Después de tres siglos de luchas políticas feministas y de conceptualizaciones teóricas no hemos conseguido que las sociedades democráticas diseñen y apliquen políticas públicas de igualdad para las mujeres. La acción política feminista se ha desarrollado hasta hace poco más de tres décadas solo en la sociedad civil en forma de movilizaciones sociales. En el imaginario feminista son poderosas las imágenes de las mujeres sufragistas reclamando el derecho al voto, o la de las mujeres que participaron activamente en la Revolución Francesa y exigieron una declaración de derechos de la mujer y la ciudadana. En el siglo XX, las feministas radicales reclamaron el fin de las relaciones de poder entre hombres y mujeres en el marco de las relaciones de pareja y de la familia patriarcal. Y lo hicieron en las calles ante la incomprensión de la sociedad patriarcal que se negaba a entender la falta de derechos de las mujeres, quizá porque eso significaba poner al descubierto los privilegios masculinos.

Tras muchas movilizaciones políticas en torno a vindicaciones feministas concretas, algunos estados democráticos se vieron obligados a hacer políticas públicas de igualdad. Así, una pequeñísima parte de los presupuestos del estado de algunos países se dedicaron a compensar y corregir una desigualdad, la de las mujeres, sólidamente arraigada en las estructuras sociales patriarcales. Empezaron a surgir institutos de la mujer, direcciones generales de la mujer o de igualdad, concejalías de la mujer o de igualdad, incluso en algunos países se crearon ministerios de la mujer, de igualdad o de la condición femenina. Últimamente, incluso los han denominado con el término feminista. Todas las políticas públicas de igualdad atendieron a demandas feministas, pero no todas fueron diseñadas desde enfoques feministas. Algunas tuvieron más presupuesto y otras menos. Algunas políticas fueron liberales y otras más transformadoras. Era de esperar que las lógicas de dominio patriarcal las vaciase de contenido.

Para alcanzar este objetivo, es decir, para privarlas de todo contenido transformador, fue preciso situar las políticas de igualdad en el marco de otras estructuras: en el mejor de los casos, junto a políticas de redistribución que representaban a otros colectivos explotados y en el peor, junto a políticas que pretendían reconocer y proteger a la familia y a la infancia desde una perspectiva conservadora. La izquierda, mayoritariamente, colocó las demandas feministas en el contexto de las políticas sociales. Era necesario hacer políticas de acción afirmativa de carácter redistributivo para quienes tenían menos recursos. Y también para las mujeres. En el imaginario de la derecha las mujeres son definidas como madres y esposas, de modo que las estructuras políticas que debían velar por la igualdad de las mujeres siempre estaban acompañadas de infancia, familia e incluso deportes. Finalmente, tras muchas argumentaciones y luchas políticas feministas, se pudo convencer a sectores de la izquierda de que las mujeres no son un grupo ni un colectivo más junto a otros grupos y colectivos. Se argumentó que las mujeres somos la mitad de la población y por ello necesitamos políticas específicas que traduzcan la singularidad de la subordinación de las mujeres, pero también el reconocimiento de la ingente praxis feminista. La feminización de la pobreza y la precariedad de las vidas de las mujeres así lo exigen.

En los últimos tiempos, cuando parecía vislumbrarse que la izquierda había comprendido la especificidad de nuestra subordinación y de nuestra lucha y por tanto la necesidad de recursos específicos para corregir una desigualdad que desemboca casi siempre en pobreza, nos volvemos a encontrar con que ahora nos colocan junto al colectivo LGTB. Otra vez. No es que las feministas no comprendamos la discriminación sexual o la explotación económica de grupos y colectivos que requieren políticas públicas de igualdad. No es que no nos sintamos solidarias con otras opresiones, desigualdades y discriminaciones. No es que no queramos que se hagan políticas de redistribución y reconocimiento para quien lo necesite. Lo que exigimos es que las necesidades e intereses de las mujeres sean reconocidos en estructuras políticas específicas, con presupuestos específicos, tal y como corresponde a los niveles de falta de recursos y pobreza de las mujeres. Pero también a las políticas de la presencia que hemos protagonizado desde hace tres siglos. ¿Lo acabará entendiendo la izquierda, la más moderada y la más radical? Urge que lo entiendan.