Que la vacuna contra la COVID-19 sea un bien público global habla de los objetivos que nos marcamos en la UE, acordes con nuestros valores. La vacuna debe ser accesible a todas las personas, independientemente del lugar en el que hayan nacido, y las instituciones deben derribar barreras para hacerlo efectivo.

Europa sufre ya retrasos en los planes de vacunación, como consecuencia de la insuficiente capacidad de fabricación de vacunas por los laboratorios que se habían comprometido a ello mediante contrato y previo pago. Más aún, la inversión pública de la UE no sólo garantizaba su suministro a tiempo, sino que asumía el riesgo cubriendo los gastos de investigación e incentivaba el desarrollo de nuevas vacunas. Por ello, el mérito de la inmensa cooperación científica mundial que ha fructificado en las vacunas no es un mérito privado. Debe ser un bien público.

El caso de AstraZeneca, beneficiaria de 336 millones de euros de adelanto de la UE para impulsar su investigación, ha evidenciado otra barrera: que la compañía pueda estar derivando la producción comprometida hacia países que pagan más por la vacuna.

La salud es un campo en el cual nos ponemos de acuerdo para excluir ciertas reglas de mercado. Los Estados, por ejemplo, pueden someter la propiedad privada a objetivos de salud pública. Si se incumplen los acuerdos y se fomenta la rivalidad en el consumo de un recurso limitado para que gane el más rico, entonces, tenemos que hacer algo para evitar la tragedia.

La tragedia moral es que el único método conocido para prevenir la muerte por coronavirus no está siendo producido al máximo nivel del que somos capaces en el mundo, porque de la escasez, viene el negocio. No viene de la protección de la innovación, cuyo beneficio por la exclusividad inicial incentivaría la investigación. La pandemia ha cambiado el mundo y el paradigma debe ser otro, al menos temporalmente, mientras inmunizamos a un porcentaje suficiente de la población mundial para romper la cadena de transmisión.

La tragedia humana es que ya han fallecido dos millones de personas en todo el mundo, la mitad de ellos en sólo 3 meses. El virus se expande más rápido que nuestro despliegue de vacunas. Tiene nuevas cepas, pero nosotros no aprovechamos todos los laboratorios en el mundo que podríamos movilizar. La vacunación en 2021 es una carrera contrarreloj en Europa, pero, ¿cuál es la esperanza para las personas que viven en países en desarrollo que no recibirán la vacuna hasta entrado el 2022?

Los países más ricos, 13% de la población mundial, han acaparado las vacunas mediante contratos bilaterales. Esto provocó ineficiencias en el Mecanismo COVAX de la OMS para un acceso universal. COVAX pretende garantizar 2.000 millones de dosis para finales de 2021, sin embargo, tener dinero no le asegura que tenga dosis que comprar, si ya están asignadas a quien paga más.

La falta de suministros y el retraso creará una nueva brecha entre los países que accedan a las vacunas por esta vía y los que lo hagan directamente con las farmacéuticas. De este modo, seremos menos eficaces y enfrentaremos problemas como la evolución de nuevas cepas. El retraso en la vacunación global es un problema común. Necesitamos una política mundial de vacunación liderada por la UE, como el mayor cooperante del mundo, y coordinada desde los organismos multilaterales.

La semana pasada hemos constatado que Astrazeneca no era capaz de fabricar el número de dosis comprometidas y que, acorde al contrato publicado, la Comisión y los Estados miembros pueden presentar laboratorios fabricantes (CMOs, en inglés) para manufacturar dosis que aumenten la capacidad de fabricación disponible. La UE puede impulsar contratos entre los laboratorios desarrolladores y los fabricantes, es decir, debe usar su poder para que las farmacéuticas subcontraten su producción.

Para reducir la barrera de la escasez y los retrasos, la UE y todos los países podrían impulsar acuerdos entre laboratorios y fabricantes genéricos en países en desarrollo para elevar la capacidad mundial de fabricación y reducir el retraso en la vacunación. Para superar la complejidad de este proceso, necesitamos inversión urgente de gobiernos y organismos multilaterales, pues hasta ahora hemos prestado toda la atención al desarrollo de vacunas y necesitamos esforzarnos en la fabricación mundial. La transferencia de tecnología condicionará la velocidad con la que se haga posible.

Entre las opciones para compartir el conocimiento estaría la exención temporal de derechos de propiedad intelectual, como la solicitada por India y Sudáfrica en el Consejo ADPIC (TRIPS, en inglés), la flexibilización de obligaciones bajo la Declaración de Doha o las licencias obligatorias. El próximo 10 de marzo habrá un debate decisivo sobre evitar barreras al acceso a vacunas, en la OMC.

Países como Australia, Canadá, Chile y México buscan favorecer consensos y han presentado una batería de preguntas dirigidas a identificar las barreras que la propiedad intelectual pueda suponer al acceso de este bien global. Desde el Parlamento Europeo hemos exigido a la Comisión Europea conocer qué papel jugará la UE como actor global para acercar posiciones y liderar este debate.

La propia Comisión estaría elaborando un mecanismo propio para la donación y reventa a precios de coste de vacunas a países terceros, conjuntamente con los Estados Miembros, entre ellos España, que lidera dando ejemplo con su "Plan de Acceso Universal". Todos, instituciones y Estados sabemos que no estaremos a salvo en Europa hasta que hayamos vencido el virus en todo el mundo.