Durmió en paradero desconocido y con protección policial la noche de antes. Acudió al pleno de investidura del 7 de enero como si fuera un testigo protegido llegando al tribunal para testificar contra la mafia. Era el diputado de Teruel Existe, Tomás Guiarte. Quien no supiera el porqué de aquello tan anómalo, lo debió advertir ipso facto escuchando las intervenciones de la oposición. Entre gritos constantes, apelaciones guerracivilistas e insultos, se dijo por Casado y Abascal que el país caía en manos de "golpistas" y "terroristas". "No podemos considerar legítimo un Gobierno con tan clara vocación totalitaria y que será investido con los votos de diputados que realmente no lo son" proclamaba Abascal, pero Casado no se quedaba atrás: "Entregándose a los peores radicales podrá ser presidente del Gobierno, pero no podrá gobernar, y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que su tiempo sea breve". "No podrá gobernar", de eso va todo esto.

Desde los sectores reaccionarios de este país, en el que ha fallecido hace pocos días un conocido torturador franquista con las medallas puestas, se lleva adelante un plan desestabilizador en diversos frentes. Es una ofensiva total. Muchos empujan para que el gobierno caiga y no importa si la democracia y la convivencia pierden también. El riesgo de involución democrática se palpa en el ambiente y se expresa de diversas maneras. La salida reaccionaria a la crisis de régimen avanza en el bloque conservador porque, hay que repetirlo, seguimos en crisis de régimen.

La violencia política. En marzo de 1921 el diputado socialista Giacomo Matteotti denunciaba en el parlamento italiano la violencia impune de los fascistas contra líderes sindicales. Tres años después, en el parlamento, tras un histórico discurso en el que volvió a poner el foco en la violencia de la ultraderecha terminó con un "Yo ya he hecho mi discurso. Ahora os toca a vosotros preparar el discurso fúnebre para mi entierro". Pocos días después, fue secuestrado y asesinado.

La violencia política de la ultraderecha comienza a normalizarse cuando se oculta, se presenta como anecdótica o se desliga de las estrategias políticas que la motivan. Por eso es tan grave el silencio cómplice de tantos medios ante la escalada de agresiones. Tras la manifestación convocada por VOX el 23 de mayo (en la que se profirieron insultos y ataques contra viandantes y periodistas) un sindicalista en Málaga sufrió una brutal agresión y una casa en Granada fue allanada por otra banda fascista para retirar del balcón una bandera republicana y, de paso, dar una paliza al músico Javier Cuesta. Los delitos de odio están aumentando exponencialmente en España (ataques a "rojos", homosexuales e inmigrantes, pintadas en sedes de partidos políticos, acoso en las calles a diputados de izquierda, etc.) y parece que solo merecen la sección de sucesos. Hay un despliegue de violencia guarimbera bajo insignias nazis y franquistas. Es el sincretismo de esta ultraderecha española globalizada.

En Alemania ya es un problema grave el terrorismo de ultraderecha y el gobierno ha emprendido un plan para "reeducar" al ejército por la proliferación de neonazis en su seno. Que en España tenemos un problema con determinados grupos en el seno de las fuerzas de seguridad del Estado es un secreto a voces, otro tabú de nuestra democracia.

Los bulos y la crispación política. Además de arengas golpistas por dirigentes políticos y de manifestaciones no autorizadas con consignas y símbolos exaltadores de la violencia, a lo largo del confinamiento han abundado los bulos y hostigamientos en redes sociales. Al respecto, la Policía Nacional alertó de una vasta infraestructura digital con más de un millón y medio de cuentas digitales destinadas a la intoxicación informativa. Tarea a la que se dedican medios como OkDiario, cuyos voceros acuden a programas televisivos de gran audiencia. Esta intoxicación constante está dañando la convivencia. Alienta actitudes discriminatorias, genera odio y se sirve de la frustración para promover posturas antidemocráticas. Lo de siempre por parte de los de siempre en tiempos de crisis, pero ahora en con el poder de las redes sociales. El propio secretario general de las Naciones Unidas alarmó sobre esta estrategia desestabilizadora a lomos de la extensión de la pandemia.

