Posos de anarquía

Andalucía cura la COVID en diez días

Moreno Bonilla en el Parlamento de Andalucía. E.P./María José López

Andalucía ronda una incidencia acumulada (casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días solo de test PCR) de 1.000 y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno (PP) admite que la Sanidad Pública se ha visto superada o, por ser más precisos, a sus gestores se les que ha quedado grande la pandemia. A pesar de que el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, se ha pasado el último año jactándose con aire soberbio del modo en que el gobierno andaluz se anticipaba a la situación, le ha cogido el toro. ¿La clave? Mala planificación, pésima gestión del dinero público y medidas laxas en favor de algunos sectores económicos.

El desprecio por la Sanidad Pública por parte de la Junta de Andalucía se evidencia desde el mismo nombramiento de su máximo responsable, el consejero Jesús Aguirre, sí, ya saben, el del "culillo" de la vacuna, el que farfulló cuando negaba lo que sus propios informes internos revelaban, que la pandemia estaba descontrolada en la región.

Las cifras son pésimas, con 80.597 casos positivos de coronavirus en los últimos 14 días, más de 4.500 personas ingresadas y, de ellas, casi 700 en UCI. Como denunciaba en una de mis últimas columnas, las camas no curan la COVID-19, y si no se refuerza el personal sanitario es imposible hacer frente a la pandemia. Es lo que ha hecho la Junta, que en lugar de invertir el dinero en la Sanidad pública, lo ha desviado a la privada.

Que nadie se tome a broma el coronavirus, porque si uno se molesta en hacer números verá que la tasa de curación no es alta. Andalucía aún tiene 146.850 casos activos; de los casi 410.000 casos detectados desde el inicio de la crisis, sólo se han curado unos 261.000 y han fallecido casi 6.500.

Por eso sorprende cómo está gestionando la Junta los contagios: Cuando una persona presenta síntomas, se le hace la correspondiente prueba y se diagnostica como positiva, es enviada a casa si no presenta gravedad. El protocolo que está siguiendo la Junta es guardar cuarentena diez días, pasados los cuales, si la fiebre y la tos han remitido, se vuelve a la actividad normal sin volver a realizar ninguna otra prueba diagnóstica. ¿Cuántos contagios se habrán producido con esta práctica si la carga viral no se había reducido lo suficiente?

¿Tanto cuesta realizar una nueva PCR? Al parecer sí, porque incluso quienes llaman a su consultorio para advertir  de que él/ella o un conviviente presentan síntomas han de aguardar varios días antes de que se les realice las pruebas. De nuevo, la falta de personal provocada por una deficiente gestión del dinero público está detrás de estas prácticas de riesgo. La Atención Primaria se encuentra aún en una situación más precaria que los centros hospitalarios. Y eso que en hospitales, la situación es crítica, tal y como evidencia que pacientes oncológicos que recién han superado su enfermedad no consiguen que nadie realice sus revisiones, ni la de los seis meses ni la anual. Terrible.

Así las cosas, ¿a qué se anticipaba exactamente la Junta cuando Bendodo presumía de ello? La única respuesta que se aparece de manera cristalina es, una vez más, a la privatización. Y ahí sí, tiene razón el consejero, su gobierno ya le pasaba la mano por el lomo antes de que fuera imprescindible hacerlo.