Dominio público

Osadía, templanza y Constitución frente a la crisis

Amparo Díaz Ramos

Abogada especialista en violencia de género

Ejemplares de la Constitución española de 1978. REUTERS
Ejemplares de la Constitución española de 1978. REUTERS

Aún no hemos superado la crisis sanitaria del Covid-19 y  es mucho lo que tenemos que reflexionar y mucho lo que nos queda por avanzar y por inventar si queremos salir de esta situación sin abandonar a  una parte de la sociedad.

Esta experiencia de crisis sanitaria mundial  nos ha sacado a los balcones a aplaudir a quienes han dado su energía y su salud para salvarnos. Pero no solamente las profesiones sanitarias y de los cuidados se han hecho más visibles que nunca y han adquirido un vital protagonismo. También otro elemento ha adquirido un gran protagonismo: El Estado (la organización territorial y política que abarca a toda España), y especialmente el gobierno central.

Desde la derecha y la izquierda, desde incluso la falta de ideología política clara, se ha esperado y exigido que el Gobierno central, nos guiara y sacara de la crisis sanitaria. También en teoría se espera y exige  que nos saque, junto con las Comunidades Autónomas,  entidades Locales, y la organización supraestatal de la Comunicad Europea, de la crisis económica. La iniciativa individual de cada persona adulta es necesaria pero insuficiente, y las iniciativas ciudadanas colectivas complementan e innovan, y son un ejemplo a seguir en muchas ocasiones, pero no tienen capacidad para sustituir de manera general a las intervenciones públicas. Se necesita una actuación ejecutiva orquestada, armónica y colaborativa. Pero a la vez que queremos que se lleven a cabo esas funciones y criticamos la actuación del Gobierno porque queremos algo mejor, nos dan y nos damos respecto de la situación económica mensajes de conformismo. Nos repetimos como un mantra que ante la reducción del crecimiento económico no existen más opciones que aceptar que muchas más personas pasen hambre o mueran de enfermedades mal cuidadas o vivan en la calle o en la precariedad, o en condiciones indignas; o que nuestros ingresos se reduzcan de una manera drástica. Como si antes o después la capacidad del Estado para protegernos fuera a quebrar y no existiera más posibilidad  que aguantar que la mayoría de los niños y niñas pobres, y los de la clase media y baja vayan a tener una vida peor que la que han tenido hasta ahora, debido a la recesión económica. Como si no existiera otra opción más que reducir la inversión en la persecución de la violencia de género y en otras causas sociales de primera magnitud. Pero no es eso lo que nos dice la Constitución ni la economía.

La Constitución española no consagra un modelo económico pero sí un orden económico que debe cumplirse en todo el Estado  y que tiene como objetivo   "garantizar la convivencia democrática, dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo", promoviendo "el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida". Por eso España se define como Estado Social y Democrático de Derecho (art. 1.1) y se establece la obligación  a los poderes públicos de  promover las condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, y por tanto de  remover los obstáculos que la impidan, así como de facilitar la participación ciudadana en la vida política, social y económica (art. 9.2). En definitiva, nuestra norma suprema   consagra la obligación para  todos los poderes públicos del Estado, empezando por el
Gobierno central, de adoptar las medidas y reformas que hagan factible en toda España  la igualdad y la consecución de un orden económico y social justo. Y esa obligación es especialmente importante en estos momentos.

Nuestra Constitución establece que toda la riqueza del país está al servicio del interés general (artículo 128). No solo permite las nacionalizaciones de empresas emblemáticas que haya que salvar y poner a disposición de ese bien común, también lo exige siempre y cuando sirva para acercarnos a la igualdad y a un orden económico justo. No para mantener las diferencias de riquezas. No para salvar la riqueza de dueños y dueñas de bancos y de empresas, sino para salvar la capacidad económica de la ciudadanía, la capacidad de respuesta de los servicios públicos, y promover la igualdad.   Y también permite y exige que las grandes fortunas tengan que tributar de una forma mucho más significativa que lo que sucede en la actualidad, siempre y cuando esa entrada de dinero en las arcas públicas se use para el bien común. Algo que algunas personas supermillonarias han entendido ya,  mostrado que están dispuestos a aportar más por el bien común del que también dependen, como ha evidenciado esta crisis sanitaria.

No puede haber vencedores ni vencidos si queremos convivir y progresar, y menos en una crisis de esta magnitud que ha empezado por mostrarnos nuestra  codependencia a la hora de mantener la salud y la libertad. Se trata de aplicar una política de cuidado de toda la ciudadanía, con independencia del signo político de cada persona, porque todos y todas necesitamos ser cuidados y cuidar, dejando de lado cualquier odio y conectando con lo que tenemos en común: nuestra humanidad.

La convivencia pacífica dentro de un Estado va unida al bienestar de la población, a la igualdad y a la justicia. En mi opinión, es el momento de aplicar nuestra Constitución con osadía y templanza para afrontar la tarea de armonizar los derechos individuales con las necesidades económicas generales. Como seres humanos estamos entrelazados y no es momento para la resignación.