El incendio de Sierra Bermeja se ha cobrado una vida humana, dos heridos, más de 7.000 hectáreas quemadas, miles de persona desalojadas... Desde hace más de 100 horas las llamas devoran esta parte de Málaga, de extraordinaria riqueza natural que, sin embargo, ha estado abandonada durante demasiados años. El imperativo de que lo que toca ahora es extinguir el incendio no debería servir de escudo para eludir todo lo que está dejando al descubierto este incendio.

La voz del alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera (PSOE), es la que ha sonado con más contundencia. El regidor asegura que "se ha actuado muy tarde" y denuncia "la descoordinación" que se ha producido, hasta el punto de que hubo momentos en los que parte de los efectivos desplegados no sabían cómo actuar. A pesar de que hacía días que los alcaldes venía reclamándolo, no fue hasta ayer cuando los 260 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se sumaron. Las acusaciones de Herrera van más allá, llegando a denunciar incluso cómo se ha cuidado más de las las urbanizaciones lujosas de la zona que de las fincas humildes.

Detrás de estas encendidas críticas hay mucho más. Toca recordar cómo se ha abandonado el monte; en el caso que nos ocupa, ni la Junta de Andalucía ni la Diputación Provincial de Málaga han puesto en marcha iniciativas efectivas para revertir esa situación. Sus escasas actuaciones en el interior de la provincia de Málaga -lo que más les importa es el sol y playa-, han ido encaminadas a promover el turismo, ese de senderismo con bastón y posterior banquete en una venta.

¿Dónde ha quedado el apoyo al pastoreo y otras actividades tradicionales que promueven el aprovechamiento de manera sostenible del monte? ¿Por qué no se ha apoyado la explotación forestal y el aprovechamiento de biomasa? Todo ello contribuye de manera muy significativa a reducir los riesgos de incendio.

En su lugar, lo  que se ha hecho es no contar con una gestión forestal real, con esa visión cortoplacista de hacer dinero rápido con el caos urbanístico. Zonas como las de Sierra Bermeja son un perfecto ejemplo de cómo la ordenación urbanística brilla por su ausencia en Andalucía, que cuenta con más de 320.000 viviendas ilegales cuantificadas que convierten al monte en una bomba de relojería. Esa expansión desordenada y, en buena parte de los casos, ilegal genera cifras de desalojados tan elevadas y pone en riesgo tantas vidas humanas -como sucede con las construcciones en los cauces de arroyos cuando hay inundaciones.

Los responsables políticos deben tomar nota de una vez por todas, porque organizaciones como WWF llevan años advirtiendo de todos estos riesgos. Ya lo hicieron en 2017, con su informe Fuego a las puertas, pero no parece que sus alertas tuvieran efecto ni en la Junta de Andalucía ni en la Diputación Provincial de Málaga, que desvían la atención con anuncios de compras de medios materiales para los bomberos mientras éstos denuncian su precariedad.

Por si esto no fuera poco, escuchar a un alcalde, como ha sucedido en este incendio, que teme represalias políticas por parte de instancias superiores si hace públicas sus críticas, inquieta, preocupa y evidencia otro incendio que lleva años consumiendo la política andaluza, en la que las prácticas cortijeras, caciquiles y mafiosescas no son cosas del pasado.