Opinion · Dominio público

La agenda del Gobierno debe ser la de la mayoría social

Gonzalo Pino

Secretario de Política Sindical de UGT

Con la presentación de la moción de censura que terminó haciéndole Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tomó una decisión indudablemente valiente y responsable, dada la insostenible situación de descrédito del gobierno del PP, carcomido por la corrupción. Desde el mismo discurso de aquel debate de la moción de censura, el nuevo Presidente reconoció ser consciente de la dificultad de llevar a cabo muchas de las medidas y reformas que se proponía abordar en su programa de gobierno, por la complejidad aritmética del Parlamento actual. En los cien primeros días de gobierno que ya han transcurrido, esa dificultad se ha hecho evidente. A ello se ha unido una indisimulada campaña de acoso de la derecha política y mediática, que se ha escorado peligrosamente hacia formas y contenidos propios de la ultraderecha retrógrada y populista que está creciendo en Europa y EEUU.

Pero la agenda política y social no pueden marcarla quienes tan solo pretender erosionar al Gobierno y generar un clima favorable a la implantación de políticas regresivas y de recorte de libertades y derechos. La agenda del país debe definirla con decisión el Gobierno, con la promoción de medidas concretas que den satisfacción a las demandas que la mayoría social viene haciendo visibles desde hace años, y que resultan cada vez más urgentes.

El cumplimiento de los primeros 100 días en Moncloa hace escasas fechas se ha aprovechado, como suele suceder, para realizar un somero balance de lo realizado hasta ahora. Entre ello, hay actuaciones indudablemente positivas, como la recuperación de la sanidad universal, el impulso a lucha contra la pobreza infantil -con el nombramiento de un necesario Alto Comisionado incluido-, el incremento del presupuesto de los ayuntamientos para la lucha contra la violencia machista, la extensión parcial de la protección por desempleo, la aprobación de un Plan Director por un Trabajo Digno con medidas contra la precariedad laboral, la mejora de las becas para los alumnos con rentas más bajas, el aumento de las pensiones de viudedad, la renegociación de los objetivos de déficit con Bruselas, la habilitación de la exhumación de los restos del dictador Franco, el desbloqueo de la situación de RTVE; por citar algunas de las más destacables. Todas ellas hablan de una innegable voluntad de cambio, muy positiva, que ya ha rendido frutos. Pero la situación económica y social exige mucho más. Si el Gobierno actual quiere hacer visible (y creíble) el cambio de rumbo político que viene anunciando el Presidente, a juicio de UGT es necesario que mejore su actuación, al menos, en tres ámbitos.

En primer lugar, cabe exigirle una mayor claridad y coordinación comunicativa. En estos primeros meses se han evidenciado algunas discordancias en las declaraciones de diferentes miembros del Ejecutivo que han generado confusión sobre sus intenciones reales respecto de determinadas medidas clave. Algunas de las manifestaciones públicas realizadas respecto de temas como la nueva fiscalidad del diésel, las modificaciones de impuestos previstas, la redefinición del Valle de los Caídos, la política migratoria, la reversión de la reforma laboral de 2012 o la voluntad de recuperar la revalorización de las pensiones con el IPC (en este caso, con unas declaraciones de la Ministra de Economía poniendo en cuestión incluso los acuerdos políticos alcanzados días antes en el Pacto de Toledo, e interfiriendo en la gestión del Ministerio de Trabajo), son ejemplos de los desajustes mencionados, que deben servir como aprendizaje para en el futuro.

