Opinion · Crónicas insumisas

Fin de la guerra en Colombia

Tica Font, Directora del Instituto Catalán Internacional por la Paz y miembro del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

Finalmente el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC han anunciado un alto al fuego definitivo y la firma de unas negociaciones que acabarán con casi 60 de guerra en el país. Con la firma de estos acuerdos se inicia un nuevo proceso, en donde la violencia política pasará a ser cosa del pasado. Ello no supone que los retos a los que se van a enfrentar en este nuevo periodo histórico no sean importantes.

La guerrilla abandona la estrategia de la violencia para conseguir transformaciones sociales, elige la estrategia política, elige las reglas democráticas para impulsar su proyecto político. Las FARC renuncian al uso de métodos violentos como instrumento político y se transformarán en un partido y como tal elaborará un proyecto político de país y se someterán a la voluntad de las gentes a través de las elecciones. Pero en el recuerdo de muchos queda la masacre que sufrió Unión Patriótica, partido surgido de una negociación de paz y cuyos más de 6.000 líderes fueron asesinados. En la mente de muchos queda la pregunta: ¿permitirá el Estado que esta situación se repita?, ¿o en esta ocasión habrá consenso entre las fuerzas políticas y las elites del país en que la violencia política se ha acabado y actuarán todos los instrumentos del Estado para impedirlo?

El otro gran reto por volumen y por responsabilidad, será reparar a las más de 8 millones de víctimas del conflicto, reparar a todos aquellos que les fueron arrebatadas sus tierras, a todos los que perdieron a un familiar por que fueron asesinados o desaparecidos. Es necesario saber lo que ha pasado, saber la verdad de los hechos acontecidos y saber los nombres de los responsables.

Será necesario acabar con la impunidad, que los crímenes del pasado sean investigados, aclarados, juzgados y los responsables condenados. La reparación a las victimas incluye juzgar en tribunales a los responsables de los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado y a los responsables de las FARC. La credulidad o la desconfianza de muchos ciudadanos radica en pensar que es posible todo ello, será necesario demostrar que es posible hacer justicia a las víctimas.

El abandono de la lucha armada por las FARC supondrá su acantonamiento, y un proceso de reinserción social, laboral y de convivencia con unas comunidades que están temerosas, que desconfían del proceso, desconfían que realmente abandonen la violencia. Temen que las FARC acaparen los escasos recursos económicos que la paz producirá. La mayoría de población ha nacido en la guerra y no tiene referencias sobre como discurre la vida en paz. Se abre una puerta a lo desconocido, sin referencias sociales y vitales para la mayoría de población que no sabría definir qué supone vivir en paz. Estos primeros meses e incluso los primeros años serán esenciales para desarrollar programas de convivencia que hagan posible que todos participen de la construcción de un nuevo país.

Se abre un periodo importante, en el que esperamos que se acabará con la violencia de origen político, pero en esta nueva etapa se pondrá de manifiesto que una gran parte de la violencia que sufren los ciudadanos está ligada a la economía ilegal, al narcotráfico, a la minería, a los macro proyectos, a formas mafiosas de control territorial y al control de la economía local. Todas estas violencias no forman parte de las negociaciones de La Habana y serán más visibles en este nuevo escenario. No por ello no hay que dejar de celebrar que una parte de la violencia cejará.

La firma de los acuerdos de La Habana abre un proceso de transición en muchos frentes. Un proceso de transición política, en la que aparecerán nuevas fuerzas políticas con nuevos proyectos políticos, una transición que tendría que acabar con la alternancia de conservadores y liberales en el poder, que tendría que producir cambios en la ley electoral, en el reparto de escaños y en la descentralización de la administración del Estado transfiriendo competencias a los municipios y regiones. Esta transición política supone profundizar la democracia, aceptar y potenciar el papel de los movimientos sociales, profundizar en la cultura del pacto político y de que lo pactado se cumpla; avanzar en una cultura del rechazo a la corrupción y a la ilegalidad.

Un proceso de transición económica. Implementar los acuerdos de La Habana requerirá de dotación económica, para reparar a víctimas, e impulsar el desarrollo rural. A menudo en esta fase suelen primar criterios de estabilidad presupuestaria, no disparar el gasto público y controlar la inflación; con lo cual no se llevan a cabo las inversiones necesarias que se han acordado en las negociaciones. Habrá que realizar mucha presión para que los criterios macroeconómicos no se impongan Pero la transición económica tiene que ir más allá de dotar económicamente los acuerdos, el país requiere disminuir la pobreza, requiere disminuir las desigualdades de renta entre muchas capas sociales y en especial disminuir la diferencia de rentas entre el campo y la ciudad. Ello hace necesario abordar reformas fiscales, es necesario que ciertas empresas paguen más impuestos y que las rentas más altas también paguen más impuestos.

Los retos son muchos, pero es el momento de luchar para que los sueños sean posibles. Este es un buen momento para Colombia.