15/07/201015/07/2010

ANTONIO IZQUIERDO

Catedrático de Sociología

Recién hemos tenido noticia de una buena práctica y de un comportamiento punible. La primera se refiere a la recolección del arándano, y el segundo se corresponde con la recogida de la fresa. La una afecta a las temporeras inmigrantes alojadas decentemente, y el otro se ha cebado en los varones negros que malviven en chamizos de caña y plástico. Aquellas trabajan en condiciones dignas y estos lo hacen en régimen de esclavitud. El núcleo de la discriminación no es el rechazo cultural o la composición por género de los trabajadores, sino el tipo de empresario y su desprecio de la legalidad.

Las mujeres han llegado desde el exterior a través del contingente anual de inmigrantes, mientras que los hombres hace años que viven en España y, en su mayor parte, se hallan en una situación irregular. Dos preguntas surgen ante estos hechos. La primera indaga qué cabe hacer con los desempleados extranjeros que están aquí y en particular con los indocumentados. La segunda se cuestiona si conviene mantener los cupos anuales para temporeros foráneos en un periodo de crisis.
Respecto del primer asunto, es preciso extremar las sanciones sobre el empleo irregular que, además, imposibilita el arraigo laboral. Porque los empresarios se han servido de los trabajadores africanos desentendiéndose de sus condiciones de vida. Paralelamente hay que incentivar la movilidad geográfica y sectorial de los extranjeros desempleados, dado que es preferible tener un trabajo a caer en la marginación. Y, por último, es razonable la regularización de los inmigrantes que trabajan de modo intermitente y que han perdido su estatus legal. La producción institucional de irregulares es una de las características del modelo migratorio que necesitamos cambiar.
El contingente ha demostrado su utilidad para los trabajos de temporada y su inoperancia para la contratación estable. La gestión del cupo gana en eficacia cuando el compromiso empresarial perdura, lo que a su vez fortalece la autonomía económica de las trabajadoras inmigrantes. Esta práctica de codesarrollo demanda la coordinación de los empleadores de distintos cultivos y regiones para ofrecer mejoras en el alojamiento, la duración del trabajo y la formación de los temporeros. En este sentido, los cursos de salud reproductiva y la creación de cooperativas contribuyen al desarrollo demográfico y social de las comunidades de origen.