Posos de anarquía

El Tribunal Supremo irrumpe en las elecciones andaluzas

Los expresidentes socialistas andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves en una imagen de archivo. E.P./Eduardo Briones

El Tribunal Supremo (TS) no quiere interferir en la inminente campaña electoral de Andalucía y, al hacerlo, interfiere de pleno. Ayer conocíamos que la Sala de lo Penal del TS ha decidido retrasar la publicación de la sentencia del recurso presentado en el caso de los ERE para que no se convierta en arma arrojadiza durante el proceso electoral. ¿Tiene sentido que lo haga? ¿Hasta qué punto queda en entredicho la separación de poderes? y, sobre todo, ¿por qué demonios la ciudadanía ha de soportar estas actitudes paternalistas y ser tratada  como idiota?

La decisión del TS de los recursos presentados por los expresidentes socialistas de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, va a llegar dos años después de que estos fueran presentados. En el aire, mientras, sus condenas de nueve y diez años de inhabilitación, respectivamente, y de seis años de prisión en el caso de Griñán por un delito continuado de prevaricación.

La coincidencia en el tiempo del fallo del TS con la campaña electoral es consecuencia de este retraso que arrastra la Justicia española, haciéndola menos justicia. Hoy, quizás, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, disuelva las Cortes para que los nuevos comicios se celebren en junio. De no adelantar la fecha y, por tanto, celebrándose las elecciones a finales de noviembre-principios de diciembre, ¿alguien cree que el resultado de este recurso no impactaría en la campaña?

Si Chaves y Griñán salen airosos de sus condenas, el PSOE andaluz, que anda más bien deslavazado con candidato (Juan Espadas) pero sin líder, cargará todas las tintas en la honorabilidad de sus expresidentes tratando de limpiar la imagen de un partido en horas bajas por estas tierras. Si por el contrario se ratifican las condenas, el PP y Vox tendrán hecha media campaña, pues será sencillo argumentar -y que cale- que el PSOE aún ha de ser castigado en las urnas por décadas de saqueo a la Junta.

Ambos efectos son los que quiere evitar el TS, sencillamente, porque asume que la ciudadanía es tan estúpida que no sabrá ver más allá del ruido que generarán los partidos en torno a su fallo. Y quizás tenga razón, pero es el derecho de pueblo a caer en esta estulticia y no le debe ser hurtado.

Al hacerlo, además, el alto tribunal se expone innecesariamente, porque tarde o temprano se conocerá su decisión al recurso de los ERE y, cuando esto suceda, la interpretación de a qué partido benefició más será inevitable. Su silencio no ayuda, también interfiere y lo hará antes y después de la campaña, empañando adicionalmente la separación de poderes tantas veces -y con tantos motivos- cuestionada.

No hay solución buena; la única habría sido que nuestra Justicia estuviera dotada con los recursos suficientes y actuara sin tanta dilación, que la renovación del Consejo General del Poder Judicial no estuviera bloqueada ante la pasividad de los magistrados... pero eso es pedir demasiado. Padecemos la Justicia que tenemos.

Así las cosas, la solución menos mala es continuar con el calendario establecido. Es lo justo para los condenados y para el conjunto de la ciudadanía, ansiosa por comprobar la efectividad del Tercer Poder y su independencia... pero de nuevo, padecemos la Justicia que tenemos.