En segundo lugar, es necesario que el Gobierno refuerce el papel del diálogo social con los interlocutores sociales en el proceso de debate y adopción de reformas que quiere acometer. Si bien es apreciable un positivo cambio de actitud en este ámbito, en demasiadas ocasiones el Ejecutivo parece estar otorgando al diálogo con los sindicatos y las organizaciones empresariales un papel subalterno. Y aunque es evidente que el respaldo parlamentario es imprescindible para aprobar muchas de las medidas planteadas, el Ejecutivo debería promover, del mismo modo, el consenso social, encarnado en los representantes legítimos de los trabajadores y las trabajadoras y las empresas. Ambos procesos tienen su espacio natural y complementario, cada uno de ellos determinante para lograr la legitimidad política y social de las actuaciones planteadas. Y en este sentido, desde UGT consideramos que sería deseable una mayor contención por parte del Gobierno a la hora de publicitar mediáticamente algunas posibles actuaciones, cuando se encuentran aún en pleno proceso de debate en las mesas de diálogo social –o, incluso, no se han tratado en las mismas-; y también una mayor celeridad y profundidad en el desarrollo de la agenda del diálogo, en consonancia con la urgencia de los problemas de la ciudadanía.

Por último, se echa en falta una mayor decisión y atrevimiento en sus actuaciones. El partido que sustenta al Gobierno, y el propio Pedro Sánchez, tanto antes como después de acceder a la Presidencia, han defendido con insistencia un programa de acción nítidamente progresista, con muchas medidas concretas que podrían ser implementadas una vez en el Gobierno. Y eso es lo que espera la ciudadanía. Las medidas aprobadas para rebajar el precio de la electricidad, por ejemplo, han sido decepcionantes, trasladando una negativa imagen de debilidad frente al poderoso lobby de las empresas eléctricas. Igualmente, parece apuntarse en las últimas fechas un cierto repliegue en los planteamientos iniciales en materia tributaria (por ejemplo, con la paralización del anunciado impuesto a la banca).

En el ámbito específico de las relaciones laborales, resulta difícil de explicar que no se hayan implementado ya algunas de las modificaciones legales imprescindibles para revertir algunos de los cambios más perjudiciales de la reforma laboral que realizó el PP en 2012, como son la recuperación de la prioridad aplicativa del convenio de sector sobre el de empresa y de la llamada ultraactividad de los convenios (la prolongación automática de su vigencia en tanto no exista otro que lo sustituya), la eliminación de los contratos de apoyo a emprendedores y de primer empleo joven (temporal sin causa), la obligatoriedad del registro diario de jornada y su accesibilidad a los representantes de los trabajadores o la modificación de la regulación de las condiciones de trabajo en las contratas y subcontratas, actualmente uno de los principales focos de precariedad, para hacerla más garantista.

La aprobación de estas medidas laborales es urgente; aún sin consenso en el diálogo social. Primero, porque todas ellas son cuestiones ampliamente debatidas ya en el seno de dicho diálogo, y sobre las que solo cabe ya tomar una decisión, que corresponde al Ejecutivo. Y segundo, porque el sistema de relaciones laborales actual es consecuencia de unos últimos cambios normativos que se hicieron precisamente de manera unilateral, sin consenso, en 2010 y 2012. Conviene recordar que los sindicatos convocamos dos huelgas generales contra estas reformas impuestas. En especial, la reforma del gobierno del PP de 2012 supuso una ruptura del marco de relaciones laborales que ha provocado un aumento de la precariedad laboral y del poder de decisión empresarial, y que la patronal asumió complacida. En consecuencia, los cambios mencionados más arriba tan solo vendrían a reparar mínimamente aquella fractura unilateral. Sin ello, no será posible recomponer un funcionamiento razonable del mercado laboral.

En suma, es preciso poner en valor lo realizado en el corto espacio de tiempo que lleva el actual gobierno, que refleja una clara voluntad de recuperar derechos y libertades y mejorar la situación social del país. Pero es necesario que construya un programa de cambio más consistente y claro, con medidas concretas que, tras ser contrastadas convenientemente a través del diálogo social, debería intentar aprobar sin demora. Es con hechos como se puede devolver la esperanza a los millones de personas que han sido depauperadas tras años de crisis económica y de políticas regresivas. En esta tarea, el Gobierno siempre encontrará a UGT.