Ahora que la pandemia no permite desplazarnos como querríamos y que las restricciones y medidas para proteger la salud son prioritarias y forman parte de nuestro día a día, no solo en nuestro trabajo o en el ámbito de nuestra vida cotidiana, sino también en las infraestructuras y medios de transporte, es un buen momento para detenernos a pensar cómo queremos que sea la movilidad en los próximos años.

Nada es igual que hace un año, cuando la Covid-19 provocó una reducción sin precedentes de la movilidad en nuestro país y en todos los países de Europa y del mundo, poniéndose en marcha medidas para responder al impacto del virus en el sector de la movilidad.

La Covid-19 ha impulsado un debate que ya había iniciado el Gobierno de Pedro Sánchez en julio de 2018, pero que llevaba mucho pendiente en nuestro país. Una década en la que nada se hizo para diseñar ese futuro sostenible e integrador que deben tener todas las políticas e inversiones públicas. La lucha contra el virus ha obligado a acelerar todos los cambios que teníamos previstos y pensar cómo nos desplazamos y en qué medios, como son nuestros transportes y qué necesidades tienen nuestras infraestructuras para avanzar en ese futuro que será sostenible o no será.

Un futuro marcado por los retos globales y por la necesaria transición ecológica de nuestra economía para garantizar un progreso seguro, y en el que la movilidad jugará también un papel clave en la cohesión y la vertebración social y territorial.

Retos como la descarbonización, la respuesta al cambio climático, el avance de las nuevas tecnologías y desafíos como la superpoblación de las grandes ciudades y la despoblación de las zonas rurales nos obligan a repensar de forma colectiva las prioridades como país, pero sobre todo como sociedad. Necesidades que han hecho que el Gobierno de España priorice aquellas inversiones que optimicen su uso y supongan un mayor beneficio social, como lo son, por ejemplo, el adecuado mantenimiento y conservación de las infraestructuras, la apuesta por la digitalización y el transporte de cercanías.

La Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, en la que está trabajando el Ministerio de Transportes, Movilidad Sostenible y Agenda Urbana, pretende reordenar prioridades y diseñar el futuro acorde con las necesidades de nuestros tiempos, pero también del conocimiento que tenemos de cómo debemos avanzar en los próximos años.

La movilidad entendida como un derecho, pero también como un elemento de cohesión social y de crecimiento y desarrollo económico y social, por lo que debemos dar soluciones desde lo local hasta lo global. Y para su impulso, va a ser clave la gestión de los Fondos Europeos.

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere que, en el ámbito de la movilidad y la agenda urbana, los ayuntamientos tengan un papel protagonista, con el objetivo de acelerar zonas de bajas emisiones, impulsar el transporte ferroviario, poner en valor la cadena de movilidad e impulsar el transporte urbano sostenible. Van a ser, y así debemos entenderlos, una palanca más para llevar a cabo la estrategia de movilidad, que es decisiva para dibujar un futuro donde la reconstrucción y la recuperación económica y social no solo sean una salida de la crisis, sino también una oportunidad de país para avanzar en ese futuro sostenible que queremos.