Por Eduardo Abad  Sabarís
Secretario General de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos)

Desde diversos ámbitos políticos se viene anunciando la necesidad de abordar una modificación en profundidad del modelo de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos, más conocido como RETA.

Ésta es una histórica reclamación de las organizaciones de trabajadores por cuenta propia y de las organizaciones sindicales, entendiendo esta situación como una anomalía del sistema que sin duda viene causando un grave perjuicio a más de 3.200.000 trabajadores por cuenta propia en nuestro país.

Desde su origen el Pacto de Toledo aboga por una homologación en las cotizaciones y prestaciones entre los diferentes regímenes y en particular la integración de éstos en dos grandes grupos, según la relación sea por cuenta propia o ajena.

En el objetivo de integración se han hecho avances, consiguiendo integrar el SETA en el RETA, pero en condiciones claramente distintas.

Sin embargo, apenas se ha profundizado en el modelo de cotización, tan solo se han dado algunos pasos en la aplicación de una base mínima cualificada para aquellos autónomos denominados "societarios" o administradores de sociedad, además de los autónomos que cuentan con más de 10 trabajadores.

Esta medida desde nuestro punto de vista es desacertada, puesto que distribuye al colectivo no por su renta sino por su condición, lo que está claramente en contra con un principio solidario. Con todo ello, podemos afirmar que el RETA en materia de cotizaciones no responde a los principios básicos inspiradores del sistema que son: CONTRIBUCIÓN, UNIVERSALIDAD y SOLIDARIDAD.

Es tanto así que nuestro sistema de cotización se vuelve en contra de los segmentos más débiles de nuestro colectivo, que se ven obligados a pagar sobre bases de cotización superiores a las del régimen general, por encima del SMI y del IPREM.

Los datos son concluyentes, de los más de 3.200.000 trabajadores por cuenta propia que cotizan al régimen especial unos 2.145.872 lo realizan en bases mínimas (272€), 722.424 lo hacen cotizando una vez y media por encima (aproximadamente  408€) y el restante número de autónomos, unos 350.000, lo hacen en bases superiores a las anteriormente citadas.

2.145.872 +722.424+350.000= 3.218.296

Es por tanto, un sistema injusto que hace que más de dos millones de autónomos tengan una presión de cotización alta frente a otro millón que ha visto muy suavizada esta presión desde hace años.

Con la idea de paliar este tratamiento injusto desde algunas administraciones se están desarrollando políticas que compensan el alto coste de la entrada en el sistema sobre todo para los más jóvenes. Las tarifas planas y las ayudas que desde las comunidades autónomas se ofrecen para los primeros meses de actividad son un claro ejemplo.

La simple existencia de estas bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social, demuestra claramente que el sistema necesita modificaciones estructurales y no simples parches.

Además, las bonificaciones producen grandes desequilibrios ya que la edad ,el sexo o el tiempo  de existencia de una actividad no implica menores ingresos, por lo que autónomos tradicionales con escasos recursos pueden estar pagando por este concepto mucho más que nuevos autónomos que acceden a la actividad.

Sin duda estas políticas son bienintencionadas, pero no hacen más que aumentar la brecha ya existente, puesto que están dirigidas a fomentar nuevos autónomos y no a mantener el actual tejido del trabajo por cuenta propia.

En este sentido los datos también parecen darnos la razón, anualmente en estos últimos ejercicios se han dado de alta alrededor de 600.000 actividades económicas de autónomos y han desaparecido otras tantas, es decir en datos netos el avance es mucho menor de lo esperado y tenemos un 20% de fluctuación en el colectivo.

Para la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) es imprescindible la modificación de nuestro actual sistema de cotización y habría que trabajar para convertirlo en un sistema que se base en tres aspectos fundamentales:

CONTRIBUTIVO: El principio debe ser que aquél que más tiene más contribuya.

JUSTO: Ningún autónomo debe pagar por encima de sus ingresos reales.

UNIVERSAL: Debe vincular a todo el colectivo de autónomos, incluidos los regímenes agrarios y del mar, que aunque tengan diferencias, éstas no pueden ser insalvables. Debe evitarse los sistemas voluntarios y cerrar la brecha de prestaciones con otros regímenes.

Esta reforma sin duda permitirá integrar más cotizantes en el sistema, entendemos ésta como una respuesta a la economía sumergida y no un incentivo a la misma.

Es necesario profundizar en la idea de la cotización progresiva de acuerdo con los ingresos reales, estableciendo unos tramos diferenciados en función de los ingresos.

Otro punto importante que debe contener la reforma es el establecimiento del mínimo exento de cotización para todos los que sus ingresos sean inferiores al SMI. Proponemos que se establezca únicamente una obligatoriedad de inscripción en SS.

En la actualidad el sistema de pensiones de los trabajadores autónomos está soportando el pago de más de 1.944.800 pensiones con un gasto mensual de algo más de 1.227 millones de euros frente a los menos de 1.000 millones de recaudación, lo que supone que anualmente el gasto significa un déficit  en las cuentas de algo más de 12.000  millones de euros.

Nuestra propuesta de cambio en el sistema supondría unos 14.000 millones de euros adicionales para el RETA, esta asombrosa cantidad solamente saldría de las rentas más altas, dejando a un lado a los que sus ingresos netos anuales no superan los 60.000€, más del 70% del total de los autónomos de nuestro país.

Si somos capaces de desarrollar entre todos este nuevo modelo, la actual situación de nuestro sistema de pensiones tendría el sostenimiento garantizado.