21/10/200921/10/2009

El Obispado de Córdoba ha movido cielo y tierra en los últimos meses para evitar que la fusión con Unicaja lamine los antiguos privilegios de la Iglesia católica en Cajasur. Unos privilegios que le han permitido controlar esta institución financiera desde su fundación y que le han proporcionado un poder omnímodo. Gracias al dinero captado a través de sus sucursales, Cajasur ha sido el perejil de todas las salsas económicas que se han trabado en la provincia de Córdoba y aún más allá. Pues MIGUEL CASTILLEJO, que la presidió durante casi 30 años, no era hombre al que le gustara poner fronteras a su influencia.

Tal fuerza tenía este sacerdote devenido banquero que logró doblarle el brazo incluso a algún iluso mitrado que quiso embridarlo. JAVIER MARTÍNEZ fue oportunamente ascendido a arzobispo y trasladado a Granada después de un rifirrafe con Castillejo que llegó hasta las puertas del Vaticano. A monseñor Martínez ni siquiera le valieron para salirse con la suya los avales que le proporcionaba su pertenencia al movimiento Comunión y Liberación, de gran predicamento en Roma.

Para entonces, Cajasur se había convertido en piedra de escándalo tras conocerse que Castillejo tenía blindada su jubilación con un seguro de prima única de tres millones de euros. El dato salió a la luz en plena polémica sobre la nueva ley que MANUEL CHAVES y su consejera de Economía, MAGDALENA ÁLVAREZ, promovían para allanar el camino a la todavía hoy no nata caja única de Andalucía. Castillejo veía una seria amenaza en ese proyecto y no había tenido empacho alguno en sacar a la calle a miles de cordobeses que se manifestaron contra los propósitos de la Junta.

El histórico presidente de Cajasur logró conjurar el peligro, pero a la postre no pudo salvar su puesto. Los sucesores de Castillejo, al menos en esto, han seguido los pasos que él les marcó, con la particularidad de que ahora la posición de la entidad es más débil por los jirones que se ha dejado en la crisis del ladrillo.

A la fuerza ahorcan

De hecho, la fusión con Unicaja se justifica básicamente por la necesidad de diluir los quebrantos que ha causado a Cajasur el estallido de la burbuja inmobiliaria. El año pasado, cerró con una tasa de morosidad del 6,4%, superior incluso a la que en su día reconoció la intervenida Caja Castilla La Mancha. Sus beneficios tuvieron una caída del 35% (51,3 millones de euros) por lo que se refiere a la actividad estrictamente bancaria.

Un incomprensible órdago
Por eso cuesta entender la displicencia con la que Cajasur ha llegado a anunciar que abandonaría la fusión si no se preservaban sus privilegios. Entre ellos y sobre todo, la representación de la Iglesia en los órganos de gobierno de la sociedad resultante. Dicho de otra manera: pese a que su delicada situación actual es fruto de una gestión poco prudente, quienes mandan en Cajasur pretenden seguir disfrutando mientras otros pagan la fiesta.

Daños colaterales
Para Unicaja se trata de una aspiración difícil de consentir, no ya sólo porque ahora es injustificable, sino también porque compromete gravemente su futuro. Si llegado el momento se le presentara la oportunidad de otro matrimonio, tener a la Iglesia dentro con un peso desproporcionado sería un indudable obstáculo. Unicaja tiene plena conciencia de ello y de ahí su resistencia a una fusión que a la postre pueda atarle las manos.