Ayudas a la banca y toma de decisiones

JOSÉ MANUEL NAREDO

Economista y estadístico

El presidente Zapatero respondió a las críticas a las ayudas a la banca del movimiento social del 15-M afirmando que “lo que se ha hecho es avalarla a cambio de intereses”. Se sugiere que el Estado, más que benefactor, es beneficiario de las ayudas a la banca, al cobrarle pingües intereses. Aclaremos el tema revisando las decisiones, siempre urgentes, tomadas en este campo hurtando la reflexión y el debate públicos.
Todo empezó a finales de 2008 cuando, a raíz de que el presidente Zapatero alardeara en Nueva York de que la banca española era la más saneada del mundo, los banqueros lo llamaron para pedirle ayuda. Sus argumentos debieron de ser tan convincentes que de inmediato el Gobierno se comprometió a destinar 50.000 millones de euros para compra de activos y 100.000 millones para avales. Pero estas ayudas cayeron en desuso porque el Banco Central Europeo empezó a facilitar liquidez ilimitada y casi gratuita (al 1%) a la banca. Sólo más adelante, cuando la crisis desinfló el valor de los activos de las entidades más expuestas al riesgo inmobiliario, arrastrándolas a la bancarrota –ilustrada por el colapso de Caja Castilla-La Mancha– se decidió por fin hacer, en junio de 2009, no un plan de reconversión y salvamento, sino un fondo (el famoso Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria –FROB–) para inyectar dinero público en las entidades en apuros: las inyecciones alcanzan ya 11.559 millones de euros. Dado que los intereses derivados de las ayudas pueden sufragarse con el dinero de las propias ayudas, el problema estriba en saber si alguna vez el negocio bancario permitirá devolverlas. Este tema se complica al haber autorizado recientemente, en el maratón de improvisaciones en curso, que las entidades ayudadas se escindan creando “bancos malos” que concentren sus pufos. El problema también estriba en que sean las mismas personas que exprimieron las cajas las que exploten ahora sus despojos con la ayuda del FROB. Las recientes demandas de democracia participativa exigirían, no sólo poner luz y taquígrafos en este oscuro proceso, sino también y sobre todo diseñar un plan de reconversión del sistema financiero que contemple todas las opciones y permita calibrar, con conocimiento de causa, tanto la toma de decisiones como las propias ayudas.