01/06/201001/06/2010

CARMEN MAGALLÓN

Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz

En el año 2000, la Comisión Mundial de Presas ratificó los graves impactos que las presas producen en la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos y en las poblaciones afectadas, millones de personas sin rostro obligadas a desplazarse en nombre de un progreso injusto e insostenible. Ese mismo año se llenaba la presa Urrá I sobre el río Sinú, en el Resguardo de los Embera Katío, en Colombia. Culminaba un proceso que, desde 1963, conllevó graves violaciones de los derechos humanos de este pueblo: desplazamientos por inundación de tierras, extinción del pescado en sus ríos, incremento de enfermedades tropicales, asesinatos, secuestros y decomiso de bienes por parte de los grupos armados ilegales (paramilitares y guerrilla) y del Ejército.

En 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del pueblo Embera Katío y ordenó que se investigara y juzgara a los responsables de estas violaciones. Pero las medidas no llegan y el resguardo sigue en medio del fuego cruzado de intereses y actores armados. La Comisión Colombiana de Juristas y el informe A/HRC/15/34 de 2010, elaborado tras la visita del Relator Especial de Naciones Unidas, han dado cumplidos detalles de esta situación de indefensión.
La nueva amenaza es la construcción del megaproyecto Urrá II o Proyecto río Sinú, que inundaría 50.000 hectáreas de selva tropical y afectaría a tres de los ríos de los Embera. El Estado colombiano se comprometió a no construir Urrá II, pero no está claro que vaya a cumplir. Ahora que los focos mediáticos enfocan a Colombia por las elecciones presidenciales, organizaciones que hacen seguimiento de la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en ese país llaman a la comunidad internacional a mirar más allá de la contienda electoral y a firmar una carta para el futuro presidente: www.seipaz.org.
En particular, reclaman atención y apoyo para la supervivencia de los Embera Katío, de su cultura y sus reivindicaciones. Básicamente, que se abandone la construcción de la presa Urrá II; que el Resguardo se declare zona de paz –con acompañamiento internacional y retirada de todos los grupos armados– y que el Gobierno de la nación vele por el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales de su población: el derecho a la vida, al territorio y la soberanía, a la seguridad alimentaria y a un medio ambiente sano.