ÓSCAR CELADOR ANGÓN

Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas

El PP ha presentado un recurso de constitucionalidad contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que no ha sorprendido a nadie. Se trata de una estrategia que el principal partido de la oposición adoptó la pasada legislatura, la cual consiste en oponerse durante el proceso parlamentario a la aprobación de leyes y, posteriormente, en el caso de que sean aprobadas, recurrirlas ante el Tribunal Constitucional. Así las cosas, o bien las principales normas que el legislador ha aprobado en los últimos años en terrenos como el matrimonio, la educación o la familia son inconstitucionales; o bien el PP está utilizando el recurso de constitucionalidad como un mero mecanismo que le permita modificar las decisiones del poder legislativo.

El legislador tiene tres opciones para regular el aborto. En primer lugar, cabe la posibilidad de que en determinados supuestos muy excepcionales las mujeres puedan interrumpir voluntariamente su embarazo, despenalizándose su conducta; sobre este modelo ya se pronunció el Tribunal Constitucional estableciendo su constitucionalidad. En segundo lugar, el legislador podría prohibir la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier supuesto, lo cual obligaría al Tribunal Constitucional a pronunciarse sobre aquellos casos en los cuales el derecho a la vida del nasciturus puede colisionar con los derechos a la vida y a la salud de la madre. Y por último, cabe la posibilidad de que las mujeres puedan abortar libremente siempre que lo realicen dentro de unos plazos, pasados los cuales el aborto se convierte en ilegal y, por lo tanto, es punible, que es el modelo que se acaba de recurrir ante el Tribunal Constitucional. La principal diferencia que existe entre el modelo que ya fue declarado constitucional y el propuesto ahora reside en la configuración de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho y no como una actividad despenalizada exclusivamente en determinados supuestos.

La legitimad del PP para recurrir la nueva legislación sobre el aborto está fuera de toda duda, pero si quiere ser coherente con la posición que ha venido defendiendo tanto en el Congreso y el Senado como ante la ciudadanía tiene la obligación de incluir la reforma de la ley en su programa electoral. En otro caso, estaremos ante el enésimo supuesto de oportunismo electora del PP. Y ya van bastantes.