Corren tiempos intempestivos de crisis donde el Régimen reacciona, desde las cloacas, desde la arbitrariedad parcial de los tribunales de Justicia, desde las instituciones y desde el monopolio legal y sesgado de la violencia, contra la sociedad.

La ley deja de ser el garante de la igualdad y la libertad. Mientras se encarcela a Pablo Hasel, se libera a Villarejo o a Cifuentes, se reprime a la población usando y abusando de la Ley Mordaza, y se deja impune al evasor, evadido y corrupto, rey demérito, con el bloqueo parlamentario, de PP, PSOE, Cs y VOX a su investigación y la complicidad de Hacienda.

La involución democrática, que apela a la Constitución del 78 al tiempo que la maneja a su antojo, llega también a los parlamentos. Parece mentira que, por una bolsa de dinero de un grupo parlamentario, una fuerza que quiso ser del cambio, al asumir su condición de muleta de la izquierda del Régimen, acepte aberraciones como el Pacto Antitransfugismo. Violentando la propia Constitución se quiebra el vínculo de los representantes públicos con la sociedad, consolidándose la partitocracia donde los partidos centralizan todas las decisiones y rompiéndose la lógica de que un escaño es un voto. Con ese pacto los parlamentarios no deben obedecer el programa con el que fueron votados, sino seguir las órdenes de las direcciones de los partidos políticos, aun cuando estos abandonen los principios políticos con los que se presentaron.

Se profundiza la erosión del Estado de Derecho. La lógica de Montesquieu de contrapoderes se disuelve. Le sustituye otra, la de Humpty Dumpty, el personaje imaginado por Lewis Carroll en Alicia a través del espejo, que, subido a su muro, torcía el significado de las palabras, mirando por encima a la muchacha, y que le respondía a sus quejas por las tergiversaciones: "La cuestión está en saber quién manda aquí. Eso es todo". Lo importante, para algunos, es llegar primero arriba del muro, donde puede interpretarse al gusto la palabra escrita, y desde allí sentar cátedra con altavoz mediático.

A lo que asistimos es a una nueva transición política, fruto de la reacción del Régimen, en la que el nuevo eje político se ha modificado. Si antes eran socialiberales y conservadores, ahora el tándem viene a estar compuesto por extremo centro y derecha extrema. En esa operación, las viejas fuerzas de izquierda se han adherido a una de las partes de ese eje. Con esto, las preguntas las formula una parte del eje, y el otro gestiona, de momento, las respuestas. Este tránsito acompaña o prepara el abandono de los aspectos democráticos e inclusivos, incómodos para el poder económico y político, mutando hacia un claro neoliberalismo autoritario de Estado.

El asalto a la Cámara de Cuentas de Andalucía, un síntoma de regresión antidemocrática

El conflicto en la Cámara de Cuentas de Andalucía no es más que un síntoma de lo anterior y reúne todos sus rasgos.

Primer síntoma, el Lawfare, el abuso que consiste en ocupar posiciones de interpretación de la ley y dar una lectura arbitraria ajustada a los intereses de parte. Los consejeros propuestos por PP, C’s y VOX, impusieron un Secretario General que no es funcionario público, no domina las obligaciones de su ocupación y resulta negligente para el funcionamiento ordinario de la Cámara de Cuentas. Una y otra vez, sin informes jurídicos fundados en Derecho, avala las decisiones de la mayoría de las derechas. Alguien que debiera ser árbitro y asesor jurídico neutral, continuamente opera como paraguas de parte. Humpty Dumpty como norma y Nietzche como asesor jurídico, donde la voluntad poder, y las mayorías numéricas, hacen y deshacen por encima de la ley.

El presidente actual de la Cámara de Cuentas fue elegido para un mandato de tres años que dura hasta septiembre de 2022. Los representantes de derechas en el pleno y el Secretario, sin ningún respaldo legal o reglamentario, ni la concurrencia de ningún motivo de fin de mandato del presidente, Antonio López, han decidido bloquear el funcionamiento de la Cámara, para asaltar la presidencia. Las consejeras y el consejero de las derechas declarados en rebeldía, al ausentarse de los plenos, debieran ser revocados, así lo establece el reglamento. Quizá se saben impunes porque o bien la mayoría parlamentaria o bien algún juez amigo les puede dar amparo. Pecan de ambición, impaciencia, y mucha irresponsabilidad.

