La derecha se ha apoderado del término "patriotismo" mancillándolo en la misma medida que cuando se apropió de la bandera, generando el rechazo del resto de la ciudadanía. El nocivo sentido que tiene, incluso, de la misma democracia, es lo que lleva al PP a judicializar constantemente la política, a cuestionar al Gobierno de España sembrando dudas de su legitimidad en el extranjero, ya sea en la Unión Europea (UE), Latinoamérica o EEUU. El último frente de deslealtad, el reparto de los Fondos Europeos.
La polémica es tan artificial, tan prefabricada en la sede de Génova, el foco de la corrupción del que el propio Pablo Casado indicó hace ya un año que deseaba mudarse, que lo sucedido con Isabel Díaz Ayuso es muy ilustrativo: quería adelantarse una vez más a su líder Casado y ser quien llevara la voz cantante en esta ofensiva desleal con el país, y en lugar de presentar el recurso contra el reparto en el Tribunal Supremo lo hizo ante la Audiencia Nacional. El cachondeo, se imaginarán, es generalizado, no sólo en redes sociales, sino en el mismo Gobierno de España y diría, incluso, que en Génova. Además, el delirio del PP es tal, que el recurso interpuesto por Ayuso afecta a nueve millones de euros de cerca de 14.000 millones, es decir, al 0,08% del total.
Este tipo de polémicas, cuyo ruido se empeña el PP en amplificar por la vía judicial, deberían zanjarse de un plumazo con datos, especialmente cuando la misma Comisión Europea ha reafirmado su beneplácito al reparto y destaca que España es el único país de toda la UE en el que la oposición tira piedras contra los Fondos Europeos.
Ahondando en los datos, no deja de ser curioso que todo el PP esté alineado con esta suerte de guerra sucia que ha declarado Casado cuando Andalucía, gobernada por PP y Cs, lidera el montante de Fondos Europeos asignados, con 1.915 millones de euros... la tercera es Madrid y las quinta y sexta, Castilla y León y Galicia, todas ellas con los populares en el gobierno. En realidad, cuatro de las seis regiones que reciben más dinero de Europa son gobernadas por el PP.
Por otro lado, el PP está maniobrando con los Fondos Europeos del mismo modo que con los servicios públicos que termina privatizando; los deteriora cortando el grifo de la financiación para justificar su modelo contrario al Estado de bienestar. Madrid es un buen ejemplo de ello: se encuentra a la cola de inversión en Sanidad pública al tiempo que los seguros médicos privados se han disparado.
¿Y qué hace con los Fondos Europeos ya asignados? No utilizarlos. El propio Gobierno de España ya le ha reprochado a Ayuso que no haya abierto convocatorias para que el pueblo madrileño se beneficie de ello. Ya sucedió en lo peor de la pandemia con las ayudas directas que el Ejecutivo transfería a las Comunidades Autónomas para reforzar la Sanidad o la Educación: Madrid, como otras Comunidades gobernadas por los populares, arrastró los pies en su aplicación.
El fondo de la cuestión nos devuelve a cómo el PP concibe la democracia; para la derecha, no es más que un instrumento para acaparar poder y aprovecharlo en beneficio propio y de sus secuaces. La ciudadanía, pues, queda al margen. Por este motivo, el PP no duda ni un segundo en dejar de inyectar dinero público para reforzar el Estado de bienestar o de desprestigiar al Gobierno de España en el exterior buscando su desaprobación internacional e, incluso, la imposición de sanciones. Cuando la democracia se instrumentaliza en lugar de defenderla, cuando ese proceder se avala en las urnas, la senda discurre por por arenas movedizas y no puede acabar bien, no para la ciudadanía.