Opinion · Dominio público

Autónomos, presente y futuro del mercado de trabajo

Joan Capdevila

Diputado de ERC por Girona

A inicios de 2017 se constituyó a el Congreso de los diputados la Subcomisión para el estudio de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, dicha subcomisión nos ha permitido reflexionar conjuntamente con expertos sobre cuáles son las necesidades del colectivo de trabajadores por cuenta propia (autónomos) y de qué modo pueden las administraciones facilitar la vida a estos trabajadores… en lugar de complicársela. Aun cuando la disolución de las Cámaras viene a ser un poner a cero el contador, como decía Salvat Papasseit “res no és mesquí”, o si el lector prefiere, de una Subcomisión parlamentaria se aprovecha todo, si se quiere, y el trabajo que queda en actas es mucho y de mucho provecho, a mi entender.

Antes de empezar a abordar algunas de las iniciativas que creo imprescindibles para afrontar los retos del sector en los próximos años y como desde la política debemos actuar, quiero hacer un pequeño prefacio para tratar de dimensionar la magnitud del reto que tenemos entre manos.

El trabajo por cuenta propia es realidad creciente consecuencia de cambios profundos como la digitalización de la economía y la flexibilización de los mercados. Esta Cuarta Revolución Industrial, “la tecnológica”, nos coloca frente a un mundo cada vez más acelerado y sometido a constantes cambios. Las economías que mejor se adapten a estas nuevas realidades podrán prosperar y las que no, quedaran descabalgadas en un mundo cada vez más competitivo. Ante este panorama conviene afrontar los retos y no dejar que la inercia nos inmovilice mientras esperamos que el tsunami nos pase por encima.

Pixabay
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Esta transición en las estructuras del trabajo nos plantea muchas oportunidades pero también evidentes riesgos como por ejemplo el uso fraudulento de la figura del autónomo por parte de empresas para reducir costes precarizando las condiciones laborales. La emergencia de una nueva clase social, “el precariado” de trabajadores pobres, que ven como son empujados a un mercado laboral cada vez más draconiano. La destrucción de modelos de negocio tradicionales que han ayudado a la construcción de un tejido económico y social que ha vertebrado nuestros pueblos y ciudades y que son sustituidos por nuevos modelos de negocio desarraigados que generan grandes riquezas pero cada vez peor repartidas.

Ante estas amenazas hay que responder con políticas ambiciosas que pongan al trabajador, sea autónomo o asalariado, en el centro del debate.

La flexibilidad, la autonomía, la capacidad creativa y la apuesta por un modelo de sociedad emprendedora que invierta decididamente por el conocimiento y la innovación nos ayudarán sin duda a afrontar los enormes retos que nos plantea el siglo XXI.

Hay que afrontar el reto de la temporalidad en el trabajo como una cuestión estructural, pues ya no volveremos al modelo anterior por mucho que algunos sientan nostalgia.  Lo que estamos viendo con los riders o con el conflicto entre taxi i VTC no es un estadio pasajero, es el futuro que nos está haciendo señales de humo para que actuemos.

Si no somos capaces de leer hacia donde se dirigen estos vientos de cambio, seremos incapaces de dar respuestas normativas adecuadas a las nuevas realidades del mundo del trabajo. La regulación laboral, tanto en el campo de la fiscalidad como de la protección social tendrá que tener en cuenta el fenómeno del nuevo protagonismo que está teniendo, y tendrá de forma creciente, el trabajo autónomo.

Necesitamos un nuevo modelo de Estado emprendedor que desde una lógica inversora, abandone viejas formas de burocratización y de obstaculización de la actividad económica e industrial, con una administración eficiente, simplificadora y facilitadora que incentive y estimule la investigación, la inversión y el emprendimiento. Una Administración tributaria eficiente, transparente, cooperante con el contribuyente y con vocación de servicio público.

Las administraciones tienen que ser sujeto activo en las transformaciones que estamos viviendo, no meros convidados de piedra. La capacidad que tengamos para poner los avances tecnológicos y los nuevos modelos de negocio al servicio del desarrollo social y la equidad, y no al servicio de unas élites extractivas, marcaran nuestro éxito o fracaso futuro.

El potencial en generación de riqueza del trabajo autónomo, si somos capaces de acompañarlo con las políticas públicas adecuadas, es incalculable. El desarrollo de una nueva masa de trabajadores y trabajadoras emprendedora, dinámica y creativa es tal, que puede generar un retorno social que nos sitúe a la cabeza del mundo desarrollado.

