La valía del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, como mediador para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no brilla especialmente por su eficiencia. En su favor, es preciso destacar que una de las partes con las que ha de lidiar es el PP menos democrático de los últimos tiempos, instalado en la vulneración sine die de la Constitución. Con todo, dos reuniones en Bruselas y una tercera en Estrasburgo no han sido suficientes para que el acercamiento entre PSOE y PP se mueva siquiera un ápice. Será necesaria una cuarta reunión, ésta ya en Madrid, y Reynders se muestra "convencido" de que será la definitiva. Parece mentira que a estas alturas no haya calado a los de Alberto Núñez Feijóo.
La mediación de Reynders no es algo que surgiera motu proprio; de hecho, se negó cuando Feijóo tuvo la ocurrencia. En primer lugar, porque jamás la Comisión Europea ha hecho algo parecido; su papel de mediación siempre se ha producido entre Estados, pero ¿entre partidos políticos? Jamás. El comisario temía ser acusado de tomar parte por una de las formaciones. Finalmente aceptó y cualquiera puede figurarse que no pasa un solo día sin que se arrepienta de ello.
El plazo de dos meses que se marcó el comisario para cerrar el acuerdo concluye a finales de este mes de marzo. Los caprichos de la vida van a hacer que experimente en carnes propias, en plena Semana Santa, lo que es subir al Calvario y vivir el via crucis. Como si de Longinos se tratara, el negociador del PP Esteban González Pons se las va a hacer pasar canutas. De hecho, ya lo está haciendo, cambiando sus condiciones en cada reunión a pesar de que fue el PP quien exigió su mediación.
La ciudadanía parece normalizar este bloqueo del CGPJ, a pesar de tratarse de un incumplimiento de nuestra Constitución por parte del PP. No termina de entender las dimensiones reales del varapalo a la democracia que están asestando los de Feijóo: para comenzar, el Tribunal Supremo está colapsado, pues cuenta con un 30% de su plantilla sin cubrir. A pie de calle, esa ciudadanía que asume con naturalidad esta anomalía democrática no es consciente de que, quizás, su divorcio o su herencia lleva años en el limbo por culpa del PP, pues se estima que la Sala de lo Civil deja de dictar alrededor de 1.000 sentencias al año por esta el CGPJ caducado. La Sala de lo Social y lo Contencioso Administrativa también dictó más de 1.200 sentencias menos.
Corría el mes de diciembre cuando Feijóo sorprendió a propios y extraños con aquella exigencia, justo después de que criticara con fervor que el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez fuera el mediador internacional en las relaciones bilaterales entre PSOE y Junts. Entonces, el jefe de la oposición llegó a descalificar a Galindo, recurriendo incluso a la mentira para ello. Días después, lo que invalidaba a este diplomático no aplicaba a Reynders. Pura coherencia.
En realidad,. Esta nula voluntad de acuerdo por renovar el CGPJ volvió a cristalizarse ayer con las palabras de González Pons. Al otro lado, el ministro de Justicia Félix Bolaños comienza a ser, incluso, irritante con su mantra positivo de avance por el mero hecho de seguir sentados a la mesa. Donde él percibe progreso, el resto del mundo, comenzando en el fondo por el propio Reynders, ven una absoluta pérdida de tiempo dado el encastillamiento del PP.
Al menos que haya sido público, Galindo tan sólo ha asistido a una reunión entre PSOE y Junts y hoy se aprueba la Ley de Amnistía. Reynders, lleva tres encuentros y sigue anclado en el mismo punto. Podríamos recurrir al titular facilón, pero posar los ojos en el mediador no sería acertado. El problema en esta cuestión se encuentra en el PP, cuya incapacidad para entablar el diálogo ha venido constatándose desde que Feijóo trató de negociar hasta con quienes hoy tacha de terroristas para intentar conseguir el objetivo para el que llegó a Génova: ser presidente de España. Fracasó, como de hecho fracasa en casi todo cuanto precise sentido de Estado por encima de intereses partidistas.
