Dominio público

El Gobierno ignora los archivos de los que depende nuestra Memoria Histórica

Sergio Gálvez Biesca

Doctor en Historia Contemporánea. Miembro del Cuerpo de Archiveros del Estado. En la actualidad forma parte del Equipo de Investigación del proyecto ‘Historia, Memoria y Sociedad Digital. Nuevas formas de transmisión del pasado. La transición política a la democracia (1975-1986)’.

En sus memorias (Confieso que he luchado) Marcelino Camacho dejó para la posterioridad una de sus célebres frases: "los sindicatos eran los parientes pobres de la democracia". Mucho se podría reflexionar en torno a la situación de los archivos del movimiento obrero, pero, en esta ocasión, queremos hablar de archivos y la Administración General del Estado (AGE).

No a la manera de las películas norteamericanas, cuando un funcionario la ha liado y le envían al sótano. Es decir, al archivo. En nuestro caso patrio, se suele identificar nuestro trabajo con los papeles localizados en un contenedor o el hallazgo excepcional de un investigador. Nada más lejos de la realidad.

Pareciera como si siempre se tuviera que justificar el trabajo de fondo (anónimo en el 99% de los casos) que centenares de servidores públicos realizan día a día. Se trata de un cuerpo pequeño, pero cuya labor social y democrática se encuentra pendiente de reconocimiento. Sin los archiveros (lo vamos a decir alto y claro) la AGE no funcionaría. Más: sin archivos no hay democracia.

"Consignas" aparte, hay datos que justifican el título seleccionado. En el reciente Real Decreto 2/2020, de 12, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales los archivos no aparecen. También sucedió con el Real Decreto 139/2020, por el que se establece la estructura básica de los departamentos ministeriales menos de una quincena después. Ya saben: Control + F y busquen la palabra "archivos".  Desde hace décadas ni siquiera se les ha dedicado una mera Dirección General.

En base a los Presupuestos Generales del Estado prorrogados la partida destinada a Cultura (ya fuera como departamento único o compartido) ha significado el 0,2%-0,3% del total. Según la última partida presupuestaría de 2019 le correspondió 953 millones de euros. A los archivos poco más de 28 millones de € frente a los 158€ de Museos o los 47€ de Bibliotecas. Todos ellos comparten una misma Dirección General: Bellas Artes.

La Cultura, en términos generales, nunca ha sido una política de Estado. La historia es larga y conocida. No digamos la política de protección y recuperación del Patrimonio Documental. Sin embargo, lo más preocupante es constatar cómo sigue predominando una visión patrimonial historicista sobre lo que son los archivos. No solo son pasado. Al contrario, son presente y futuro de la Sociedad de la Información. Se podrán crear departamentos con el término de Transformación Digital pero sin los archivos no será posible ni viable.

Todo esto tiene que ver, en gran medida, con algo que no suele resultar tan obvio como se podría pensar inicialmente: nuestro traumático pasado común y el papel que han jugado, juegan y jugarán los archivos que se conservan (pues el listado de fondos destruidos, secuestrados o desaparecidos ha sido nota común) como palpables testimonios tanto de  la política de exterminio que ejecutó el franquismo durante la Guerra Civil como de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron a lo largo de la dictadura. Pues sí, las víctimas de los crímenes del franquismo, tal y como lo viene advirtiendo la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, merecen esa calificación. En no pocos casos, las dificultades legales, y de otro tipo, de acceso a los archivos se han convertido en el primer obstáculo (muchas veces insalvable) para que estas mismas víctimas puedan ejercer el primero de los tres Derechos Humanos que les son inalienables: el Derecho a la Verdad para a continuación ejercer su Derecho a la Justicia y su Derecho a la Reparación. Podríamos hablar largo y tendido de la normativa vinculada al Derecho de Acceso, pero, no nos engañemos, se trata de mera voluntad política.

Efectivamente, los archivos constituyen una de las barreras claves  para garantizar la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, ¿esta labor se puede realizar a "coste cero"?. Entiéndase lo dicho. Si bien las partidas presupuestarias permiten mantener abiertos los principales centros, los servicios de atención, consulta y especialmente de reproducción, entre otros tantos, podrían mejorar sobresalientemente con una pequeña atención presupuestaria extra. No con grandes sumas de dinero sino a través de una política a largo plazo, que partiera de la consideración de los archivos como un servicio público fundamental.

Estamos a pocos meses (en concreto, el 20 de octubre de este año) para alcanzar en teoría la denominada Administración Electrónica. A saber: sin papeles. Un imposible. Y eso tras una prórroga de dos años a la entrada en vigor del Registro Electrónico de Apoderamientos, Registro Electrónico, Registro de Empleados Públicos Habilitados, Punto de Acceso General Electrónico de la Administración y Archivo Único Electrónico (disposición final 7ª de la Ley 39/2015). Pero difícilmente se alcanzará esta meta sin un decidido empuje político de toda la AGE en una única dirección. Traducido en términos prácticos: a buen seguro (y esto ya es constatable) tendremos una "época documental administrativa en blanco" hasta que se alcancen soluciones tecnológicas razonables, públicas y que realmente funcionen. Por contrastar lo expuesto con un ejemplo: hasta que no se puso en marcha el Archivo de Simancas, allá por el siglo XVI, existe un vacío documental sobre la Edad Media sobresaliente. Los archivos son parte de la solución. Nunca del problema.

La situación expuesta, sin duda, ha de ser leída en términos de calidad democrática. Aunque a lo mejor debería ser leída en términos de eficiencia económica. Casi seguro, que por esta vía se prestaría más atención al asunto. Pues como han demostrado numerosos estudios de caso tener bien dotado y organizado un archivo repercute, a medio-largo plazo, positivamente en las cuentas públicas.

Algunas de las vías de solución, en parte, se han expuesto.  Una posible agenda reformista, que debería ser propia de un llamado gobierno de coalición progresista, con que solo incorporara entre sus "prioridades políticas" la necesidad de comprender los archivos como una política de Estado, se legislara una Ley de Archivos integral y garante de los Derechos Humanos y se creara una Secretaría de Estado en el Ministerio de Presidencia o en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, se situaría al Sistema Español de Archivos en donde le corresponde: en pleno siglo XXI.