Opinion · Dominio público

‘Gürtel’, capital Madrid

REYES MONTIEL

Según consta en el sumario Gürtel: “Francisco Correa creó una estructura empresarial con una base en la empresa Special Events, la cual organizaba eventos de carácter político para el PP a nivel nacional (…). Estas relaciones le permitieron tener negocio para las sociedades dedicadas a la organización de eventos en aquellas administraciones públicas gobernadas por personas pertenecientes a dicha formación política por la actuación directa de los responsables políticos correspondientes”. Durante mucho tiempo, hablar de corrupción ha significado hablar de urbanismo. Y, aunque en el sumario Gürtel se investigan operaciones urbanísticas, la novedad de la trama es la incorporación de la publicidad, la organización de eventos e inauguraciones como un negocio muy lucrativo para los amigos, por supuesto del PP.
La publicidad presenta muchas ventajas y pocos inconvenientes para hacer trampas. Las empresas no necesitan gran infraestructura, inversión o conocimientos. Sólo contactos. Y aunque haya concurso, es difícil evaluar objetivamente el diseño de una campaña –¿cuánto cuesta una idea?, ¿cómo se valora?–, y el producto es intangible.
Son muchos los recursos públicos que se han consumido en publicidad desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde que Esperanza Aguirre es presidenta. Desde 2003, la cifra de gasto “oficial” en publicidad y propaganda es la más alta de todos los gobiernos autonómicos. Gran parte ha sido para vender monopolios: Metro, Canal, Turismo. Y han sostenido a los medios más ultras: Intereconomía, Libertad Digital, Popular TV o Veo TV, cumpliendo una doble función: colocar la píldora ideológica a la vez que se les sostenía económicamente. Todo ello sin contar el gasto en eventos, inauguraciones y actos oficiales. Todavía no se ha podido concretar la cifra de “negocio” que la Gürtel ha recibido de estos contratos de publicidad. El sumario estima que sólo de los actos organizados por el Gobierno de Aguirre (a los que hay que añadir los contratos otorgados por otros ayuntamientos del PP) supera los tres millones y medio de euros.
En Madrid, la Gürtel ha tenido tres vías de acceso a los contratos de publicidad. La primera, los eventos e inauguraciones que se adjudicaban directamente a través de contratos menores –violando la normativa de contratación, según el sumario–. El ejemplo más claro es el acto de homenaje a las víctimas del 11-M en 2004. Más de 141.000 euros, que obligarían a un concurso, convertido en 15 contratos menores adjudicados directamente a Francisco Correa y su marca de ese momento: Down Town Consulting. Así se evita el concurso y la libre concurrencia: adjudicación a dedo.
Pero cualquier evento era propicio, ya fuera la visita de Bill Gates, la toma de posesión de la presidenta, la medalla al mérito ciudadano, las galas de cultura o el ascenso del Getafe. Repartirlos además por las distintas consejerías aseguraba no llamar la atención de los interventores, encargados de velar por la legalidad de los contratos y que sólo ven la parte de su consejería. Por tanto, el fraude de ley está planificado desde arriba para beneficiar a la trama.
La segunda vía, más sustanciosa, es la contratación millonaria de creatividad publicitaria y de compra de medios para campañas. Sólo la Agencia Carat, a la que estaba vinculado el ex portavoz del Gobierno Aznar Miguel Ángel Rodríguez, recibió más de 42 millones de euros en 2006 y 20 millones en 2007, la mitad de los cuales con contratos del Canal. Pero también se pagan campañas que no se realizan: nadie recuerda un anuncio, un vídeo o alguna inserción de prensa de “Made in Madrid”, adjudicada a MQM, o la de Autónomos, adjudicada a Over MC. Sólo estas dos campañas costaron a las arcas madrileñas 3,5 millones de euros en 2006, poco antes de las elecciones. La contratación de esta publicidad siempre se hace desde otros organismos del Gobierno, sobre los que casi no existe control político, a diferencia de lo que ocurre en las consejerías, y con marcas blancas no vinculadas societariamente a Correa, que luego no tienen problema para ser proveedoras de las campañas del PP.
Y la tercera forma son las cláusulas de hospitality de las grandes obras. A través de esta cláusula se reserva parte del presupuesto de la obra para protocolo y publicidad. Es más sofisticada, porque puede dar la impresión de que estos gastos van por cuenta del contratista, aunque sigue formando parte del presupuesto de la obra que pagamos todos. Ahí es más amplio el margen de discrecionalidad del Gobierno, porque puede señalar al contratista la empresa de publicidad sin fiscalización ni contrato. Un ejemplo: la puesta de la primera piedra de la Ciudad de la Justicia (casi 1,5 millones), en la que terminó apareciendo una constructora imputada.
En definitiva, es una trama pensada, planificada y puesta a funcionar con la imprescindible participación del gobierno de la Comunidad de Madrid. Por eso hay un viceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo, con los suficientes poderes como para repartir y señalar los contratos, una estructura de partido que permite desde Génova contactar con alcaldes, una Intervención General de la Comunidad designada como cargo político dispuesta a mirar hacia otro lado, un Parlamento cerrado por el rodillo del PP para que no se profundice con retrasos y obstáculos a la oposición a la hora de ver los expedientes.
El modus operandi de Correa en Madrid es una prueba contundente de cuál ha sido su objeto: el saqueo de las cuentas públicas.

Reyes Montiel es diputada de IU en la Asamblea de Madrid

Ilustración de Patrick Thomas