Opinion · Dominio público

Televisión pública, una garantía democrática

Carmen Vidal

Secretaria de Comunicación de CCOO Madrid

Centro de control de Torrespaña
Centro de control de Torrespaña

Decía Ignacio Ramonet en La tiranía de la comunicación que, tal vez, convendría cuestionarse la tradicional división de poderes originada en la Ilustración, y a la que un siglo después, de manera oficiosa, se le añadirían los medios de comunicación como un cuarto poder que cumpliría una función de control. A su juicio, ya en los estertores del siglo XX, el primero de los poderes sería ya el económico, mientras que el mediático habría conseguido subir en el escalafón hasta un segundo puesto, relegando al poder político a un tercer lugar en influencia.

Sin embargo, la realidad es que buena parte de esos medios de comunicación, ese segundo poder, se encuentra en manos de grandes grupos multimedia, auténticos holdings de la comunicación y multinacionales cuyos vínculos con el poder económico y financiero (y también con el político) son mucho más que estrechos. Un ejemplo paradigmático es News Corporation, la compañía de Rupert Murdoch, con su canal de noticias Fox News convertido en una herramienta de propaganda al servicio del Partido Republicano, y cuya historia ha saltado recientemente al mundo de las series con The Loudest Voice de la mano de Russell Crowe encarnando el papel de su ideólogo y fundador, Roger Ailes, otrora asesor de presidentes como Nixon o George Bush, entre otros.

En este marco, la televisión como medio de comunicación de masas por excelencia, ha estado en el punto de mira de esos grandes grupos. Como canal dirigido a un amplio y heterogéneo público, la televisión continúa siendo una poderosa herramienta en el ámbito de la comunicación política (aunque su identidad con la transformación tecnológica esté siendo rediseñada, pero ese es otro debate) y, por tanto, un medio cuyo control y utilización ha sido siempre deseado por diferentes grupos de interés y empresas, no sólo los relacionados con la comunicación.

Ante esta realidad, las personas con un mínimo de inquietud democrática debemos abordar las siguientes cuestiones: ¿queremos que uno de los poderes fácticos más poderosos esté exclusivamente en manos e intereses privados? ¿Entiende la ciudadanía que la posibilidad de tener una información plural, veraz, donde estén representados los diferentes puntos de vista, y que recoja una visión amplia del mundo es una necesidad básica? La capacidad de toma de decisión lo más libre posible es un derecho ciudadano que no se cubre únicamente desde el ámbito de la enseñanza, sino que debe protegerse a lo largo de toda su vida, por lo que es indispensable que el acceso a la información sea un servicio público de la misma relevancia que la educación.

Es precisamente en este marco donde cobra más importancia que nunca la defensa de las televisiones públicas que, en nuestro país, tiene en los canales autonómicos uno de los mejores ejemplos. Una defensa que es necesario explicitar ahora que se ha vuelto a la carga en contra de un servicio público esencial.

Esencial por las cuestiones referidas anteriormente, pero que podemos concretar en dos derechos básicos tanto de la sociedad como de la ciudadanía en particular: el primero de ellos es el que tiene que ver con el derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía. Y para ello es fundamental que la sociedad cuente con las herramientas y capacidades adecuadas para acceder a esa información pública. No se trata únicamente de lo que tiene que ver con el contenido de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno aprobada en 2013 (en cuanto al derecho de acceso a la información pública), sino también del papel crucial que cumplen los medios públicos a la hora de ofrecer una información completa, contrastada y de calidad que entronca con el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” que reside en el artículo 20 de la Constitución.

Y el segundo es que el tiene que ver con el acceso al medio y la pluralidad informativa por parte de los principales actores de un territorio determinado. Gracias a las televisiones públicas autonómicas, las organizaciones sociales, políticas y económicas hemos tenido la posibilidad de difundir informaciones, opiniones y nuestra posición con respecto a los diferentes temas que atañían a nuestra región y que, en otros medios de titularidad privada, hubiese sido harto complicado conseguir.

En el caso de Telemadrid, y aunque aún debe seguir ahondándose en la línea emprendida desde un tiempo, aún recordamos aquellos años en los que la manipulación más burda e interesada colocó este medio al servicio de un partido de una forma grosera y enormemente lesiva para sus trabajadores y trabajadoras. Son precisamente aquellos que vituperan a los medios públicos y al Estado en general, los primeros que se aprovechan de ellos para utilizarlos en su propio beneficio.

La producción de contenidos de calidad, la información veraz, el acceso abierto y plural a personas y organizaciones son factores que convierten a una televisión autonómica en un servicio público de primera magnitud. Y todo ello se hace cuando se deja a sus profesionales trabajar con independencia y sin presiones. El modelo de la BBC británica, aunque no sea trasladable a otros países por las peculiaridades de la sociedad y el país en el que nace y se desarrolla, sí que podría servir de espejo en el que mirarse. Necesitamos y queremos unas televisiones públicas de calidad, en las que sus profesionales puedan desempeñar su labor sin imposiciones ni manejos de ningún tipo.