Pere Ortega, Centre Delàs d'Estudis per la Pau

Indra, según el balance de la empresa de 2014, su cuenta de resultados arrojó pérdidas de 91,2 millones. Inmediatamente la nueva dirección bajo el mandato de su nuevo presidente Fernando Abril-Martorell jr, anunció un plan estratégico de reestructuración de la compañía para 2014-2018, e inmediatamente el ERE no se hizo esperar. En el verano de 2015, se anunciaba que 1.750 personas en todo el Estado se verían afectadas por un expediente de regulación de empleo. El sindicato mayoritario de Indra, Co.Bas, denunció que este ERE era una maniobra de ingeniería contable de la nueva dirección que había manipulado los balances introduciendo como gastos no recurrentes una partida de 196 millones, así se conseguía que el resultado final de la compañía arrojara pérdidas.

Este sindicato, indicaba que detrás del ERE, se encontraba una maniobra política del Gobierno del PP, cuya pretensión era crear un polo militar industrial (ya indicado en el artículo anterior) impulsado por el titular del Ministerio de Defensa, Pedro Morenés. En ese sentido, hay que observar que el ERE no afecta a la producción militar, sino que se extendía a otras unidades de la compañía. Esta propuesta, entronca con la política seguida por el actual Gobierno del PP, quien a través del Ministerio de Defensa y la SEPI pretenden impulsar la industria militar, un sector que consideran estratégico para la Defensa y la Seguridad Nacional, y de paso ayudar al sector a superar la crisis iniciada en 2008, cuando Defensa sufrió recortes que también afectaron a las compras de armas a las empresas.

Otra sospecha de las maniobras que llevaba a cabo la nueva dirección de Indra es que, tras el anuncio del nuevo plan estratégico y el ERE, las acciones en el mercado de valores subirían considerablemente, lo cual sucedió. Así, una vez conseguido el plan de vincular Indra al polo industrial militar, se podría justificar la venta de Indra al sector privado y obtener importantes plusvalías para el Estado.

Una de las cuestiones más controvertidas de Indra es el relacionado con empresas subcontratadas, algo muy generalizado en las grandes empresas, especialmente las de servicios, espacio donde Indra juega un gran papel. Según el balance anual de la empresa de 2015, la subcontratación de Indra alcanzó a 1.483 personas en todo el Estado. Pero según el sindicato Co.Bas, estos podrían alcanzar los 6.500, como así lo indica la cuenta de correo electrónico en la base de datos de la compañía acabada en @eservicios.indra.es, cabe pensar que solo en Barcelona, según éste sindicato figuran unos 800 subcontratados.

Esta cuestión de la externalización de trabajo a través de subcontrataciones tiene un gran impacto en la economía del país. En primer lugar porque a través de ella se permite la fragmentación de un ámbito muy importante del proceso productivo, el laboral, pues esto permite que el control del conjunto del producto quede exclusivamente en manos de la dirección de la empresa, y fuera del control de los trabajadores y de su comité de empresa. Esta fragmentación permite a la dirección de la empresa reducir el tamaño de la plantilla, a pesar de que buena parte del empleo subcontratado presta sus servicios en la misma factoría (así ocurre en Indra), con lo cual fracciona y debilita la acción sindical de los trabajadores, porque esos subempleados están acogidos a convenios sindicales diferentes, además tienen una jerarquía de mandos superpuesta, el de la empresa matriz y el de la subcontratada. En segundo lugar, se produce una competencia muy agresiva entre las empresas subcontratadas para conseguir los servicios de la empresa matriz, lo cual se traduce en trabajo a tiempo parcial, precario, bajos salarios y menos derechos laborales para los trabajadores. Es decir, unas prácticas abusivas sobre los trabajadores que debilitan mucho actuar en defensa de sus derechos. En Indra ocurre todo esto, el empleo subcontratado tiene la misma o incluso mejor calidad que la del empleo fijo, pero en cambio tienen menos derechos laborales, peores salarios y contratos con horarios parciales y muy fragmentados.

Los paseantes de la zona de Diagonal en 22@ de Barcelona, cuando se encuentren frente al imponente edificio acristalado de Indra Sistemas y admiren su bella arquitectura, deben saber que Indra no es ninguna empresa modélica en RSC (responsabilidad social corporativa), debido a las prácticas abusivas de sus subcontrataciones, allí se da ocupación a 1.035 personas, 910 en el resto de empresas del grupo y unas 800 personas más de otras empresas subcontratadas. También por su implicación en la producción militar de armamentos. Unas armas que España hoy está exportando a países como Turquía, Arabia Saudí, Egipto o Catar entre otros muchos países que directa o indirectamente están implicados en las guerras actuales de Siria, Yemen, Afganistán e Irak, y en consecuencia, con la grave crisis de refugiados que huyen de la guerra y a los que España y Europa hoy les niega acogida.