Posos de anarquía

Carmena se equivoca con la Participación Ciudadana

Madrid es una de las ciudades que ha emprendido una ambiciosa apuesta por la Participación Ciudadana, es decir, por aquellos procesos que dan al pueblo la oportunidad de decicir sobre asuntos de relevancia. En esencia, se trata de quitar de una vez por todas ese cheque en blanco con que se creen algunos gobernantes por haber sido elegidos en las elecciones de turno que se celebran cada cuatro años.

En la capital, como sucede también en otros municipios donde la Participación Ciudadana trata de abrirse paso, no está teniendo una respuesta masiva y, por ello, está siendo interesadamente criticada por aquellos que son más amigos del rodillo del gobernante. Estas críticas destructivas son un error, porque si se le brinda la oportunidad a toda la ciudadanía de opinar sobre asuntos relevantes, con que un solo ciudadano opine, la democracia habrá ganado. Habrá más democracia que antes.

Sin embargo, no todo se puede llevar a Participación, al menos desde mi punto de vista. Una de las tres propuestas que va a llevar el Ayuntamiento de Madrid es que el Consistorio estudie los mecanismos jurídicos necesarios para que pueda asumir la competencia que le permita aplicar el IBI a los bienes inmuebles de la Iglesia Católica. ¿Por qué hay que consultar eso?

En un Estado aconfesional, dejar de tener un trato de favor con la Iglesia Católica tendría que ser un deber de la Administración. Llevarlo a Participación Ciudadana abre la ventana a que los tratos de favor puedan legitimarse si la ciudadanía así lo vota y eso, simplemente, es inadmisible. Nuestros gobernantes tienen que velar para que no se produzca discriminación alguna y en el caso de la Iglesia se da, produciéndose un agravio comparativo con el resto de la ciudadanía y, por supuesto, con las otras confesiones religiosas.

Así las cosas, al Ayuntamiento de Madrid no sólo no le debería hacer falta el beneplácito del pueblo para estudiar los mecanismos que le permitan cobrar el IBI a la Iglesia si no que, de encontrarlos, debería cobrárselo directamente. Por supuesto, la medida puede no ser del agrado de una parte de la ciudadanía e, incluso, no vería con malos ojos que se consultara su opinión al respecto, pero de ahí a que su parecer sea vinculante en cuestiones como ésta hay un trecho.

Seguramente, si se sacaran a votación agravios comparativos similares con clubes de fútbol, éstos serían apoyados y no por ello deberían legitimarse. No todas las cuestiones se deben sacar a Participación Ciudadana, más aún cuando la cultura de participación, tanto en la ciudadanía como en la Administración está aún forjándose. Quizás éste sea precisamente el motivo por el que Carmena y los suyos han llevado esta cuestión a la consulta, cuando en realidad deberían haberlo ejecutado sin más.

Con todo, no dejemos que errores como éstos -según mi parecer- sean un palo en las ruedas de la Participación; continuemos por esa senda, no tengamos miedo a ofrecer más participación y a participar, porque eso es la Democracia. La soberanía es nuestra, no de nuestros gobernantes, aunque muchos de ellos lo olviden con demasiada frecuencia.