La vivienda se ha convertido en un problema y una preocupación de primer orden en España. Ante el encarecimiento de los precios, hace mucho tiempo que las personas revirtieron la tendencia de compra en favor del alquiler; ahora, se ha precarizado aún más el acceso creciendo el número de personas que únicamente puede permitirse pagar la renta mensual de una habitación. En año electoral, demasiados políticos caen en la tentación de usar la vivienda como otro juguete más de su campaña electoral.
Tener un empleo fijo ya no es garantía de poder acceder a una vivienda, ni en modo compra ni alquiler. Nada tiene que ver con el nivel de estudios, como sostiene el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), que reprocha que quien quiera vivir en esta ciudad ha de tener una educación universitaria de alto nivel. Incluso en esos casos, los precios se han disparado de un modo tan desorbitado que -precisamente en Málaga, cinco veces más que la media española- determinados núcleos urbanos sufren éxodos de población.
El calor de las urnas parece despertar a la clase política de su letargo en esta materia y comienzan las promesas y recetas contra esta grave situación. Pedro Sánchez promete 50.000 viviendas de alquiler asequible para jóvenes y familias en riesgo de exclusión procedentes de la Sareb, obviando que los inmuebles que queda en el banco malo son los que no han querido los fondos buitres, que fueron quienes hicieron su agosto comprando a precio de saldo las mejores viviendas y locales.
Alberto Núñez-Feijóo expone su receta infalible: para hacer bajar los precios basta con construir más. Calla el líder del PP que, de paso, así se forrarían las grandes constructoras con las que tanto se codea la derecha, sin que tenga efecto alguno en los precios. La mejor prueba de ello es la crisis de 2008: en aquel tiempo, tanto se construía en España que consumíamos más cemento que el resto de Europa junta; sin embargo, el acceso a la vivienda era complejo y se dopó con hipotecas que terminaron sumiéndonos en una crisis en la que el PP nos impuso rescatar a la banca con 60.000 millones de euros a fondo perdido.
A nivel local, de cara a las elecciones municipales, también comienzan los cantos de sirena en torno a la vivienda, con promesas de viviendas sociales. Una pena que estos cantos nunca aparezcan el primer año de legislatura; siempre lo hacen en la recta final encarando las urnas. Prometer sin concretar en qué suelo público se levantarán ni con qué financiación es muy sencillo. No lo es tanto meterse en camisas de once varas como es la regulación de los apartamentos turísticos, convertidos en una de las principales causas de la elevación de los precios y el éxodo poblacional.
Resulta vergonzoso observar cómo las Comunidades Autónomas, entre cuyas competencias está la construcción de viviendas protección oficial, ha olvidado este cometido dejando que España esté a la cola de Europa. Fuera de periodo electoral, poco les importa el acceso a la vivienda a los gobiernos autonómicos cuando vemos, como es el caso de la Junta de Andalucía, licitaciones por los suelos para prestar el servicio de casas de acogida para combatir el sinhogarismo mientras imponen que las viviendas han de encontrarse en pleno casco urbano.
Hechos así evidencian cuán lejos de la realidad están quienes nos gobiernan en los diferentes niveles de la Administración. Todas y todos oímos el rumor de la crisis, del avance de la pobreza, de la dificultad de tener un techo, pero si no toca de cerca, queda en rumor, no se es realmente consciente de la gravedad del problema. Sin embargo, el problema existe hasta el punto de que en ciudades como Madrid se están pagando 250 euros al mes por compartir habitación con litera con otras cuatro personas. Es un auténtico polvorín que, antes de detonarlo en las calles, debería explosionar en las urnas. Favorecer a quienes no han movido un dedo para evitar esta situación es darles alas para otra legislatura en la que la vivienda sea un juguete roto más.