Pere Ortega, Centre Delás d'Estudis per la Pau

Ha sido presentado en Barcelona el documento "Cataluña, nación de paz" donde se argumenta cómo abordar la seguridad y la defensa de los estados, tanto de los ya existentes, cómo los de nueva creación, por si este fuera el caso de Cataluña o de algún otro en el ámbito europeo. El documento, ha sido redactado por diversas personas (entre las que me encuentro), provenientes todas ellas de entidades vinculadas a la construcción de paz.

El argumento principal, sostiene que, en la Europa del siglo XXI, no se perciben riesgos, peligros y amenazas que justifiquen la creación o existencia de ejércitos en su concepción actual, pues los conflictos existentes o los que puedan devenir, no deberían afrontarse desde una perspectiva militar, debido a que provienen de ámbitos que no requieren de respuesta armada, sino utilizando y mejorando los activos existentes en materia de seguridad: política exterior, diplomacia, policía, agencias de información, medios jurídicos, centros de prevención y mediación en conflictos, como la OSCE o los que se deberían crear.

Esto es tan visible en España como en la propia UE, donde la mayoría de las inseguridades provienen de ámbitos que son perfectamente abordables con los medios convencionales de seguridad mencionados. Recordemos cuáles son los más importantes que menciona el documento de seguridad de la UE, que son los mismos que enumera la Directiva de Defensa Nacional del Estado español: terrorismo internacional y crimen organizado. Mientras que los otros dos, la proliferación nuclear y la desestabilización interna de los Estados, deberían recaer en manos de Naciones Unidas.

Y en ese sentido, no deja de ser grotesco, que hoy, en la UE, los países miembros en su conjunto, mantengan un millón setecientos mil soldados. Una cifra desorbitada para una región que ha eliminado la posibilidad de la guerra en su interregno interior y que aspira a la unidad política. Si no se perciben amenazas que justifiquen la existencia de ejércitos tan numerosos, una fuerza de cien mil soldados sería más que suficiente para garantizar la paz de Europa y al mismo tiempo permitiría eliminar el resto de ejércitos nacionales. Algo similar ocurre en el mundo, donde hay veintiún un millones de soldados, cuando son las Naciones Unidas las encargadas de velar por la paz mundial. Entonces, si la ONU dispusiera de una fuerza propia y estable para abordar y pacificar los conflictos se podrían empezar a reducir todos los ejércitos.

Ausencia de amenazas militares exteriores, que en el caso de un nuevo estado de las dimensiones de Cataluña , y con unos países vecinos donde no se perciben amenazas de ningún signo y con los que nos unen lazos fraternos de amistad, cultura y estrechas relaciones comerciales no justificaría en ningún caso la creación de un ejército, dado que Cataluña y el resto de estados podríamos compartir la seguridad.

Dicho todo esto, qué hace un federalista convencido como yo, con una identidad compartida, qué se siente igual de cómodo con la cultura catalana cómo con la castellana y hermanado con los otros pueblos de la península, contribuyendo a la redacción de un documento sobre la creación de un nuevo estado en la península. Por un lado, el convencimiento de que los ejércitos son una rémora del pasado, que hoy su existencia solo obedece a la inercia, y que no existen razones objetivas que los justifiquen en un mundo dónde la ONU debería ejercer como órgano de seguridad global.

Por otro, el convencimiento de que el régimen político español de 1978 hoy se ha convertido en un sistema inservible y poco democrático pues no satisface los intereses de una buena parte de la población, al menos en Cataluña y País Vasco; además de los continuos escándalos de corrupción - monarquía, Tribunal Constitucional, grandes partidos que gobiernan España y muchas autonomías (Cataluña incluida) -; sin olvidar la inservible ley que regula las elecciones y la financiación de los partidos.

Así, la demanda de una consulta sobre la autodeterminación de Cataluña puede ayudar a la ruptura del estado actual y a abrir un proceso que obligue a renegociar las relaciones entre las comunidades históricas de la península.