Para ello hay que afrontar retos ambiciosos. ¿Qué hacer?

Para no ser acusado de sesgos, declaro, orgulloso, los míos: Cataluña es un país con larga tradición y fuerte vocación emprendedora. No sólo en cuanto a las iniciativas empresariales, sino también en cuanto a la proactividad del tejido cívico, social, y asociativo, en el desarrollo de ideas innovadoras que nos hacen avanzar como sociedad. En Cataluña hay más de medio millón de autónomos, representan el 20% de la población activa, y creciendo. Su presencia se da transversalmente en todos los sectores de la economía. Se trata pues de una cuestión central a la hora de abordar el futuro de nuestro modelo económico y social. A riesgo de que se me acuse de tergiversar causa con efecto (más, siendo el 90% de mi historia laboral bajo el régimen de autónomos), sostengo que el emprendimiento ha formado parte de nuestro ADN, siendo Cataluña un polo económico de referencia en Europa y punta de lanza en los procesos de desarrollo en el resto del Estado. Y entiendo, bajo mi doble nacionalidad de catalán y autónomo, el emprendimiento y el trabajo por cuenta propia como una de las principales fuentes futuras de generación de empleo y de creación de riqueza y, consecuentemente, de contribución para el sostenimiento del estado del bienestar. No en vano, han sido los trabajadores por cuenta propia, incluidos quienes tienen trabajadores a su cargo, junto con las PYMES, son los que han ofrecido mejor resistencia a la crisis y al deterioro del empleo.

La voluntad de potenciar un sector tan importante para la economía y que ha sido enormemente castigado durante estos últimos años de recesión económica, nos obliga a ser decididos en nuestras iniciativas. Abrir un debate profundo sobre cómo abordar aquellos elementos que han dificultado el desarrollo, que han contaminado el ecosistema, tanto de los emprendedores como de los autónomos.

Hay que potenciar y acompañar desde las administraciones a los autónomos, especialmente en el inicio de la actividad económica, con instrumentos alternativos a la financiación bancaria, capital riesgo, smart capital, business angels o créditos participativos. Hay que garantizar que nadie queda excluido, con redes de protección y leyes de segundas oportunidades. Garantizar una buena protección social, especialmente en cuanto a la prestación de paro, la percepción de las pensiones, las bajas laborales y de maternidad.

Si vamos más allá, cabe reflexionar sobre el modelo de cotización actual. Puede que debamos transitar hacia un sistema integrado. Un Régimen General con las especificaciones necesarias para tratar la complejidad de un mercado, que sabemos heterogéneo, pero que ofrezca mayores garantías de trato no discriminatorio. Buscar mecanismos de homogeneización de prestaciones y cotizaciones, como lo hace el modelo danés,  supone reducir las inequidades y dotar de mayor seguridad al trabajador.

Las actuales perspectivas de vida laboral, en torno a los 45 años de duración, van a comportar alternar o simultanear el trabajo por cuenta propia con el trabajo en empresas y cambiar de profesión, con la formación adecuada, varias veces a lo largo de la vida.  Esta inexorable realidad demanda también, en línea con la homogeneización que he apuntado, un sistema de derechos y protección social transferible que cubra las diferentes situaciones laborales, así como mecanismos, tanto públicos como privados, que faciliten las transiciones y acoten la exposición a los riesgos más allá de la actividad empresarial inherente.

Fomentar la flexibilidad y la autonomía del trabajador, garantizando que ésta sea voluntaria y no impuesta. Eso requiere mecanismos para dignificar el trabajo parcial y garantizar un modelo justo de cotización de este.

Perseguir y penalizar las prácticas fraudulentas como la contratación de falsos autónomos mediante una clarificación normativa que dificulte la ingeniería fiscal y jurídica de empresas que precarizan el trabajo a la vez que eluden impuestos. Perseguir la morosidad, que sigue siendo el primer factor de riesgo de fallida del negocio.

Incentivar la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas para favorecer su productividad, ayudar a su formación y poder así competir en mejores condiciones con los grandes grupos empresariales.

Y bajo estas premisas, quizás en exceso generalistas pero en todo caso deliberadamente generales y entiendo que muy comunes, llamar a los grandes grupos parlamentarios presentes en la Subcomisión arriba mencionada, a un trabajo responsable y constructivo. Realismo y altura de miras no deben ser antagónicos.