Las revelaciones sobre Uber publicadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación han caído como un jarro de agua fría... y eso que Mike Isaac, el periodista de The New York Times, ya nos había avanzado buena parte de ellas en Super Pumped, libro del que posteriormente se ha rodado una serie. Las prácticas llevadas a cabo por la multinacional vuelven a poner el foco de la corrupción en nuestro sistema, recordándonos que para que uno pueda sacar tajada precisa una contraparte, que en este caso fueron los políticos.
Recurrir a paraísos fiscales, filtrar información sobre los ingresos de sus conductores para desviar la atención de las investigaciones del fisco o espiar a los usuarios de Uber son parte de las malas prácticas llevadas a cabo por la compañía durante su expansión internacional, entre las que una de las más aberrantes fue la de investigar al primer juez español que decretó el cese de sus operaciones, el magistrado Andrés Sánchez Magro, para tratar de encontrar sus debilidades.
Hay, no obstante, cierto sensacionalismo en el modo en el que se están abordando estas filtraciones, que no son tanto fruto de una intensa investigación como de que un exdirectivo, Mark MacGann, decidiera filtrar más de 124.000 documentos después, eso sí, de haberse forrado literalmente antes y después de su paso por Uber. Hay ciertas publicaciones que orbitan alrededor de estos Papeles de Uber que, siendo importantes, no son noticia, como es el caso de las condiciones laborales de sus trabajadores, absolutamente precarizadas y que pasan por ser el principal motivo de lucro de la compañía, por la cantidad de costes que ahorran y la competencia desleal que suponen.
El lobby ejercido por la compañía es otro de los puntos más explotados en estas revelaciones pero que, desafortunadamente, tampoco es noticia. Se trata de una práctica habitual y en absoluto exclusiva de Uber. La contratación o pago de sustanciosas cantidades a políticos, dirigentes y exdirigentes o asesores para ejercer presiones, forzar reuniones o conseguir regulaciones son algo corriente en todos los países por parte de las grandes multinacionales, así como en Bruselas en el seno de la Unión Europea. Tanto se tensan esas presiones, que ya de por si son de dudosa legalidad/moralidad, que rozan el soborno.
Por otro lado, se ha puesto el énfasis en los últimos días en cómo Uber explotó la violencia generada en su choque frontal con el sector del taxi, así como la rivalidad política de ciudades como Madrid y Barcelona. En ambos casos y sin disculpa de lo despreciable que pueda ser esta estrategia empresarial, es de ley admitir que aprovechó la condición del adversario. No fue Uber quien rompió lunas de coches ni apaleó a conductores, sino que fueron los taxistas quienes lo hicieron, optando por la vía de la violencia al sentirse desamparados por las autoridades. Pudiendo entender estas reacciones, lo que es innegable es que son punibles -aunque ahora vuelvan a justificarlas- y Uber jugó sus bazas para presentarse como víctima cuando, en realidad, era depredador. Y le salió bien, porque el sector del taxi entró con todo al capote que Uber le había tendido.
Respecto al modo en que explotó la rivalidad Madrid/Barcelona, la mayor carga de culpa se encuentra en los gobernantes, que no supieron ver que quién se adelantara a regular la llegada de la nueva multinacional lo que estaría haciendo, en realidad, es abrir la puerta de par en par a la precariedad, hasta el punto de que la extendida a otros sectores como los riders, se ha bautizado como "uberización". De nuevo, no debemos poner el foco únicamente en Uber y sí ampliar el haz de luz hacia quienes se rindieron a sus encantos y propiciaron lo que hoy muchos consideran un escándalo y que, en realidad, está detrás de muchas de las multinacionales que desfilan por nuestro país.
La reflexión sobre los Papeles de Uber no debería quedarse en Uber, sino extenderse al sistema que nos rige, ese en el que las grandes empresas son capaces de sobrevolar la ley con ayuda de quienes se supone que son servidores públicos y deberían defender el mejor interés de la ciudadanía y no el de sus propios bolsillos. Ni Uber es un caso único ni tampoco esos cargos públicos que se pasaron al lado oscuro haciendo que el bien común se esfumara no ya de sus prioridades, sino de cualquiera de sus objetivos. El modo despectivo con el que se referían a diversos políticos en sus comunicaciones internas, ese mantra de recurrir a hechos consumados pese a saberlos ilegales o la prepotencia que ya describía Tom Wolfe al hablar de los Masters del Universo en su impagable La Hoguera de las Vanidades (1987) están demasiado enraizados en nuestro sistema, tanto que pese a ello calificar a alguien de "antisistema" es poco menos que tacharlo de terrorista, cuando en realidad es salvador.