Segundo síntoma, una concepción patrimonialista y particular de los poderes públicos. Las derechas quieren para sí el aparato del Estado, y no tienen problema de aplicar su rodillo incluso sin respetar las normas de juego. Es algo por desgracia típico en nuestra Historia: la derecha, cuando no ostenta el poder, intenta arrebatarlo cueste lo que cueste, caiga quien caiga.

Tercer síntoma, apagón y propaganda. Las consejeras y el consejero de derechas quieren mandar, pero no han demostrado capacidad de diálogo, consenso, dirección y liderazgo. Es más, parece que su propósito no es otro que paralizar el trabajo de fiscalización y control de las cuentas y políticas públicas, esconder los aspectos problemáticos de la acción de la Junta, y, si acaso, dar brillo y esplendor a la propaganda de la gestión las derechas. La Cámara de Cuentas no puede ser un órgano de propaganda, pero ese es el grave riesgo que corremos.

Cuarto síntoma, ni ética ni estética: ausencia de contrapoderes y profundización del déficit democrático. A nuestro juicio, no parece sano democráticamente, y es, desde luego, bastante feo, que un órgano de extracción parlamentaria que ha de evaluar las cuentas públicas, como por ejemplo la Cuenta General, esté presidido por alguien alineado con el mismo gobierno. Ya lo hizo el PSOE, ahora quieren hacerlo las derechas. Creemos que quien debe presidir el órgano no debe ser alguien a propuesta de las fuerzas que gobiernan, por salud democrática. El controlador no debe estar sometido al controlado.

Quinto síntoma, erosión de la credibilidad de los servicios públicos para privatizarlos. Debido al bloqueo de las derechas, no se puede aprobar el nuevo plan de actuaciones ni la memoria del año anterior. Qué coincidencia que estemos tratando el difícil año de 2020, donde no poco gasto público ha tenido aplicación bajo fórmulas urgentes y extraordinarias, sin control, y en el que están proyectados informes de auditoría que pondrán la lupa en las actuaciones relacionadas con la COVID-19. Qué inmensa casualidad que la Junta, mientras apaga las luces en la Cámara de Cuentas, realiza auditorías con entidades privadas para fiscalizar las entidades instrumentales del sector público andaluz. No olvidemos que la que puede ser nueva presidenta conducirá el informe de la Cuenta General, ¿no quedará raro que alguien que quiere dejar bien la gestión del gobierno sea la que escrute sus cuentas?

Sexto síntoma, situar a miembros sin cualificación suficiente y adecuada, y sin criterio independiente al frente de los organismos públicos. Está pasando algo semejante en la Cámara de Cuentas como con el consejo de la RTVE, Canal Sur o el Consejo General del Poder Judicial.

En suma, cabría hablar de crisis institucional. Ahora, creemos que se trata más bien de la expresión de una reacción de las fuerzas políticas conservadoras que consideran que incluso las normas de juego de las que se dotaron como marco han dejado de servirles. Esto creemos que puede suponer un giro involucionista y autoritario que, en el caso de la Cámara de Cuentas, se puede traducir en opacidad, propaganda y uso partidista de los órganos de fiscalización de gasto público, incluso cuando estos debieran ser independientes y un contrapeso a la gestión de gobierno.

El peligro no es menor. Este tipo de hechos allana el camino a una gestión autoritaria, en la que no habrá contrapesos democráticos. Nos preguntamos, ¿qué pasará si el día de mañana hay un gobierno PP-VOX que decida eliminar o vaciar de sustancia el Instituto Andaluz de la Mujer o la propia autonomía de Andalucía? ¿quién va a velar por unas políticas públicas transparentes y libres de corrupción?

Si no ponemos freno a este asalto lo pagaremos caro. Nosotros no lo permitiremos