Opinion · Dominio público

México: ceguera o complicidad

 CARMEN GALÁN BENÍTEZ

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Volvió a ocurrir: sobre México recibimos visiones limitadas, fragmentadas o sesgadas. ¿Qué pasa?
Dos temas han llamado la atención pública internacional en los últimos años (movimiento zapatista aparte): las elecciones presidenciales de 2006 y el terror derivado del narcotráfico. En todo caso, no son temas aislados, sino que forman parte de una realidad que no se llega a percibir en la información difundida en España. Si bien es tristemente famosa la hospitalidad de la que gozan los corresponsales internacionales que se mantienen bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación, eso no lo explica todo.
Durante décadas, los gobiernos mexicanos se han distinguido por su hábil y efectiva política exterior, capaz de dar una imagen solidaria y progresista: se recibió al exilio chileno, al argentino; se ha abogado en foros internacionales por los derechos humanos, ha habido solidaridad con la Revolución cubana…
Pero lo cierto es que la represión de los movimientos populares ha sido una constante. Los líderes del movimiento ferrocarrilero de los años cincuenta acabaron presos y, tras la violencia ejercida contra los estudiantes en el 68, el Estado actuó con descaro durante los setenta: desapariciones forzadas, tortura, muerte, clandestinidad para muchos. En tiempos más recientes han perdido la vida militantes de oposición, periodistas, defensores de derechos humanos o campesinos en el marco de la lucha por la democracia o en la defensa de sus tierras.
Parece claro cuando Naomi Klein explica en su libro La doctrina del shock (Paidós, 2007) la necesaria asociación del aparato represivo de las dictaduras militares de Chile o Argentina con la implantación de una política económica sugerida desde Chicago y con la implicación de la CIA de por medio. En México, sin shock, también se ha padecido la imposición del neoliberalismo que
–con paso firme y constante– ha desmantelado a la sociedad.
La implantación forzada de las políticas de libre mercado en sociedades latinoamericanas cuyo proceso y voluntad social se dirigían en otro sentido han acarreado marginación y pobreza para las clases medias y, por supuesto, para los sectores más desprotegidos. Ha implicado también represión contra las voces disidentes. El aparato para acallar esas voces ha sido exagerado. Ya lo establece con toda claridad el investigador mexicano Sergio Aguayo en su brillante trabajo La charola (Grijalbo, 2001): explica que el crecimiento de lo que fue la Dirección Federal de Seguridad, bajo el pretexto de la lucha contrainsurgente en los años setenta para salvaguardar “la seguridad nacional”, no sólo fue desproporcionado y trágico, sino que, ocioso y corrupto, se convirtió en el aparato que articuló la red operativa del narcotráfico, ese sí actual problema de seguridad nacional. No en vano, las prácticas de los narcotraficantes se parecen tanto a las ejercidas en la lucha contrainsurgente: tortura, desaparición, intención de atemorizar a la población. Que le pregunten a doña Rosario Ibarra de Piedra, eterna luchadora, quién es el culpable de la desaparición de su hijo, estudiante, en los años setenta. Señalará al aparato represor coordinado por el ex presidente Luis Echeverría (el mismo que fue generosísimo recibiendo a los chilenos tras el golpe de 73) y que operaba con impunidad mientras empresarios y gente bien apartaban la vista.
En México se ha desgastado la sociedad, la credibilidad de las instituciones, el soporte financiero. El proceso neoliberal ha sido devastador: importación de alimentos, el campo desactivado, industria maquiladora cuyos beneficios no se quedan en el país; campesinos y desempleados en general convertidos en recursos humanos para el crimen organizado; medios de comunicación al servicio de oscuros intereses privados. En ese contexto de orfandad moral se es muy vulnerable.
Ni Felipe Calderón ni quienes lo rodean representan a la sociedad que ha luchado contra el régimen autoritario cómplice de la degradación de la sociedad. No pueden enfrentar problemas como el narcotráfico porque son la continuidad de una política dispuesta a acabar con el dinamismo de una sociedad para lograr su mezquino proyecto económico. Además –¿por qué cuesta tanto escucharlo?– una buena parte de la población considera ilegítimo al presidente Calderón al no haberse despejado las dudas sobre la articulación de un fraude electoral en 2006. Pero la voz de la izquierda mexicana ha estado siempre aislada mediante las habilidades diplomáticas del Estado… y aún más: por la conveniencia de quienes ven México como el destino de buenos negocios en el terreno energético, editorial o de la construcción; de los bancos, ni hablar.
La sociedad mexicana, sin embargo, debate en los medios independientes, en la calle, en los recintos culturales y educativos, en el Congreso. Haciendo caso omiso, el Gobierno actual, sin pudor, lanza campañas internacionales que ignoran la polémica interna tanto sobre el proceso de privatización de los recursos energéticos como en torno al llamado plan Mérida, que implica la llegada de millones de dólares para articular un combate contra el narcotráfico coordinado, entre otros organismos, por la CIA. Comprar armas no es la solución, guerra habrá, y cruenta, pero la pobreza y la injusticia seguirán siendo los proveedores de carne fresca. Colombianizar México tiene que ver con enfrentar de esa forma el problema.
Es lamentable, entonces, ver por televisión reportajes superficiales y amarillistas. Sorprende la ingenuidad, en todo caso. Molesta la autocomplacencia en trabajos que se dicen de fondo y reducen todo a una lucha entre buenos y malos.

Carmen Galán Benítez es Escritora mexicana

Ilustración de Patrick Thomas