Dominio público

Venezuela sigue en 2020 con dos 'presidencias' y tiene ahora tres 'legislativos' en vez de dos

Roberto Montoya

Periodista y escritor

Fotógrafos capturan momentos de la rueda de prensa de Diosdado Cabello (c-arriba), jefe de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), este miércoles, en Caracas (Venezuela).. EFE/ Miguel Gutiérrez
Fotógrafos capturan momentos de la rueda de prensa de Diosdado Cabello (c-arriba), jefe de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), este miércoles, en Caracas (Venezuela).. EFE/ Miguel Gutiérrez

Venezuela ha comenzado el nuevo año con más instituciones claves del Estado duplicadas de las que tenía en 2019. Mantiene la anomalía de dos 'presidentes' y dos asambleas legislativas, y ha iniciado el 2020 con una asamblea legislativa más.

Hasta el sábado pasado el país ya contaba, por un lado, con Nicolás Maduro como presidente, salido de las urnas, que controla, como jefe de Estado y de Gobierno, el Ejecutivo, la política económica del país, la Justicia, las fuerzas armadas, la educación, la sanidad y todo lo que implica la administración pública y el  aparato estatal.

Por otro lado ya existía desde hace casi un año también un autoproclamado 'presidente encargado', el opositor Juan Guaidó, líder del partido Voluntad Popular, a quien reconocieron formalmente como tal más de cincuenta países. Sin embargo, muchos de ellos, como España, lo reconocen sólo virtualmente.

Las relaciones oficiales diplomáticas y económicas de España con Venezuela se mantienen con el Gobierno de Nicolás Maduro, y al frente de la embajada de ese país en Madrid sigue estando como desde hace años Mario Isea, representante de ese gobierno reconocido oficialmente por España.

Esa particularísima dualidad se repite en otras instituciones venezolanas.

El poder legislativo tenía también dos caras... y desde el pasado domingo 5 de enero tiene tres.

Es la gran novedad, que crea más confusión y caos institucional, un cambio producto de la división de la oposición y alentado por el propio Gobierno de Maduro, cuyas consecuencias aún son difíciles de prever.

El origen de la actual multiplicidad de 'poderes legislativos'

¿Cuáles son esos tres legislativos?

Uno de ellos es la Asamblea Nacional, el órgano legislativo unicameral creado a fines de 1999, un año después del primer triunfo electoral de Hugo Chávez y tras un proceso constituyente que acabó con las tradicionales cámaras de diputados y senadores y se aprobó una nueva Carta Magna mucho más garantista e inclusiva.

Después de 17 años de derrotas electorales la oposición logró una primera gran victoria en las elecciones legislativas de 2015 -dos años después de la muerte de Chávez y cuando la crisis mundial ya golpeaba también a América Latina- haciéndose con el control absoluto de la Asamblea Nacional. Y ahí comenzó la crisis institucional que aún padece Venezuela.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró en 2016 a la AN en desacato y sus decisiones ilegítimas y no vinculantes por negarse a cumplir una resolución de ese alto tribunal en la que se negaba el derecho a asumir sus escaños a tres diputados opositores y a uno oficialista de la región de la Amazonia.

Según el Supremo había pruebas de irregularidades y sobornos en su elección. El alto tribunal no ordenó repetir las elecciones en ese estado, simplemente las invalidó. Pero tampoco la oposición las reclamó. ¿Por qué? Porque si una nueva votación auditada estrictamente arrojaba un resultado distinto y no lograba esos tres escaños, ya no contaría con una mayoría de dos tercios de la Asamblea Nacional.

Y la oposición, que por primera vez conseguía una victoria tan aplastante -112 de los 167 escaños-  lo quería todo; veía al alcance de la mano darle un jaque mate a Nicolás Maduro, el presidente que sucedió a Chávez tras su muerte y que triunfó en las elecciones de 2013 por un margen de 235.000 votos contra el líder opositor Henrique Capriles..

Ese número de escaños, 112, representaban dos tercios de los escaños de la AN y a la oposición le resultaban constitucionalmente imprescindibles para poder cerrar el cerco al poder, porque le hubiera permitido de acuerdo a la ley nombrar a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia y decidir juicios políticos a miembros del Gobierno.

La oposición, agrupada en la variopinta coalición Mesa de Unidad Democrática (MUD) integrada por más de veinte partidos, había celebrado por primera vez unas primarias conjuntas en 2012 eligiendo al oligarca Henrique Capriles -del partido Primero Justicia- su candidato presidencial. Aunque este perdió en esas elecciones de 2013 frente a Maduro, la oposición vivió esos años un auge aprovechando su estrenada unidad y el desgaste del chavismo, y en 2015 coronó esa ofensiva al conseguir tomar el control de la Asamblea Nacional.

