa presentaba en un informe actualizando, el primero en 15 años, los datos del perfil de la irregularidad en España; casi medio millón de personas, la mayoría de origen latinoamericano, se encontraban en situación irregular. Los esfuerzos que se hicieron en aquel momento se encontraron con la barrera de Alemania -al parecer, si queríamos su apoyo para conseguir los fondos de recuperación de la pandemia, teníamos que renunciar a la regularización extraordinaria- y sin el apoyo del PSOE, los esfuerzos fueron en vano. 

Tuvo que transcurrir un año para que todo catalizara en una nueva iniciativa. La idea era brillante, utilizar los recursos que nos ofrece nuestro sistema democrático para iniciar una acción que llevara el debate de la regularización al Congreso fuera del marco partidista: una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). El primer reto fue conseguir que el Congreso aprobara la propuesta de texto legislativo. Una vez conseguido esto se inició la segunda parte del proceso, conseguir medio millón de apoyos legales, en formato de firmas físicas o digitales con certificado electrónico. Han sido meses de trabajo intenso en los que principalmente RegularizaciónYa ha sido capaz de demostrar que la unión hace la fuerza y que existe un apoyo social fuerte y legítimo a la regularización extraordinaria en nuestro país. 

Este miércoles 21 se entregarán en el Congreso el más de medio millón de firmas verificadas. Con esto se inicia un nuevo proceso en el que la propuesta legislativa se tendrá que debatir y potencialmente conseguir los apoyos necesarios para salir adelante. Ahora, hay que conseguir que los diferentes detractores iniciales de la regularización extraordinaria cambien su posición. Las razones de este cambio deben venir del reconocimiento por parte de las diversas fuerzas políticas del interés popular en que así suceda. Hay una gran cantidad de razones irrefutables para ello que ya fueron obviadas en 2020, por eso, solo queda contar en la presión social que el millar de organizaciones involucradas en la campaña puedan ejercer en los próximos meses. Hay que aprovechar la oportunidad del debate en el Congreso para mantener el tema de la regularización en la agenda pública. La normalización de este proceso dentro del imaginario colectivo sería el gran triunfo de esta campaña: no solo se trata de llevar a cabo un acto extraordinario para empezar con rasero cero, sino de poner los medios necesarios para que la excepcionalidad sea que existan personas en situación irregular en nuestro país.