Opinion · Dominio público

El poder judicial ‘te lo afina’

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. EFE

Uno de los grandes retos del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos debería ser no solo la renovación del poder judicial, sino el método de elección de sus miembros mediante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) Esta reforma, por la que clama a gritos una ciudadanía que considera que la independencia judicial pasa por uno de sus peores momentos en democracia, debería garantizar que intereses partidistas de todo tipo no influyeran en las decisiones judiciales.

El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para dar luz verde al primer Gobierno de coalición postfranquista recoge esta cuestión exactamente en estos términos: “Promoveremos acuerdos parlamentarios de consenso que permitan la elección y renovación de los órganos constitucionales y organismos independientes, como el caso del CGPJ, el Defensor del Pueblo, la presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el consejo de administración de RTVE. Primaremos en la búsqueda de dichos acuerdos los principios de mérito, capacidad, igualdad, paridad de género y prestigio profesional”. Tan ambicioso como liviano, como el acuerdo en sí.

“Hemos sido advertidos por el Consejo de Europa y su Grupo Anticorrupción, que en 2016 situaba a España en la cola de la independencia judicial entre 21 países”

La reforma de la LOPJ en el apartado de la renovación de sus miembros es más delicada, si cabe, en el vertiginoso contexto político actual, pues supondría una de las muchas enmiendas que el PSOE habría de hacerse a sí mismo, ya que desde 1985, y pese a otras modificaciones de esta Ley que sí se han abordado, el bipartidismo PSOE-PP no ha hecho el más mínimo movimiento para reformar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Eso sí, ha sido materia de compromiso en cada campaña electoral que se precie durante 35 años; es difícil renunciar a herramienta partidista tan poderosa cuando se accede a La Moncloa.

El CGPJ lleva en funciones desde diciembre de 2018, con Carlos Lesmes en la presidencia del Consejo y del Supremo y con una mayoría conservadora del PP que produce sonrojo por su militancia y por la confirmación que hizo de ella el exportavoz del Senado del Partido Popular, Ignacio Cosidó, en sus mensajes telefónicos sobre el control trasero que la formación de Casado seguiría haciendo del Poder Judicial con la sustitución de Lesmes por Manuel Marchena y que llevó a éste a renunciar en un gesto inevitable tras el bochorno y la indignación general; indignación de la ciudadanía, porque ni al PP ni al actual CGPJ les tembló el pulso, y tampoco al PSOE, que había pactado la presidencia de Marchena con el PP a cambio de once puestos en el CGPJ (nueve para los conservadores) antes de que lo eligiera ese mismo renovado CGPJ. Lamentable.

“¿Recuerdan los dos años en que el Ejecutivo de Zapatero no pudo renovar el CGPJ porque el PP optó ejecutar una oposición judicial encabezada por Trillo como la ahora anunciada por Casado?”

La dificultad para renovar a los miembros del Consejo, que requiere de tres quintos de las mayorías del Congreso y del Senado, lo que hace imprescindible la participación del PP, ya nace abocada al fracaso. El partido de Casado ha dejado muy claro, no solo que bloqueará cualquier iniciativa del Gobierno de coalición en ese sentido, sino que sus dirigentes son perfectamente conscientes de dónde reside su fuerza en esta legislatura y ese lugar es el Poder Judicial; el gobierno de los jueces, el Supremo y el Constitucional con la balanza inclinada al lado conservador. Y lo mismo da hablar de PP, Vox o Ciudadanos en esta cruzada anti-Ejecutivo, porque la derecha permanece unida siempre, en los gobiernos y en la oposición. “Actuaremos contra usted con la misma contundencia que contra Torra”, advirtió el presidente del PP a Pedro Sánchez en su discurso contra la investidura del candidato socialista. Esto es, dramatizando: “El Poder Judicial ‘afinará’ la victoria electoral del PSOE para devolver el poder a quien solo puede ostentarlo legítimamente: el PP”.

¿Recuerdan los dos años en que el Ejecutivo de Zapatero no pudo renovar el CGPJ entre 2006 y 2008 porque el PP optó ejecutar una oposición judicial encabezada por los recursos y otras artimañas lideradas por Federico Trillo, como la ahora anunciada por Casado? Hacer memoria al respecto y proyectarla sobre el presente debería bastar para que Sánchez afrontase de una vez por todas la reforma del sistema de elección del CGPJ en la ley que lo contempla para hacerlo realmente independiente de los partidos, también del PSOE y sobre todo, del PP, que es, además, quien con absoluta desvergüenza ha hecho gala de su influencia sobre el Poder Judicial, como reveló con sus mensajes filtrados Cosidó y como ha explicitado Casado ahora: ir contra el presidente con toda la fuerza de un Poder Judicial que domina y que se niega a renovar.

“La reforma de la elección de los miembros del Poder Judicial es muy delicada, pues supondría una de las enmiendas que el PSOE habría de hacerse a sí mismo”

Dejar pasar más tiempo para presentar una alternativa creíble que aborde el compromiso conjunto adquirido por PSOE y Unidas Podemos para dotarnos de unos tribunales independientes no hará más que empeorar una situación antidemocrática de la que ya hemos sido advertidos varias veces por el Consejo de Europa y su Grupo Anticorrupción, este último que situaba a España en 2016 en la cola de la independencia judicial de los 21 países evaluados.

De poco sirve acusar al PP y a sus compinches de ultraderecha de pervertir las instituciones con el uso ilegítimo de ellas si el PSOE no se planta, corrige su pasado y empieza a trabajar junto a Unidas Podemos en un sistema de elección del Poder Judicial independiente y oxigenado de una contienda bipartidista que hoy, con el bloqueo del PP, debería estar dando sus últimos estertores.