La normalización de discursos antidemocráticos. La proclama de odio en boca de un cabeza rapada es fácil de filtrar por cualquier ciudadano de a pie. Pero qué pasa cuando este discurso se cuela en la gran pantalla por boca de personas ante las que no se tienen tantas precauciones. Telediario del mediodía en Canal Sur, ente público andaluz, en el que una periodista, Mariló Montero, entrevista a un policía (militante de VOX denunciado por difundir bulos), para dar pábulo a una serie de mentiras sobre la persecución política del gobierno contra la oposición. Desde otro programa de máxima audiencia, Ana Rosa Quintana (quien ya dijo hace tiempo que los de VOX no son franquistas ni fascistas y que a quien sí hay que temer es a los comunistas) dispensa una entrevista-masaje a Abascal y sentencia que "las protestas (del distrito de Salamanca en las que sacaron a pasear la enseña franquista) son de gente mayor pacífica" no como los "antisistema, radicales, violentos". (Esta presentadora sigue en antena después de emitir un vídeo falso sobre Irene Montero en la manifestación del 8M). Este blanqueamiento del fascismo también lo vimos en Espejo Público en una, famosa por demencial, entrevista de Susana Griso a Abascal. Estos son solo algunos ejemplos de los tantos que diariamente suceden en medios de comunicación de masas cuando se expresa equidistancia ("los extremos se tocan", "todos son iguales"), se ocultan realidades (¿abrió alguna tertulia, telediario o periódico respetable el allanamiento a la casa de Javier Cuesta?) o se endulzan y justifican discursos antidemocráticos.

La negación del debate político en el parlamento, el aznarismo. El Congreso de los diputados es una caja de resonancia que emite sus ondas a todo el país. Sus debates y estados de ánimo propician la tolerancia o, por el contrario, el odio y la crispación social. Por eso resulta tan inquietante el tono y el mensaje de las dos principales fuerzas de la oposición en el Congreso. Están tirando al monte a sus propios electores, algo fácil en VOX pero más inaudito en el PP. La portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, dice en sede parlamentaria el 27 de mayo a Pablo Iglesias "usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político" y en esa misma sesión el diputado Egea (PP) sugiere la insubordinación de la Guardia Civil ante decisiones "injustas", es decir, decisiones que no le gusten del gobierno. Semanas antes la diputada de VOX, Macarena Olona, aseveraba que Pedro Sánchez "aplica la eutanasia por la vía de los hechos" en relación a las muertes por covid-19. No serían muertes por enfermedad sino por voluntad del presidente del gobierno. Se renuncia al debate, al simple intercambio de ideas opuestas, a la mera racionalidad en la argumentación. Con el dolor e incertidumbre instalados en una sociedad exhausta por la pandemia, los mensajes que llegan del Congreso por parte de la oposición son de odio y están privados de cualquier sentido crítico o racional. Alentar las bajas pasiones al precio que sea. Aunque sea la convivencia democrática.

La guerra judicial o lawfare. A los pocos días del pleno de investidura, el reputado jurista, Joaquín Urías, advertía en una entrevista de que "La inmensa mayoría de los jueces son ultraderechistas" y de que "Está empezando una fase de guerra judicial". No fue el único que avistó la piratería contra el gobierno al poco de zarpar. Anteriormente a dicho pleno, Enric Juliana publicaba un artículo bajo el título "Barricada en los tribunales" en el que se apuntaba a la judicialización de la política por parte de la oposición para empantanar al gobierno. La lawfare juega un papel decisivo en los procesos desestabilizadores contra gobiernos progresistas en América Latina, no en vano, puso en el gobierno a Bolsonaro y asoma la patita en España, un país en el que ya se ha judicializado el conflicto político en Cataluña y sobre cuyos tribunales pesan rectificaciones del Tribunal de Justicia de la UE. Al respecto, saltan las alarmas con la investigación de la jueza Carmen Rodríguez Medel buscando responsabilidad del gobierno en la expansión del covid-19 por la celebración de la manifestación del 8M. Como suena: la hipótesis que se pretende validar es que el gobierno es responsable de la expansión de la pandemia en Madrid por permitir la manifestación del 8M. Para ello se recurre a un atestado policial con manipulaciones de declaraciones de testigos, entre otras intoxicaciones. Marlaska cesa al jefe de la Guardia Civil en Madrid, Pérez de los Cobos, pero no lo atribuye a dicha operación propia de lawfare. Se haya prestado dicho alto mando de la benemérita a la misma o no lo haya hecho, la luz de emergencia se ha encendido. Sabemos lo que son las cloacas del Estado y sus complejas ramificaciones en los aparatos del Estado, medios de comunicación y consejos de administración de grandes empresas. Si quieren, pueden. Por eso, espero que Antonio Maíllo se equivoque cuando prevenía en un tweet "Etapa de neogolpismo: intentarán juzgar y encarcelar a Pablo Iglesias, porque ya están pensando en el relato sobre el gobierno. Al tiempo".