JOSÉ MANUEL NAREDO

Economista y estadístico

Cómo es posible que unos días después de haber sacrificado a funcionarios, pensionistas y perceptores de ayudas sociales y anunciada la reforma laboral para atender las supuestas exigencias de los mercados, estos vuelvan a castigar a la economía española rebajando la calificación de su deuda? La respuesta la otorga el propio informe de la agencia que rebajó esa calificación, al afirmar que no es tanto la deuda pública como la privada la que a su juicio empaña la credibilidad de la economía española. La justificación urgente de apuntalar dicha credibilidad con las medidas de austeridad aprobadas se vio así refutada, evidenciando que apuntaban a blancos equivocados. Aunque dichas medidas llenaran de gozo a un empresariado siempre tan deseoso de reducir salarios, impuestos y cotizaciones sociales, como de recibir ayudas y subvenciones.
También se corre el riesgo de errar el blanco con la propuesta en estudio de aumentar los impuestos a los ricos cuando, como es sabido, los ricos no pagan impuestos o lo hacen en muy escasa medida, al ocultar al fisco su riqueza y sus ostentosos gastos a través de empresas instrumentales diseñadas con ese fin, además de recurrir a otras prácticas más oscuras de evasión a paraísos fiscales, de los que ya no se habla. Para hacer que tributen más los ricos habría que empezar por elevar la bajísima presión fiscal que hoy recae sobre este tipo de empresas y por reforzar la normativa y la inspección orientadas a controlar y a penalizar las vías habituales de evasión fiscal practicadas por los más ricos, tanto dentro como fuera de la legalidad. Todo ello encuadrado en una llamada a restaurar la responsabilidad tributaria, en nombre de la solidaridad más elemental.
Y ¿qué puede hacer el Estado si no son tanto las cuentas públicas como las privadas las que empañan la credibilidad de la economía española? Ayudar a clarificar y sanear esas cuentas en vez de ayudar a soslayar los pufos que encierran. Desde que se vio que la burbuja inmobiliaria había inflado hasta el límite el endeudamiento y el riesgo de la economía española, se debería haber establecido un plan de reconversión y ajuste de los sectores inmobiliario-financieros más directamente afectados, con instrumentos y medios necesarios para regular el proceso, evitando la opacidad que lo ha venido caracterizando y la discrecionalidad de las millonarias operaciones de ayuda y salvamento en curso.