Flota cada vez con más fuerza en Europa la sombra de la privatización de la Policía. En Reino Unido ya hay algunos departamentos híbridos, con uniformes con los dos logos -los de la Policía y la empresaa privada- y en Alemania podría darse el salto en breve. Las medidas de austeridad se encuentran detrás de estos movimientos, apoyándose en esa teoría neoliberal tan falsa de que no se privatiza un servicio sino su gestión.

¿Seguirá España estos pasos? A corto plazo, diría que no, al menos por el momento y en vistas al 12-M y todo lo que se mueve a su alrededor. Al ministerio del Interior, con el reaccionario Fernández Díaz al frente, le interesa tener bien atadas a sus Fuerzas del Orden, o del Desorden en los casos en los que su respuesta a manifestaciones no sigue los criterios de proporcionalidad. Sólo así puede defender con cierta solvencia -carente de moralidad, eso sí- reformas del Código Penal que se asemeja cada vez más al Fuero de los Españoles o poner en marcha páginas webs que vulneran la presunción de inocencia de los individuos. Ya hay quien asemeja este tipo de webs con la sección 'El Paredón' del semanario antisemita Der Stürmer en la Alemania de los años 30, cuando publicaba fotos de alemanes que compraban en comercios judíos para su identificación ciudadana.

¿Tiene alguna ventaja el modelo de privatización de la Policía? En absoluto. La esencia de una empresa en este sistema capitalista es el crecimiento desenfrenado. Crecer, crecer y crecer a contrarreloj. Y cuando hablamos de las Fuerzas del Orden, ¿cómo se puede crecer? Sólo de un modo, si se incrementa antes la tensión social, los desórdenes ciudadanos, estén éstos justificados o no. Ya vimos en el pasado indicios capitalistas en la gestión y evaluación de la eficacia policial, medida por el número de arrestos o multas, lo que dio lugar a, por ejemplo, redadas de inmigrantes en locutorios o con criterios raciales. Al otro lado del charco, las multinacionales de mercenarios que utiliza el Gobierno de EEUU en sus guerras ya han dado pruebas sobradas del peligro de corrupción que tienen estas prácticas. ¿Por qué insisten ahora los Gobiernos europeos en caer en el mismo error con las fuerzas locales?