Las fuerzas de la oposición se sentían ya en el poder.

Su euforia le hizo desafiar frontalmente al Estado. En su instalación y primera sesión, el 6 de enero de 2016, el nuevo presidente de la AN, Henry Ramos Allup, tomó juramento a los tres diputados de la Amazonia inhabilitados por el Supremo, Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, pero no así al otro diputado de ese estado inhabilitado, al chavista Miguel Tadeo, con lo que puso en evidencia su 'espíritu democrático'.

El Supremo intimó una y otra vez a la Asamblea a cumplir su sentencia para iniciar la legislatura acorde a la ley, pero la oposición la rechazó y comenzó a tomar decisiones.

Si la oposición hubiera hecho un análisis sosegado de la situación, si no hubiera tenido una ambición tan desmedida y una visión cortoplacista, habría aceptado la sentencia dado que aún así, con 109 diputados, tenía una abrumadora mayoría -frente a 54 escaños chavistas- que le habrían permitido rechazar proyectos de ley del Gobierno y sacar adelante sus propias propuestas.

En esa situación podría haber dejado maniatado al Gobierno de Maduro. Pero no lo hicieron.

El Supremo declaró así en desacato a la AN, pasándose esta a convertirse en un órgano fantasma, sin función vinculante alguna. Siguió sesionando, eligió por su cuenta -en ausencia de los diputados chavistas- a nuevos miembros de un Tribunal Supremo de Justicia supuestamente operativo desde el extranjero, en su intento de ir construyendo un doble poder y unas instituciones paralelas.

Ante la inexistencia de un poder legislativo reconocido por el Estado, Nicolás Maduro terminó por convocar el 1º de Mayo de 2017 elecciones para conformar una nueva Asamblea Nacional Constituyente que integrarían 500 representantes.

Citando el artículo 347 de la Constitución de 1999 que habilita al presidente a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, Maduro dijo ese día: "Convoco una Constituyente ciudadana, no una Constituyente de partidos ni élites, una Constituyente ciudadana, obrera, comunal, campesina, una Constituyente feminista, de la juventud, de los estudiantes, una Constituyente indígena, pero sobre todo, hermanos, una Constituyente profundamente obrera, decisivamente obrera, profundamente comunal".

Fue un proceso boicoteado por el grueso de la oposición, que lo consideró "un golpe de Estado", y como consecuencia de ello el chavismo ganó de forma aplastante las elecciones y se dio lugar así a la formación de una Asamblea que en la práctica no esbozó una nueva Constitución sino que se convirtió en el verdadero poder legislativo de Venezuela.

Al frente de ella está Diosdado Cabello, ex militar y hombre fuerte del chavismo, uno de los nombres que más sonó en su momento para suceder a Hugo Chávez antes de que este pidiera en 2013 a sus fieles que votaran por Nicolás Maduro.

Ni la oposición ni muchos países reconocieron la legitimidad del segundo mandato de Maduro

A pesar de esa caótica situación institucional creada la agenda electoral siguió su curso 'normal' y en 2018 la Junta Nacional Electoral convocó nuevas elecciones presidenciales en mayo para la legislatura 2019-2025.

El grueso de la oposición llamó a boicotear las elecciones -como hizo varias veces en los 20 años de gobiernos chavistas- por lo que Maduro fue refrendado por 6.245.862 votos, el 67,84% de los votantes; Henri Falcón, ex militar y abogado que rompió con el chavismo en 2010, obtuvo 1.927.387 votos, el 20.93 % de los votos emitidos, como candidato de la formación de centroizquierda Avanzada Progresista. El pastor evangélico y empresario Javier Bertucci, de la formación Esperanza por el Cambio, consiguió 1.015.895 votos, el 10.82%.

Aunque mayoritariamente las fuerzas de la oposición y muchos países y organismos como el Alto Comisionado de la ONU rechazaron la legitimidad de la convocatoria de esas elecciones habida cuenta de la crisis institucional abierta, el Estado venezolano las dio por buenas.

Por ello el 10 de enero de 2019 Nicolás Maduro volvió a juramentar como presidente para iniciar un segundo mandato.

Esto sucedía solo cinco días después de que un hasta ese momento casi desconocido Juan Guaidó asumiera en nombre del partido conservador Voluntad Popular la presidencia rotativa de la Asamblea Nacional 'rebelde'.

Al no reconocer las instituciones del Estado la legitimidad de esa AN, el juramento de toma del poder de Maduro no se celebró como marca la ley en la Asamblea Nacional sino en la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Allí Maduro, arropado por todas las autoridades del Estado y en presencia de solo cinco mandatarios extranjeros, se comprometió a "construir el socialismo del siglo XXI".

