La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, anunció ayer mejoras en la prestación del Salario Mínimo Vital (IMV) de cara al año que viene, con la incorporación de un complemento de hasta 100 euros por hijo menor de tres años. La noticia no ha tenido un gran impacto mediático, sin haber conseguido ganar protagonismo frente a la declaración histórica de la izquierda abertzale por boca de Otegi, en la que mostraba arrepentimiento por todo el sufrimiento provocado por ETA.
Pareciera que esos 100 euros tienen menos peso en la economía familiar que otras ayudas o mejoras anunciadas. Quizás hoy, a medida que el lógico revuelo provocado por Otegi se atempere, vayamos siendo conscientes de la importancia del anuncio de Belarra... o quizás no, porque es cierto que existe desencanto alrededor del IMV, pese a haberse convertido en una medida inédita y, lógicamente y cuando hablamos de pobreza, algo siempre es mejor que nada.
Sin embargo, si queremos avanzar no debemos aferrarnos a ésta última idea como un clavo ardiendo. El anuncio vía Twitter -se siguen cometiendo errores de bulto en comunicación, quizás, en ese afán por adelantarse al socio de Gobierno- que avanza esa mejora en los Presupuestos del Estado para 2022 viene a reflejar una de las líneas rojas que se había marcado Unidas Podemos para sacar adelante la primera propuesta de cuentas para el año que viene.
Según Pedro Sánchez, en algo más de un año, el IMV ya ha ayudado a unas 800.000 personas. La letra pequeña de esa buena noticia es que no siempre han ayudado en la cuantía necesaria y, para conseguirlo, ha sido necesario realizar una tremenda travesía por el desierto burocrático que, en ocasiones, no está al alcance de cualquiera. Ahondando en esa letra pequeña, hemos de ser conscientes de que el objetivo inicial era alcanzar a 2,5 millones de personas aglutinados en 850.000 hogares.
Así que sí, hemos de felicitarnos porque a día de hoy hay 800.000 personas que cuentan con una pequeña ayuda adicional para salir adelante, algo que no ha sucedido antes con otros gobiernos. El problema es que los últimos datos de Cáritas son demoledores: a los efectos perniciosos de la reforma laboral del PP se suman, entre otros, el impacto negativo de la pandemia, lo que ha derivado en que 11 millones de personas se encuentren en situación de exclusión social, 2,5 millones más que en 2018; de ellas, además, seis millones están en situación de pobreza severa.
Calificar al IMV de fracaso es una auténtica temeridad; sería mucho más correcto afirmar que no ha alcanzado, ni de lejos, los objetivos marcados. El matiz es importante porque que casi un millón de personas haya mejorado en algo su situación no se debe minusvalorar. Sin embargo, lo que resulta innegable son las profundas mejoras a que se ha de someter la asignación de esta prestación.
Por otro lado, del mismo modo que en el ámbito sanitario son mucho más provechosas las estrategias de prevención que de tratamiento, con la pobreza sucede lo mismo. No sólo es importante que el Estado ponga a disposición de la ciudadanía recursos de 'tratamiento' para esa pobreza, pero corremos el riesgo de que se convierta en estructural, pues como sucede con las enfermedades, la pobreza ha desarrollado una resistencia a los antibióticos, esto es, a las ayudas.
Precisamente por este motivo es tan crucial poner en marcha estrategias de prevención, que generen las condiciones para redistribuir de manera efectiva la riqueza, que se imponga la justicia social frente al poder de las élites económicas. No es algo que se consiga de hoy para mañana, pero que en el seno del Gobierno haya miembros con esa sensibilidad y con el compromiso de plasmar esa concienciación en hechos es un paso de gigante respecto a Ejecutivos precedentes.