Esa alteración del protocolo habitual para asumir el cargo fuera de la sede parlamentaria fue la que utilizó Guaidó y su Asamblea Nacional para calificar de ilegítima la asunción del poder por Maduro. Es por ello que invocando la ley que establece que ante la "ausencia o incapacidad" del candidato para asumir su cargo es el presidente de la AN quien asume como "presidente temporal" hasta convocar nuevas elecciones, Guaidó se autoproclamó días después como 'presidente encargado'.

El año 2019 terminó por tanto con dos 'presidencias' en Venezuela y dos 'presidencias' legislativas, las de Juan Guaidó al frente de la Asamblea Nacional y la de Diosdado Cabello al frente de la Asamblea Nacional Constituyente, ambas operando en sendos hemiciclos en el mismo palacio legislativo.

¿Juan Guaidó no pudo o no quiso entrar a la Asamblea Nacional?

Como si el caos e inoperancia institucional fuera poco -en un país con una aguda crisis económica y social, un grave deterioro de todos los servicios públicos y millones de emigrados- a partir del pasado domingo 5 de enero la situación se complicó aún más.

Ese día se vivió una jornada verdaderamente esperpéntica. Se celebraba, como todos los años en esa fecha, la elección del presidente de la Asamblea Nacional.

Dos diputados del equipo de Guaidó, Stalin González y Edgar Zambrano, pidieron al vicepresidente de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez -según aseguró Maduro públicamente el mismo día 5- que se reforzara especialmente la seguridad en torno a la sede legislativa porque tenían información de que gente ajena a la Asamblea pretendía entrar en ella para sabotear la sesión.

Desde temprano ese día la Guardia Nacional Bolivariana estableció un fuerte dispositivo de seguridad en los alrededores y ante la principal puerta de acceso de la sede legislativa se instaló una mesa donde personal de la GNB controlaba que en sus listas estuvieran los parlamentarios y los periodistas e invitados acreditados para autorizar su ingreso.

Según la versión de los partidarios de Guaidó y de varias agencias de noticias, la más recogida luego en medios de muchos países, España incluida, los agentes dejaron pasar al hemiciclo exclusivamente a los parlamentarios chavistas y a los disidentes de la oposición y medios afines, impidiendo la entrada al resto.

Las imágenes de Guaidó intentando saltar una verja de la AN para poder entrar al hemiciclo fueron portada de numerosos medios en todo el mundo.

La versión dada por el Gobierno, por los parlamentarios chavistas y opositores críticos y los medios oficialistas, fue muy distinta. Según ellos, esas imágenes de Guaidó fueron pura y simplemente un paripé.

Guaidó temía, según esa versión, no contar con los 84 votos necesarios -de un total de 167- para ser reelegido, en la medida que le podían invalidar los votos de numerosos de sus diputados desde el extranjero vía telemática. Por ello habría querido reventar la sesión de una forma sonora, impactante como la de intentar saltar la verja siendo impedido por los agentes de la Guardia Nacional, que provocara reacción en la población y en el exterior.

Para validar esta versión, se muestra un pequeño vídeo del acceso a la sede legislativa, cuando Juan Guaidó se acerca a la mesa de la GNB acompañado de varios de sus diputados, entre los que se encontraban dos inhabilitados por el Tribunal Supremo, el diputado por el estado de la Amazonia Romel Guzamana, y el diputado Simón Calzadilla.

Se escucha en el vídeo que se los agentes le dicen al grupo que esos dos diputados no aparecen en sus listas como autorizados a penetrar en el hemiciclo, pero que los demás sí pueden pasar. Es el momento en que Guaidó dice que "o entramos todos o no entra ninguno", y decide quedarse por los alrededores con sus acompañantes rodeado de escoltas, partidarios y decenas de representantes de medios de comunicación, en una zona atiborrada de agentes de la Guardia Nacional.

El veterano diputado opositor de Acción Democrática, Williams Dávila, partidario de que todos los grupos apoyaran la reelección de Guaidó, hizo unas declaraciones a los medios de comunicación en la que reconocía que los únicos a los que no se les permitía entrar era a Calzadilla y Guzamana.

En el vídeo se pueden escuchar perfectamente sus palabras: "Solamente Calzadilla, tenemos el caso del diputado de Amazonas que no han dejado entrar, el resto todos hemos entrado", y dice que "el presidente Guaido está allá justamente hasta el final porque estamos peleando para que Calzadilla y para que otro diputado de Amazonas entre".

Las declaraciones de Dávila, un firme defensor de Guaidó que llama "traidores" a los disidentes, confirmaría la versión gubernamental. Al hemiciclo pudieron entrar todos los diputados que quisieron -entró también el Nuncio y varios diplomáticos- salvo aquellos inhabilitados por la Justicia. Guaidó se habría quedado afuera con solo unos pocos diputados.

En un vídeo grabado en los jardines interiores del Palacio Legislativo se puede ver a los dos diputados pro Guaidó que habían pedido el refuerzo de la custodia de esa sede, hablando amigablemente con un diputado chavista, Pedro Carreño. "Estamos hablando de pelota (de béisbol)", le dice Stalin González a la periodista entre risas.

En el interior, según los opositores disidentes y chavistas, había 150 parlamentarios y según las normas de la Cámara la victoria se obtiene por mayoría simple de los presentes. El 5 de enero habrían votado 81 a favor de la nueva Junta Directiva, superando así la mitad más uno requerida.

En otras imágenes se ve también a distintos diputados, varios de ellos de la oposición, hablando distendidamente en los jardines internos del palacio legislativo, con lo cual supuestamente se demostraría que no se había puesto trabas a nadie para ingresar.

Y en el interior del hemiciclo, los diputados disidentes apoyados por los parlamentarios chavistas, ante la falta de la junta directiva saliente presidida por Guaidó -que supuestamente dilataba intencionadamente su entrada- decidió tras dos horas y media de espera y en una sesión tumultuosa, de gritos de partidarios de este y empujones, nombrar una nueva directiva.

Siguiendo el reglamento interno de la AN fue el diputado de mayor edad, Héctor Agüero, chavista, quien dio inicio a la sesión.

A partir de ese momento ya se cerró la entrada al hemiciclo y ese habría sido el momento en el que Guaidó fue grabado intentando saltar una verja para acceder a los jardines internos del palacio legislativo.

La elección se hizo a mano alzada y de forma apresurada, saliendo votado por mayoría simple la nueva Junta Directiva para la legislatura 2020-2021, compuesta por Luis Parra como presidente (Primero Justicia); Franklin Duarte (Copei); José Gregorio Goyo Noriega (Voluntad Popular, el partido de Guaidó) y Negal Morales (Acción Democrática). El voto de los 49 diputados del Bloque de la Patria (chavistas) y de los seis parlamentarios disidentes del mismo, fueron claves para alcanzar ese número de apoyos.

La nueva junta directiva, compuesta por disidentes de los principales partidos de la oposición más dispuestos a un diálogo directo con el Gobierno, supone un éxito para Maduro y un gran golpe para Guaidó.

En una operación inédita para deshacerse de Guaidó, Maduro ha optado incluso por apoyar a diputados opositores a hacerse con el control de la Asamblea Nacional aunque no haya diputados oficialistas en su junta directiva.

Por la tarde Guaidó reunió a todos sus partidarios -muchos de ellos habían participado de la sesión de la mañana- en la sede del opositor diario El Nacional para celebrar allí una suerte de nueva sesión de la Asamblea Nacional, en la que fue reelegido presidente de la misma, supuestamente con el apoyo de más de 100 diputados.

Ese número se lograría únicamente si además de votar a favor los 69 opositores fieles a Guaidó que también participaron en la sesión de la mañana, se hubieran sumado los de una treintena que estuvieran con él en el exterior, algo que contradice las declaraciones del propio Dávida y otros diputados opositores. El difícil control de los resultados de una y otra votación no permiten esclarecer totalmente los números y será difícil una auditoría fiable. Todo fue realmente caótico.

El Estado calificó de inválida esa última votación y legitimó a Luis Parra como el único presidente de la Asamblea Nacional.

El martes 7 se repitió una situación similar, sesionaron por separado los miembros de la Asamblea Nacional presidida por el líder opositor Luis Parra, y poco después lo hacían los de la 'otra' Asamblea Nacional presidida por Guaidó, quienes tuvieron que hacer una gran presión frente al fuerte cordón de la GNB para poder entrar al recinto.

Ambos 'legislativos' reivindicaron ser los únicos legítimos. El Gobierno y la Justicia reconoció al opositor Parra como legítimo presidente de la Asamblea Nacional, por lo que el Tribunal Supremo podría próximamente levantar el veto por desacato que existía contra ella, con lo que Maduro intentaría sellar algún tipo de acuerdo con esos parlamentarios opositores disidentes a los que ahora ayudí cara a las elecciones legislativas que podrían convocarse para este año. Con ello aspiraría a dividir a la oposición y desarticular al sector más duro y ligado a EEUU que apoya a Guaidó.

La incógnita es si el Gobierno y el Tribunal Supremo permitirán también el funcionamiento de la 'otra' Asamblea Nacional, la presidida por Guaidó, que sigue siendo reconocido como tal y también como 'presidente encargado' por buena parte de la comunidad internacional, o aplicará mano dura contra ella -que viene funcionando desde 2016- lo que podría provocar consecuencias imprevisibles.

Lea el artículo anterior '¿Venezuela continuará en 2020 con un presidente real y otro virtual?'

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